Seminario de la Red de Constitucionalismo Colombo – Ecuatoriana
Por: Gabriela Barbosa Villa. Asistente de investigación Departamento de Derecho Constitucional – Universidad Externado de Colombia.
En el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta (ICRP) de la Universidad Externado de Colombia, se llevó a cabo el segundo Seminario de Profesores organizado por la Red de Constitucionalismo Colombo – Ecuatoriana, una iniciativa académica conjunta entre nuestra Casa de Estudios y la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador.
El encuentro académico tuvo como objetivo analizar los recientes desarrollos en torno a la violencia armada y el narcotráfico en Ecuador, así como la pertinencia jurídica y política de la declaración de un Conflicto Armado No Internacional (CANI) en ese país. El evento fue moderado por Manuela Losada Chavarro, docente investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado.
Los profesores Diego Tipán, de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador, y Edgar Solano González, docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, fueron los ponentes invitados, quienes ofrecieron un análisis detallado desde una perspectiva comparada entre los contextos de Ecuador y Colombia.
Evolución de la violencia en Ecuador: diagnóstico y factores clave:
El profesor Diego Tipán presentó un panorama detallado sobre la evolución de la violencia en Ecuador, destacando dos etapas claramente diferenciadas. En la primera década de los 2000, el país experimentó una notable reducción en su tasa de homicidios, con ciudades como Quito destacándose como de las más seguras de la región. Sin embargo, a partir de 2018, se observa un aumento dramático en los índices de criminalidad, atribuible al crecimiento del narcotráfico y la presencia de grupos criminales transnacionales.
Este fenómeno, explicó Tipán, está directamente relacionado con los efectos del proceso de paz en Colombia, que desplazó dinámicas de violencia hacia el sur. Ecuador, anteriormente considerado un país de paz relativa, comenzó a ser escenario de atentados, secuestros y ajustes de cuentas ligados al narcotráfico. Organizaciones criminales locales como “Los Choneros” establecieron vínculos con cárteles mexicanos, intensificando la violencia urbana y rural.
La creciente sofisticación del armamento decomisado, muchas veces introducido como forma de pago por estupefacientes, revela un cambio profundo en la estructura del crimen organizado. La respuesta del Estado, sin embargo, ha sido insuficiente: desde 2017 no se ha fortalecido el sistema judicial penal con nuevos fiscales o jueces, lo que dificulta la judicialización de estos delitos.
¿CANI en Ecuador? Evaluaciones jurídicas y desafíos políticos:
En este contexto, la declaración de un CANI por parte del gobierno del presidente Novoa ha generado un amplio debate. Para Tipán, la necesidad de esta figura responde a la urgencia de emplear las Fuerzas Armadas en el control interno, dado que las capacidades de la policía han sido desbordadas. No obstante, advirtió que no todos los criterios técnicos para declarar un CANI —como el grado de organización de los actores y la intensidad de la violencia— están claramente cumplidos.
Por su parte, el profesor Edgar Solano aportó una visión comparativa desde Colombia, donde el reconocimiento jurídico de los CANI ha sido producto de una compleja evolución institucional. Solano recordó que, para caracterizar a un grupo como actor de un CANI, se deben evaluar indicadores de organización (estructura de mando, logística, disciplina interna) e intensidad del conflicto (frecuencia y gravedad de los enfrentamientos, número de víctimas, desplazamientos).
En Ecuador, añadió, ya operan disidencias del ELN y otros grupos colombianos, especialmente en actividades de minería ilegal, lo que evidencia la dimensión transnacional del conflicto. Esto requiere, según el profesor, una estrategia regional coordinada y un enfoque institucional robusto que combine inteligencia, acción judicial y respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Perspectivas institucionales y jurídicas:
Durante el seminario se abordaron los retos que implica, desde lo jurídico y político, reconocer o negar un conflicto armado interno. La declaratoria, señalaron los expertos, debe traducirse en resultados tangibles: mejora de la seguridad, recuperación territorial y garantías para los derechos humanos. Además, se requiere un marco normativo claro, voluntad política y capacidad operativa para implementar medidas efectivas sin caer en la instrumentalización del derecho ni en la prolongación indefinida de los Estados de Excepción.
La moderadora Manuela Losada subrayó en su intervención final que el respeto al DIH no debe limitarse a escenarios de guerra abierta: incluso en tiempos de paz, este cuerpo normativo debe orientar la acción estatal y la protección de la población civil.
Reflexiones del público y conclusiones:
El espacio de preguntas permitió profundizar en los desafíos actuales del derecho frente a fenómenos de violencia no convencional. El profesor Julián Tole cuestionó la capacidad real del Estado para hacer frente a estos desafíos, mientras que Héctor Wiesner indagó sobre el control constitucional de la declaratoria del CANI en Ecuador, tema en el que la Corte ha decidido limitar su revisión a aspectos formales sobre la existencia de grupos armados organizados.
Finalmente, la Dra. Floralba Padrón expuso cómo, en escenarios como el colombiano, las motivaciones políticas y geoestratégicas han influido en la calificación de los conflictos armados, especialmente frente al apoyo internacional en la lucha contra el terrorismo.
El seminario concluyó con un llamado a no repetir los errores del pasado y a fortalecer la institucionalidad ecuatoriana en su respuesta a la violencia. La experiencia colombiana ofrece valiosas lecciones tanto en lo que se debe replicar como en aquello que se debe evitar. En suma, el reconocimiento de un CANI es solo el primer paso en un proceso largo y complejo, que exige decisión política, preparación jurídica y, sobre todo, una genuina preocupación por la seguridad y los derechos de la población.
