Hambre en Colombia, entre la realidad y la contienda electoral

Para el director del Observatorio Hambre Cero de la Universidad Externado, el rechazo del Gobierno al informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria responde a intereses políticos, además explica los retos de la seguridad alimentaria en medio de la reactivación económica.

Tras el rechazo del Gobierno a la alerta de seguridad alimentaria que dio el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Óscar Alfonso, director del Observatorio Hambre Cero de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, afirma que la negativa está fundada en cálculos políticos de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En el informe, que fue rectificado por la propia FAO, se expuso a Colombia como uno de los «puntos críticos de hambre», ubicándola junto con Haití y Honduras. Sin embargo, pese a las imprecisiones del documento, el país sí atraviesa una crisis alimentaria. Según el DANE, para diciembre de 2021, el 30.1% de los hogares colombianos consumían en promedio tan solo 2 comidas o menos en el día; cifra que también respalda la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Industriales, que muestran que el 54.2 % de los hogares de presenta inseguridad alimentaria.

¿Considera que el rechazo por parte del gobierno al documento de la FAO es acertado?

En la rueda de prensa presidida por la Canciller se ratificó que al gobierno le interesa su imagen externa que anda maltrecha, y esto no es conveniente, menos en un año electoral. Si en verdad les preocupara el riesgo de desabastecimiento alimentario, deberían haber cumplido el mandato de la ley 1990 de 2019 que exigió que el 2 de febrero 2020 Colombia contase con una política para contener la pérdida y el desperdicio de alimentos, por ejemplo. Pero omitió hacerlo, como también ha omitido implementar la ley sobre etiquetado y la imposición de gravámenes a las bebidas azucaradas entre las intervenciones más acuciantes.

¿Colombia tiene políticas públicas eficientes relacionadas a la prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos?

No las tiene. La ley 1990 de 2019 ordena al gobierno la formulación de la política sobre pérdida y desperdicio de alimentos, al DANE la realización de un operativo específico para su medición y a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional la difusión de los resultados. Dos años después, nada de nada. Miremos el ejemplo de Alemania cuyo ministro de Agricultura anunció que su política enfilará baterías contra la “comida barata”, lo que significa, entre otras cosas, que los pequeños y medianos cultivadores de agroalimentos tendrán precios remuneratorios garantizados. Pensemos en políticas como esta, por ejemplo, para los 80.000 campesinos papicultores que según Fedepapa siembran en menos de una hectárea y que en la coyuntura reciente los precios que pagaban los intermediarios no les permitía recuperar sino una quinta parte de sus costos.

¿Cree que el documento de la FAO tiene perspectivas reales sobre la inseguridad alimentaria en Colombia?

Estoy convencido de ello. Además de los trapos rojos en las ventanas que afloraron durante las cuarentenas en las viviendas de los hogares que padecían hambre, hay informes de agencias multilaterales de crédito y de organizaciones no gubernamentales que velan por el derecho humano al alimento que ya advertían sobre ese riesgo.

Según la OIT, Colombia es uno de los países donde la formalización se desaceleró, además las afectaciones en el suministro de alimentos durante la pandemia afectaron especialmente a los trabajadores informales alrededor del mundo. Con este panorama ¿qué medidas de reactivación económica considera pertinentes en el país para que los trabajadores no se sigan enfrentando a disyuntiva entre salud y hambre?

Se han sugerido y adoptado muchas medidas desde las perspectivas convencionales de la economía. Comparto algunas de ellas, pero son inexcusables ciertos silencios y olvidos. Mire como las recomendaciones de la Misión de Empleo no dicen nada de la economía geográfica de Colombia, por ejemplo. Las causas del desempleo de escala metropolitana, tal como intenta medirlo el DANE, tienen una dimensión espacial, al igual que la malnutrición, el hambre y las enfermedades originadas en el desbalance nutricional. Entonces, la reactivación de la economía nacional pasa sin lugar a duda por la reactivación de la economía local del 40% de los municipios colombianos que atraviesan por una situación de declive poblacional desde hace al menos 35 años y del 20% que desde el 2005 sobre los que hay evidencias de haber entrado en esa situación.

Según una publicación del Banco de la República, a raíz de los cambios en el mercado laboral por efectos de Covid-19, las desigualdades regresaron a los valores de inicios de la década de 2010. ¿Cómo cree usted que esto afectó a la seguridad alimentaria en las poblaciones vulnerables?

Hay diferentes grados de resiliencia de acuerdo con las oportunidades que tengan las personas. Las más vulnerables son las que, por más esfuerzos y sacrificios que realicen, no gozan de las mismas oportunidades que otras. Ante la escalada de precios de los agroalimentos y la caída abrupta de sus ingresos, la ingesta de pseudoalimentos barata acompañada de alguna bebida azucarada se convirtió en la alternativa para paliar el hambre.

Sin embargo, algunos indicadores muestran una incipiente mejoría en la desigualdad por la recuperación de la actividad económica ¿Cuáles son sus perspectivas respecto a la seguridad alimentaria en el marco de la reactivación?

De una parte, creo que se está cumpliendo la ley que -en los términos del médico Carlos Jaramillo de la RedPapaz- señala que: “toda oferta pseudoalimentaria genera su propia demanda farmacéutica y hospitalaria”. De la otra, que la reactivación per se no es la solución al problema del desabastecimiento alimentario y del hambre y la obesidad que padecen millones de residentes en Colombia.

Aunque en el 2016 se firmó el acuerdo de paz, según Human Right Watch, en el 2021 se observó un aumento de abusos por parte de grupos armados. ¿Cómo afecta el conflicto a la hambruna en el país?

Hay una realimentación positiva entre ambos fenómenos; es decir, que a medida que se acentúa la violencia armada también lo hace la hambruma, y cuando esta última aumenta también se incrementa la violencia. Hay causalidad circular, pero ella se circunscribe al entorno en donde reside la población más vulnerable, con menores oportunidad y, por tanto, menos resiliente.

Entrevista por Mabel Jiménez, auxiliar de investigación de la Facultad de Economía