Blindar la democracia: el Externado propone una hoja de ruta contra la corrupción y el crimen organizado
Por:
Jonathan Castro
Nuestra Casa de Estudios, en alianza con Global Financial Integrity y el Instituto Anticorrupción, realizó el foro “Blindar la democracia: medidas anticorrupción, integridad y seguridad en procesos democráticos en Colombia”.
Durante tres jornadas académicas, expertos, periodistas y sectores público y privado se reunieron en nuestra Universidad para proponer soluciones frente al impacto del crimen organizado y el financiamiento ilícito en la estabilidad del país.
En la apertura se destacó que la corrupción es el delito financiero más relevante en América Latina, con efectos críticos en el contexto nacional. Según las cifras presentadas, este flagelo representa pérdidas de 136 billones de pesos en el sector salud y un costo equivalente al 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB). La discusión subrayó el rol de los facilitadores profesionales, quienes tienen la capacidad técnica para prevenir o perpetuar estas prácticas delictivas vinculadas al lavado de dinero.
El decano de la Facultad de Economía, Juan Pablo Herrera, subrayó la relevancia de que la academia lidere estas conversaciones, permitiendo un abordaje técnico y humano sobre la transparencia en el ejercicio del poder.
“Analizar los diferentes fenómenos de la corrupción, los orígenes, las diferentes manifestaciones que implica, pero también preguntarnos desde la academia y de la sociedad civil, qué herramientas podemos tener en consideración para poder luchar contra este flagelo”, señaló.
Iván Unigarro, director del Instituto Anticorrupción, enfatizó en la naturaleza dinámica de estas prácticas ilícitas, señalando que la corrupción evoluciona con la misma rapidez que los mercados y las condiciones de vida de nuestra sociedad.
“La corrupción evoluciona a la misma velocidad del mercado, a la misma velocidad que las condiciones en las cuales nosotros existimos. En consecuencia, nosotros tenemos que entender, estudiar y cada día ser más conscientes de cómo funciona este fenómeno y cómo podemos detenerlo”, dijo.
A esta visión se sumó Claudia Helms, directora del programa de América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity, quien propuso una mirada integral para comprender cómo el movimiento de recursos en la opacidad debilita el tejido democrático.
“En el caso de la corrupción hay recursos que se mueven en la opacidad. Entonces, es una responsabilidad colectiva, no solo del Estado, sino también del sector privado, la sociedad civil y la academia, entender, actuar y brindar diferentes ángulos para contrarrestar esta problemática”, sostuvo.
El encuentro avanzó hacia la necesidad de renovar la política pública colombiana mediante una mayor autonomía de la Secretaría de Transparencia y la profesionalización de la investigación. Entre las propuestas clave sobresalieron la creación de una ley de protección integral para denunciantes, un marco regulatorio para el cabildeo y la urgencia de establecer mecanismos de financiación política totalmente transparentes.
Desde la perspectiva institucional, la Veeduría Distrital resaltó su función preventiva mientras que delegados gubernamentales señalaron los retos de diseñar políticas sin facultades sancionatorias. No obstante, el consenso académico advirtió que cualquier norma pierde eficacia si no se acompaña de una sólida cultura de cumplimiento y de independencia en los organismos de control.
La jornada final incluyó la presentación de un reporte sobre el rol de abogados, contadores y lobistas en la contratación pública, junto a una visión crítica de la senadora Angélica Lozano sobre la coherencia en la lucha anticorrupción. Finalmente, se brindaron herramientas metodológicas para fortalecer el periodismo de investigación.
El evento no solo buscó identificar los problemas, sino proponer soluciones estructurales que protejan la integridad de los procesos electorales y aseguren una gobernabilidad que responda verdaderamente a las necesidades fundamentales de toda la ciudadanía.
