Repensar el castigo y abrir caminos hacia una justicia restaurativa desde los territorios

Nuestro Centro de Investigación en Política Criminal (CIPC) realizó la decimoséptima edición de su Congreso, un espacio académico dedicado a reflexionar sobre la transformación del castigo, las alternatividades, la justicia restaurativa y las justicias ancestrales, con especial atención a las realidades de los territorios.

Desde hace 31 años, el Centro genera conocimiento orientado a comprender y transformar las realidades sociales, defender los derechos humanos y contribuir a la formulación de políticas públicas en materia de justicia. En línea con esta trayectoria, promueve espacios de diálogo entre académicas(os), expertas(os) y comunidades que construyen y ejercen formas diversas de comprender y resolver los conflictos.

En esta edición, la reflexión giró en torno al castigo como una práctica profundamente arraigada en la experiencia humana y, al mismo tiempo, susceptible de ser cuestionada y transformada. Durante su intervención, la decana Emilssen González de Cancino planteó preguntas sobre quién tiene la potestad de castigar, quién es considerado merecedor de un castigo y bajo qué criterios se toman estas decisiones. También recordó que estas discusiones atraviesan siglos de historia y distintas representaciones de la justicia.

“Pero si he sabido leer su trabajo, sus trabajos escritos, su trabajo permanente hace que ustedes tomen una perspectiva completamente diferente y disruptiva. El castigo nos lleva a mirar las cosas con mucha desigualdad. ¿Quién tiene el poder de castigar y quién merece ser castigado? ¿Y cómo? Pues que obviamente implica una gran responsabilidad. Pero me parece que ustedes lo toman rescatando la igualdad del humano que hay en unos y en otros”, dijo la decana.

Por su parte, Marcela Gutiérrez, directora del CIPC, destacó la diversidad de perspectivas y experiencias presentes en el Congreso, así como la posibilidad de construir reflexiones compartidas sobre la responsabilidad y la ciudadanía. Asimismo, subrayó la importancia de incorporar las voces de las regiones y las comunidades para comprender cómo se vive la privación de la libertad, cuáles son sus implicaciones en los derechos humanos y qué alternativas pueden contribuir a transformar estas realidades.

Las conversaciones de este espacio académico se desarrollaron a través de paneles que abordaron diferentes dimensiones de la justicia restaurativa y su aplicación en escenarios judiciales, penitenciarios, comunitarios y territoriales. Estas discusiones permitieron examinar tanto los fundamentos que cuestionan las formas tradicionales de castigo como las experiencias que buscan responder a los conflictos mediante la reparación, la responsabilidad y la reconstrucción de los vínculos sociales.

Uno de los ejes fue la relación entre el castigo, la culpa y sus representaciones simbólicas, desde una perspectiva crítica que invitó a revisar las respuestas habituales frente a las conductas consideradas delictivas. También se analizaron experiencias restaurativas en casos de violencia sexual y en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, con atención a las particularidades de las víctimas, las personas involucradas y los contextos en los que ocurren los hechos.

Otro de los temas centrales fue el diálogo entre las prácticas comunitarias, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y el sistema judicial. Estas conversaciones permitieron poner sobre la mesa la diversidad de formas de comprender los conflictos y la importancia de reconocer las experiencias territoriales en la construcción de respuestas de justicia.

El Congreso también examinó el servicio de utilidad pública desde perspectivas interseccionales y territoriales, así como los desafíos metodológicos que implica evaluar el impacto de la justicia restaurativa en las víctimas, las comunidades y el propio sistema penal.

En conjunto, los paneles propiciaron una mirada amplia sobre las posibilidades y los retos de la justicia restaurativa: desde su fundamentación crítica hasta su puesta en práctica en distintos escenarios, pasando por la evaluación de sus resultados y su capacidad para responder a las necesidades de quienes participan en los procesos.

Repensar el castigo también implica revisar el lugar que históricamente se les ha dado a las víctimas. Reconocer su experiencia y escuchar sus necesidades no significa regresar a la venganza como respuesta, sino explorar formas de justicia que permitan comprender el daño, asumir responsabilidades y avanzar hacia la reparación. En este camino, el diálogo entre la academia, las comunidades y los territorios resulta fundamental para construir respuestas más humanas, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos.

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