Seminario: “Libre circulación y migración laboral en el marco de la Alianza del Pacífico”
A pesar de que la Alianza Pacífico, busca favorecer la libre circulación de personas en la región, se imponen normativas internas o acuerdos bilaterales que obstaculizan este flujo, concluyó el seminario.
Durante el evento, organizado por el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, Gabriela Mendizábal, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México), reconoció que, si bien cada país tiene derechos laborales establecidos, estos “se han quedado cortos para atender las necesidades de los trabajadores que se encuentran en tránsito o que están dentro de determinado territorio de una manera irregular”.
Al mismo tiempo, los participantes de Chile, Perú, Colombia y México, integrantes de la Alianza, coincidieron en que “no basta con la circulación de mercancías si no hay posibilidad de libertad de circulación entre ciudadanos”.
Los académicos participantes expusieron los hallazgos de un trabajo de investigación que han venido desarrollando sobre las políticas migratorias que tiene cada país miembro y la forma como estas se articulan al tratado.
Según se explicó durante el encuentro, la Alianza del Pacífico busca promover el libre comercio y la apertura de mercados, así como una integración económica, por medio de una progresiva y libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; sin embargo, la libre circulación de personas y la creación de políticas que apoyen este punto, se han dejado de lado.
Entretanto, Katerine Bermúdez, docente y directora del Centro de Investigaciones Laborales de la Universidad Externado de Colombia, dio a conocer algunos de los proyectos e iniciativas que se están gestando desde la Alianza del Pacífico para fomentar la circulación de personas, como el programa de movilidad académica, que permite los intercambios de estudiantes, docentes e investigadores a cualquiera de los países miembros para desarrollar sus estudios y la supresión de visas a las personas que deseen visitar alguno de los países para hacer turismo, teniendo en cuenta que durante su estancia no pueden realizar ninguna actividad que genere ingresos económicos.
Al explicar los hallazgos en las políticas migratorias de cada país los participantes concluyeron que, pese a la constitución de la Alianza, en materia de migración aún predominan las normas y leyes particulares que cada nación ha instaurado para abordar este tema; asimismo, se resaltó que los países tienen acuerdos bilaterales disímiles unos de otros y que esto obedece, según María Cristina Gajardo, docente de la Universidad de Chile y expositora en el seminario, a que cada país tiene ‘sensibilidades distintas’.
Durante el espacio académico se pudo concluir, también, que las barreras administrativas que cada país, de acuerdo con su soberanía, interpone a los migrantes que buscan radicarse legalmente en determinado territorio, generan problemáticas sociales, por ejemplo, la explotación laboral o el limitado acceso a los servicios de salud, hechos que conllevan a la vulneración de los derechos humanos, que, en cualquier situación, deberían primar sobre trámites administrativos.
El evento académico también contó con la participación de los docentes e investigadores: María Katia García y Guillermo Boza, quienes socializaron las políticas nacionales migratorias de Perú; Jorge Mario Benítez, investigador del Departamento de Derecho Laboral del Externado, quien expuso la política nacional migratoria de Colombia; Javier Aguilo quien, junto a María Cristina Gajardo, se refirió a la realidad migratoria de Chile y Óscar Apáez, quien compartió las políticas nacionales de migración de México.