VII Congreso Anual de la Red Internacional de Bienes Públicos

Los profesores Héctor Santaella, Julián Pimiento y Camilo Perdomo (becario de la Universidad) representaron con éxito al Externado en dicho congreso.

El evento se realizó en la Universidad de Bolonia (Italia) y en el Real Colegio de España, del 5 al 7 de junio de 2019.

La Red Internacional de Bienes Públicos fue creada en el año 2013 por iniciativa del profesor Fernando López Ramón como una red informal de investigación y colaboración entre universidades europeas y latinoamericanas para el estudio del Derecho de los Bienes Públicos. Actualmente forman parte de ella juristas de más de veinte universidades, pertenecientes a más de diez naciones.

La reunión anual del 2019 se dedicó al Derecho de la infraestructura, considerando que este tema tiene una importancia económica considerable, pues representa un factor decisivo y estratégico en el desarrollo y crecimiento de cada país, con importantes repercusiones sociales y ambientales. Este año, las Jornadas trataron diversas cuestiones relativas a la infraestructura, con participación de las delegaciones nacionales de académicos de la Red en la discusión y comparación de sus ordenamientos, en torno a los temas siguientes:

– La noción de infraestructura y régimen jurídico aplicable

– La decisión pública sobre la infraestructura: estratificación de las competencias y pluralidad de tomadores de decisiones.

– Los procedimientos de localización y los sistemas participativos

– Las formas de gestión de la infraestructura y de las actividades económicas relacionadas.

– Las técnicas de financiación en la construcción y en el desarrollo de infraestructuras y redes de infraestructura transnacionales

Finalmente, las exposiciones presentadas involucraron argumentos relacionados con los derechos sociales y la libertad de los ciudadanos, ya que su inclusión y participación en el proceso de toma de decisiones se vuelve fundamental. Los investigadores concluyeron en buscar una mejor ubicación de las infraestructuras, en la cual la tarea de las instituciones se centraría en mejorar los perfiles de participación de la comunidad, así como en establecer formas adecuadas de equilibrio para aquellos que puedan sufrir un perjuicio en la realización de aquellas.