«Estamos erosionando un futuro que no tendrá remplazo», Ángela María Buitrago sobre la violación de Derechos Humanos en Nicaragua
Por:
Angie Suárez
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua ante las Naciones Unidas - GHREN, del que hace parte la docente e investigadora externadista Ángela Buitrago, presentó un informe que pone en evidencia el ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ocurre bajo el régimen de Daniel Ortega en el país centroamericano. El Grupo insta a que el Estado nicaragüense reconozca su responsabilidad.
GHREN es un organismo independiente, pero con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha tenido la misión de investigar las presuntas violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde 2018 y está compuesto Jan-Michael Simon (Alemania), Ariela Peralta Distefano (Uruguay) y Ángela María Buitrago, abogada, magíster, investigadora y profesora de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia.
En su primer informe, depositó la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad en Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja presidencial, pero, su más reciente informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que varios agentes estatales y no estatales cometieron violaciones y abusos graves y sistemáticos contra personas opositoras al gobierno o percibidas como tales. Todo lo anterior, llevado a cabo mediante una “política discriminatoria promovida por las autoridades del Estado al más alto nivel para mantener el poder y reprimir cualquier forma de disenso”, se lee en el documento.
“A esto se le suma que hay un efecto transfronterizo que se debe mirar con mucho cuidado, porque no solo les quitaron la nacionalidad sino las prestaciones y vinculaciones que tenían en el país”, indicó Buitrago para CNN. Así las cosas, las personas que son reprimidas y expulsadas por el régimen de Ortega, son privadas de su nacionalidad y personalidad jurídica violando, incluso, el acceso a su documentación oficial y apoyo consular, así como otras violaciones que impiden la reunificación familiar y afectan ampliamente las condiciones para subsistir.
“Esto también es un efecto que va a perdurar y que hará una gran explosión en los derechos de las(os) niñas(os) porque al quitarles su identidad y el derecho a tener a sus padres, estamos erosionando un futuro que no tendrá remplazo”, agregó la experta.
¿Qué examinaron?
El Grupo examinó, en particular, las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos: estudiantes y profesores universitarios, pueblos indígenas y afrodescendientes, miembros de la iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino.
Para su elaboración, realizaron más de 600 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes de información, tanto a distancia como durante sus 8 visitas al terreno, y examinaron cientos de fuentes secundarias para corroborar y contextualizar la información recopilada. El Grupo evaluó rigurosamente estas fuentes para determinar su fiabilidad.
Las(os) expertos documentaron 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país. “Esta práctica no sólo vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de residencia, sino que deja a las víctimas en condiciones de gran vulnerabilidad, separadas de sus familias, sin acceso a redes de apoyo y recursos económicos, y sin ningún tipo de protección o apoyo por parte del país de su nacionalidad, condiciones similares a las que provoca la apatridia”, se lee en el informe.
También consideraron las garantías de derechos humanos contenidas en la Constitución, las leyes de Nicaragua y otras disposiciones nacionales pertinentes. Asimismo, consideraron el alcance y el número de violaciones individuales y el efecto agravante de la escala de estas violaciones, junto con su prevalencia, naturaleza, interrelación e impacto.
Las recomendaciones del GHREN
Como recomendaciones, el Grupo instó a que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados por el Grupo sean sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y analizados en el informe presentado hace algunos días, así como en el primero.
En ese sentido, piden a la comunidad internacional velar por que los hallazgos y conclusiones del Grupo se tengan en cuenta, en particular, en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales. Finalmente, piden reforzar la capacidad de los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses.
El informe concluye que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años –y recursos– para establecer una situación regida por el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.