El Impuesto al Patrimonio a las Instituciones de Educación Superior (IES) ¿Gravamen a la Riqueza o Confiscación al Saber?
Las recientes interpretaciones normativas derivadas del Decreto 0173 han encendido las alarmas en el sector educativo. Como profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, considero imperativo analizar el impacto que tendría la aplicación del Impuesto al Patrimonio sobre las Instituciones de Educación Superior (IES). No estamos ante un simple ajuste contable, sino ante una amenaza a la sostenibilidad financiera y la misión académica de nuestra casa de estudios.
Por: David Cohen Rosales Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia
Históricamente, las fundaciones universitarias han operado bajo el Régimen Tributario Especial (RTE), reconociendo que su patrimonio no es un acumulado de riqueza especulativa, sino la base material de una función social. Gravar estos activos supone un escenario de descapitalización sin precedentes bajo tres aristas críticas:
- Descapitalización del conocimiento
A diferencia de las entidades comerciales, el patrimonio de la Universidad Externado —incluyendo sus participaciones estratégicas— no persigue el lucro. Como reza el principio institucional: somos entidades sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Extraer recursos de estos activos equivale a drenar la modernización de infraestructura y los proyectos de investigación de largo aliento que sostienen el prestigio nacional.
- Riesgo a la estabilidad académica
Este gravamen genera una presión financiera que afecta con mayor severidad a la universidad privada frente a otros sectores. Al reducirse el flujo de caja operativo para cubrir el tributo, se comprometen los fondos destinados al escalafón docente, la capacitación doctoral y los incentivos a la producción científica. La excelencia académica no es gratuita; requiere una base patrimonial sólida que la respalde.
- El «Gravamen a la Solidaridad»
El Externado se ha distinguido por su modelo de inclusión. De consolidarse este impuesto, actuaría en la práctica como un tributo a la solidaridad, pues devoraría los excedentes y dividendos que tradicionalmente se reinvierten en el fondo de becas, dificultando que el talento joven acceda a nuestras aulas por barreras económicas.
Mi conclusión:
«Gravar el patrimonio de las universidades es, en la práctica, gravar el futuro del país. La educación superior debe ser protegida como un bien público social y no bajo la lógica del capital especulativo».
A pesar de este panorama, mantengo un optimismo fundado en nuestra historia. El Externado ha superado retos monumentales en sus 140 años de existencia, y esta no será la excepción. Es el momento de rodear a nuestras directivas y actuar en unidad con el sector educativo nacional para sensibilizar al legislador. Debemos evitar que se consolide lo que se siente como una confiscación al saber.
Nuestra historia nos enseña que la perseverancia es nuestra mayor virtud. Sigamos trabajando con la certeza de que la razón y la justicia prevalecerán para proteger nuestro proyecto educativo. Después de la tormenta, siempre llega la calma.
