Webinar: Retos y oportunidades de la agenda pública en Colombia desde una perspectiva internacional

En el marco de la Red Latinoamericana de Servicios Públicos y Regulación liderada por la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Católica del Perú con el apoyo del Grupo Energía Bogotá GEB, se realizó el webinar: Retos y oportunidades de la agenda pública en Colombia desde una perspectiva internacional.

Durante este encuentro virtual se planteó la necesidad de revisar la política pública del sector energético en un momento particularmente relevante para la democracia y la economía del país. En el contexto internacional, los commodities se han convertido en herramientas geopolíticas, por lo que la dependencia energética puede traducirse en una vulnerabilidad política para los países. Actualmente se observa una reconfiguración del mapa energético global.

En el caso colombiano, según señaló Sergio Cabrales, la matriz de generación energética ha estado dominada durante los últimos 25 años por la energía hidráulica, seguida por los combustibles fósiles. Aunque esta estructura se mantiene, fuentes como la energía solar y la biomasa han comenzado a ganar mayor participación. En la actualidad, cerca del 70 % de la generación energética en Colombia proviene de fuentes renovables; sin embargo, se proyecta un posible desbalance en la energía firme a partir de 2028. Uno de los principales retos se relaciona con la demanda en horas pico —entre las 7 y las 9 de la noche— cuando la generación solar no puede suplir completamente las necesidades del sistema. A esto se suman limitaciones en la transmisión de energía. A pesar de ello, Colombia presenta una intensidad de emisiones de CO₂ por unidad de energía inferior a la del promedio mundial, debido a su alta participación hidroeléctrica, lo que permite afirmar que el país genera energía relativamente limpia. No obstante, esta misma característica genera vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos como sequías o el fenómeno de El Niño. En paralelo, la producción nacional de gas natural ha venido disminuyendo: en enero, cerca del 21 % del gas consumido en el país fue importado, lo que incrementa la exposición a la volatilidad de los precios internacionales.

En relación con la transición energética, Mar Rubio Varas indicó que esta se impulsa principalmente por la necesidad de evitar los efectos del cambio climático, lo que conllevará una reconfiguración de la renta, la infraestructura energética y, en consecuencia, una renegociación entre el Estado, las empresas y las(os) ciudadanas(os). Los eventos geopolíticos también están acelerando estos procesos de cambio. Históricamente, los países que adoptan primero una tecnología tienden a mantenerla por más tiempo —como el caso de Estados Unidos con el petróleo—, mientras que los países rezagados pueden “saltar etapas” tecnológicas. Así mismo, se observa una creciente tendencia hacia el autoconsumo energético, en la que los usuarios, en lugar de depender exclusivamente de la red eléctrica, generan parte de su propia energía. Sin embargo, la transición energética genera presiones tarifarias: durante los procesos de cambio tecnológico suelen presentarse distorsiones de precios que afectan especialmente a las tecnologías que están saliendo del sistema, acelerando su reemplazo. En este contexto, los países que han gestionado con mayor éxito la transición energética son aquellos que han establecido una clara separación entre la planificación, la regulación y la operación del sistema. De lo contrario, existe el riesgo de que el operador capture al regulador y termine priorizando sus propios intereses. Asimismo, en las transiciones estables el Estado suele garantizar la sostenibilidad de los precios en el largo plazo. A esto se suma que, en los países en desarrollo, los costos de capital para financiar la transición energética suelen ser más altos; sin embargo, no realizar la transición suele resultar aún más costoso.

Por su parte, Monserrat López Jerez destacó, desde una perspectiva comparada, que la situación de Colombia no es única y comparte características con la de otros países emergentes, especialmente en lo relacionado con la creación de infraestructura, el acceso a la energía y su distribución. Si bien se enfatizó que la energía es una necesidad universal, cuando las políticas públicas no logran garantizar su provisión adecuada, las personas suelen recurrir a soluciones de corto plazo que, aunque resuelven necesidades inmediatas, generan problemas en el mediano y largo plazo, como contaminación y riesgos para la salud. Aunque para 2023 el 98,7 % de la población colombiana tenía acceso a electricidad según datos del Banco Mundial, el promedio nacional oculta profundas desigualdades territoriales, particularmente entre áreas urbanas y rurales. Estas brechas también se reflejan en otros indicadores, como la educación o la pobreza multidimensional. En muchas zonas rurales, el acceso a la energía es limitado o depende de soluciones precarias, como generadores diésel. Sin embargo, se observa que países como Vietnam han logrado mayores niveles de acceso energético en áreas rurales en comparación con Colombia. En este sentido, se evidencia que la transición energética no es solo un desafío ambiental, sino también social y económico; además, en las comunidades rurales la diferencia entre producción y consumo de energía suele ser menos marcada.

En la sección de preguntas se enfatizó que la política energética en Colombia debería concentrarse en garantizar la firmeza y confiabilidad del sistema, así como en diversificar las fuentes de energía y fortalecer la generación local para facilitar el acceso. Asimismo, se advirtió que uno de los principales riesgos que no deben subestimarse es el riesgo institucional: las instituciones encargadas de la política energética deben ser sólidas, organizadas, planificadas, independientes y libres de captura. Sumado a esto, se señaló que el gas natural podría convertirse en un problema en el corto plazo debido a la alta demanda, especialmente si se materializa el fenómeno de El Niño, cuya probabilidad hacia finales de año se estima cercana al 60 %. En este sentido, resulta necesario aumentar la capacidad de generación con oferta firme, mantener una vigilancia sobre los precios para evitar retrocesos hacia fuentes altamente contaminantes como el carbón, e incentivar una mayor competencia en el mercado con el fin de lograr precios más eficientes y una mayor oferta energética.