¿Tambalea la implementación de la Reforma Rural Integral?
Durante las II Jornadas internacionales en Derecho de tierras, expertos nacionales e internacionales hablaron sobre los avances y retos en la transformación del campo en Colombia.
Tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar una parte del ‘Fast Track’, ya no será necesario el aval del Gobierno para impulsar modificaciones a los proyectos de ley que dan vida a la implementación de los acuerdos de paz.
Aunque el punto de la justicia transicional alcanzó a pasar el trámite legislativo, quedan otros temas álgidos pendientes que prometen generar controversias en los distintos sectores políticos.
Precisamente, la Reforma Rural Integral, eje central de los acuerdos con las FARC, podría sufrir drásticas modificaciones en su paso por el Congreso. Este fue uno de los temas más importantes abordados por los expertos nacionales e internacionales, presentes en las II Jornadas internacionales en Derecho de tierras de la Universidad Externado.
Durante dos días de encuentro académico, docentes e investigadores discutieron sobre la compleja situación agraria y los múltiples mecanismos de apropiación de la tierra que, históricamente se han desarrollado en el territorio colombiano, sin que hasta el momento se vislumbren soluciones efectivas.
En este punto Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, destacó la celeridad del Gobierno en los procesos, y aseguró que actualmente hay 102 mil solicitudes de restitución de tierras en Colombia, de las cuales el 60 por ciento está en proceso
De esta cifra “un 43por ciento de los casos han sido despojadas por grupos paramilitares; otro 43 por ciento, de grupos guerrilleros y el 12 por ciento restante por parte de otros actores del conflicto”, como bandas criminales y el narcotráfico, entre otros.
No obstante, organizaciones sociales cuestionan la falta de articulación entre las instituciones, pues a la fecha han sido asesinados 18 reclamantes de tierra y 700 más están amenazados.
Reconociendo los retos, Sabogal agregó que, en cumplimiento al primer punto de los acuerdos, se han entregado tierras del narcotráfico avaluadas en 10 mil millones de pesos a campesinos de municipios afligidos por el conflicto armado.
“Con una inversión que supera los 61 mil millones de pesos, la restitución ha beneficiado a 27.305 personas con proyectos productivos, reactivando sus economías, generando oportunidades de progreso en el campo, y aportando en la transición de víctimas a microempresarios. La restitución, la primera cuota del posconflicto”, concluyó el funcionario.
Ante este panorama, en el que el Gobierno ya ha adelantado parte de lo pactado en Cuba en materia agraria, a docentes expertos en la materia como Héctor Santaella, les preocupa el futuro de la reforma rural, por las modificaciones que podrían agregar sectores de oposición, ante la controversial decisión de la Corte Constitucional.
“Temas relacionados con la justicia agraria, la institucionalidad agropecuaria, con los procesos agrarios, con la extinción de dominio, con la clarificación de la propiedad, serán mucho más álgidos para el debate legislativo”, explicó Santaella.
“Se espera que, aun así, no se adopten decisiones, que olviden por completo los procesos agrarios como, por ejemplo, la clarificación de la propiedad, o la extinción de dominio, porque esos procesos agrarios forman parte de lo que se acordó y son esenciales para poder cumplir con ese fin de agrupación de tierras”, advirtió.
Este punto fue respaldado por el experto Darío Fajardo Montaña, quien aseveró que el Presidente Juan Manuel Santos, es quien debe retomar la dirección del proceso de paz.
“Así no funcionan las cosas, al tener que volver a negociar el primer punto; desafortunadamente se había llegado a un acuerdo con grandes dificultades hace ocho días, precisamente, pero la impresión que le da a uno es que el Gobierno lo está desconociendo y así es muy difícil”, dijo.
Así las cosas, las expectativas sobre lo que podría pasar durante el próximo periodo legislativo, y el cumplimiento de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, serán más grandes que en crisis anteriores, pues el balón llegará al polarizado terreno del Congreso.