Docentes investigadores de la Facultad de Economía aportan al análisis de la Ley de Competencias
La más reciente edición de la revista Economía Colombiana de la Contraloría General de la República contó con la participación de Óscar Alfonso, Jorge Iván González e Isidro Hernández. Sus contribuciones se centraron en el análisis crítico y propositivo del Acto Legislativo 03 de 2024, que plantea una reforma estructural al Sistema General de Participaciones (SGP) y redefine el horizonte de la descentralización fiscal en Colombia.
El debate sobre las competencias territoriales y los desafíos en la distribución de los recursos públicos ha ganado relevancia ante los cambios propuestos por este proyecto de ley radicado el pasado 20 de julio por el gobierno nacional. Desde la Facultad de Economía, el decano Juan Pablo Herrera subrayó la importancia de generar una discusión amplia y rigurosa sobre los alcances de esta reforma.
Indicó que en 1960 Bogotá representaba el 15 % del PIB nacional pero para 2023, esta cifra ascendió a cerca del 26 %. Hoy, de cada 100 pesos recaudados en Colombia, 80 son recursos del Gobierno Nacional Central (GNC), 16 van a los municipios y solo 4 a los departamentos. Una distribución que refleja profundas desigualdades.
“Nuestros municipios enfrentan enormes dificultades sociales: altos niveles de pobreza, población con necesidades básicas insatisfechas y dinámicas geográficas y socioeconómicas que exigen un enfoque diferenciado. Celebro que desde la Facultad estemos impulsando una reflexión crítica sobre lo que debe ser la Ley de Competencias. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de abrir este debate y la academia, particularmente desde la economía, debe contribuir a entender de manera distinta el presupuesto general y el significado del SGP”, dijo.
Aportes de los docentes investigadores
Óscar Alfonso, docente e investigador de la Facultad, centró su análisis en la necesidad de crear herramientas más precisas para medir las brechas territoriales y comprender mejor la dinámica de gasto público en los territorios. Propone un índice alternativo de desarrollo humano (IDH.A) a partir de cambios metodológicos que permitan incorporar las realizaciones en cada dominio.
“La descentralización ha enfrentado múltiples obstáculos, muchos de ellos asociados a la ineficiencia en la asignación y uso de recursos. Mi propuesta parte de un ejercicio de medición de tendencias centrales del gasto, al que se suman valores estimativos de gasto per cápita ajustado territorialmente. Esta medición debe guiarse por criterios técnicos y compararse con experiencias internacionales: Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y no podemos seguir improvisando”.
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Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), analizó las tensiones entre la lógica sectorial y la geográfica en la distribución de competencias y recursos. Para el profesor González, uno de los mayores retos es evitar que la ley de competencias reproduzca viejas disputas sectoriales sin considerar las particularidades de los territorios.
“Llevamos más de 50 años intentando cerrar brechas territoriales y estas persisten. Es urgente recategorizar los municipios teniendo en cuenta un factor clave: la geografía. Además, debemos evitar que la nueva Ley de Competencias termine atrapada en una ‘guerra sectorial’ porque los municipios deben tener la autonomía para decidir si priorizan hospitales un año o educación en otro”, indicó.
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Isidro Hernández, por su parte, advirtió sobre los riesgos fiscales de una reforma que, aunque incrementa los flujos de recursos hacia los territorios, no necesariamente garantiza eficiencia ni sostenibilidad si no va acompañada de una estructura técnica adecuada.
No obstante, de acuerdo con su visión, el Acto Legislativo 03 de 2024 debe entenderse como una oportunidad para corregir errores históricos, eliminar duplicidades funcionales, fortalecer las reglas fiscales y lograr estabilidad en las finanzas públicas. Pero esto solo será posible si el GNC actúa con eficiencia en el diseño de la Ley Orgánica de Competencias, y si logra defenderla técnicamente en el Congreso.
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Con la divulgación de estos análisis, la Facultad de Economía demuestra que está jugando un papel clave en momentos cruciales para la redefinición del modelo de descentralización en nuestro país.