“El perito debe encargarse de investigar y obtener evidencias sobre potenciales fraudes”: Camilo Alvarado

En el desarrollo del webinar: “El auditor forense como perito del crimen económico”, organizado por la Facultad de Contaduría Pública, se explicaron los pormenores de esta exigente labor.

Para el conferencista Camilo Alberto Alvarado, quien actualmente es Compliance Assurance Officer en Citibank, “un auditor forense, es aquella persona que se dedica a realizar investigaciones con un foco financiero y contable, con el objeto de obtener evidencia de la ocurrencia de un potencial fraude o errores que conlleven un impacto económico para una organización”, y agregó: “El perfil de un auditor forense es una mezcla de contador público, abogado e investigador, que se requiere para el análisis y la investigación de un posible fraude”.

Durante la charla, el experto explicó los pormenores de la función pericial.

“Si el auditor debe asumir las responsabilidades de ‘Perito’, deberá cumplir con los requisitos mínimos para realizar una presentación de un dictamen pericial y posteriormente sustentarlo”.

Funciones y características mínimas del perito:

  • Preparar el informe.
  • Sustentar el informe en juicio.
  • Ser independiente y objetivo en su trabajo y conclusiones.
  • Atender a las indagaciones que las partes (abogados de parte y juez) le realicen, respondiendo siempre con la verdad.

Dentro de la gran variedad de temas y disposiciones en las cuales puede tener participación un perito, se destacan:

  • Daño emergente.
  • Lucro cesante.
  • Costo de oportunidad.
  • Resolver cuestionarios de abogados.
  • Cuantificación.
  • Centrarse en el área de especialidad.
  • No dictamina delitos.
  • No lanza acusaciones.
  • No da juicios de valor.

Como conclusión de la charla, el conferencista insistió en que la auditoría forense dentro de los organismos de control se estableció para permitir la detección oportuna y realizar un verdadero seguimiento a novedades encontradas de un indicio o de la materialización de un delito, por parte de los funcionarios, para las acciones preventivas y correctivas.