Publicado: 28 de septiembre de 2026

Sesión No. 16 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta

La Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta llevó a cabo su Sesión No. 16 de este año, "Experiencias que nos dejan las elecciones: propuestas de mejora", con el Dr. Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil, exmagistrado y expresidente del Consejo Nacional Electoral, como invitado de esta ocasión.

La sesión, moderada por la Dra. Floralba Padrón Pardo, directora del Instituto, presentó al Registrador Nacional como el guardián de las elecciones y de la tranquilidad ciudadana en un entorno de aguda polarización social, y destacó la importancia de abrir un espacio de balance constructivo desde la academia para diagnosticar qué elementos del sistema electoral funcionaron adecuadamente y cuáles exigen reformas normativas apremiantes.

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Dr. Hernando Parra Nieto, celebró la realización del encuentro y recordó cómo el país transitó de la antigua «mecánica electoral» bipartidista hacia un modelo reglado por el Código Electoral y salvaguardado por la rama judicial, destacando que la experiencia acumulada constituye un insumo indispensable para modernizar la legislación. Por su parte, el Dr. Humberto Sierra Porto exaltó la trayectoria del Registrador, quien integró el Congreso, presidió el CNE y lideró la Registraduría, como garantía de una reflexión técnica y rigurosa sobre las virtudes, vacíos e incertidumbres que dejó el proceso electoral en el país.

El Registrador Nacional inició su intervención llamando la atención sobre el declive de la satisfacción con la democracia en el escenario internacional, donde informes globales revelan que cerca del 60 % de los ciudadanos no perciben la democracia como un sistema capaz de resolver sus demandas primarias, y hasta un 20 % manifiesta preferencia por esquemas autoritarios.

Advirtió que en Colombia la democracia y las libertades civiles se habían dado históricamente por sentadas, perdiéndose de vista su fragilidad frente a una polarización social que no se limita al contraste de visiones políticas, sino que busca imponer una postura sobre la otra a través de la hostilidad, bloqueando consensos y dañando la convivencia cívica. Subrayó, además, que la solidez institucional no basta para contener a la autocracia si no existe una sociedad civil organizada y vigilante, aunque destacó como balance positivo que el reciente proceso electoral motivara a un sector significativo de la población a interesarse por el funcionamiento del sistema y por el valor del Estado de derecho.

Fortalezas del proceso electoral colombiano

El Registrador destacó la eficacia logística de un sistema que gestionó el depósito de más de setenta millones de votos en apenas tres meses, superando desafíos operativos derivados de la compleja topografía andina, los déficits de infraestructura en zonas apartadas y las alteraciones de orden público. La participación alcanzó el 63,6 %, un incremento histórico de casi cuatro puntos porcentuales.

Desmintió con énfasis los señalamientos sobre fraudes cibernéticos o algorítmicos. La tecnología, explicó, se emplea únicamente para digitalizar las actas y divulgar resultados preliminares con rapidez, lo que permite a partidos y ciudadanía auditar la información con sus propios registros.

Garantías de integridad, transparencia y compromiso cívico

El ponente expuso las medidas técnicas implementadas para reforzar la integridad electoral: biometría facial en las mesas para disuadir la suplantación y la trashumancia, auditorías técnicas internacionales sobre los componentes informáticos, y la autorización a cerca de 400.000 testigos electorales para capturar registros fotográficos de las actas. A esto se sumó un despliegue sin precedentes de observación internacional, con más de 1.400 delegados de misiones acreditadas, entre ellas la Unión Europea y la OEA, bajo un estándar de observación plena.

Reivindicó también el valor cívico del sistema, sostenido en los 860.000 jurados de votación y los más de 9.600 jueces de la República encargados de las comisiones escrutadoras, cuyo desempeño calificó de riguroso y ejemplar; como evidencia, señaló que el nivel de coincidencia entre el preconteo informativo y el escrutinio judicial definitivo alcanzó el 99,997 %, desvirtuando cualquier narrativa de alteración de las votaciones.

Tensiones institucionales: representar al pueblo frente a arrogarse su voluntad

El Registrador Nacional advirtió sobre la peligrosa confusión, presente en el debate público colombiano, entre la función de representar al pueblo y la pretensión de encarnar de manera exclusiva la voluntad popular. Recordó que ningún gobernante puede atribuirse la totalidad de esa voluntad, pues los propios resultados electorales demuestran que ningún mandatario cuenta con respaldo unánime, y que su actuación está subordinada en todo momento a los límites fijados por la Constitución.

Desinformación en redes sociales y la urgencia de pedagogía democrática

El Registrador identificó la desinformación masiva en entornos digitales como una de las amenazas más complejas para las democracias contemporáneas, señalando que durante el último periodo electoral los volúmenes de noticias falsas desbordaron cualquier previsión estatal. Citó estudios según los cuales los contenidos falsos se replican más rápido que los hechos verídicos y que cerca del 60 % del tráfico en redes está impulsado por cuentas automatizadas.

Autonomía institucional frente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

En el espacio de diálogo, el Dr. Sierra Porto planteó una reflexión crítica sobre la autonomía de la organización electoral y el principio de separación de poderes, indagando sobre las implicaciones de las diligencias adelantadas por la SIC en la Registraduría. El Dr. Penagos respondió que es necesario transitar del concepto formal de «autonomía presupuestal» hacia una verdadera «soberanía presupuestal», y calificó la intervención de la SIC como una extralimitación de facultades administrativas sobre funciones electorales constitucionales, pues dicha entidad carece de habilitación para interferir en los procesos misionales de la Registraduría.

Sustentó su postura en la sentencia C-293-2026 de la Corte Constitucional, anunciada mediante el Comunicado No. 28 del 9 y 10 de septiembre de 2026, que declaró inconstitucionales las competencias de la SIC para investigar y sancionar en materia de libre competencia a la Rama Legislativa, la Rama Judicial, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el CNE, la Registraduría y el Banco de la República, por desconocer el principio de separación de poderes.

Conclusiones:

El balance final de la sesión giró en torno a cinco conclusiones centrales, que constituyen el aporte más relevante del encuentro para el debate sobre el futuro del sistema electoral colombiano.

La integridad técnica del sistema como garantía frente a la desconfianza. El sistema electoral colombiano demostró una notable solidez logística e integridad institucional, sostenida en el compromiso cívico de la ciudadanía. Se concluyó que la naturaleza estrictamente física y manual del proceso de votación, el preconteo y el escrutinio constituye la principal garantía técnica del país para desvirtuar narrativas infundadas sobre fraudes algorítmicos o manipulación de software.
La urgencia de regular la doble militancia y armonizarla con las coaliciones. Se concluyó que es impostergable regular la figura de la doble militancia en su modalidad de apoyo y armonizarla jurídicamente con la conformación de coaliciones y alianzas electorales, pues en la actualidad ambas resultan contradictorias entre sí. Una reglamentación clara permitiría frenar el grave desgaste institucional y financiero del sistema, disminuyendo la celebración de elecciones atípicas, que el Estado se ha visto forzado a organizar cerca de 40 veces en los últimos dos años.
El tránsito de la autonomía a la soberanía presupuestal. Para blindar la independencia de la organización electoral, se concluyó que resulta imperativo que el ordenamiento jurídico le otorgue una verdadera «soberanía presupuestal», que impida que la ejecución de sus recursos quede supeditada a trámites o autorizaciones administrativas del Gobierno de turno — conclusión que recogió directamente el debate sobre la intervención de la SIC y el respaldo que a esta postura brindó la sentencia C-293-2026.
Límites temporales estrictos para revocatorias y causales de doble militancia. Se concluyó que urge establecer límites temporales estrictos para que el Consejo Nacional Electoral resuelva las revocatorias de candidaturas, y armonizar las causales de doble militancia por apoyo, con el fin de frenar el desgaste financiero y la conflictividad social que suscitan las reiteradas elecciones atípicas. Permitir que estas decisiones se tomen en la víspera del proceso electoral altera la contienda, propicia el caos institucional y desata problemas de orden público y violencia en los municipios.
La defensa de la democracia como tarea compartida entre Estado, academia y sociedad civil. Finalmente, se concluyó que la defensa de la democracia representativa y del Estado de derecho no es una tarea exclusiva de las autoridades, sino que demanda el respaldo indispensable de una sociedad civil activa y vigilante. Frente a las graves amenazas que representan la desinformación masiva en redes sociales y las tentaciones del constitucionalismo autoritario, el país necesita consolidar redes de pedagogía democrática que integren al Estado, la academia y el sector privado, dotando a los ciudadanos de herramientas para hacer frente al populismo electoral.