Segundas Jornadas de Derecho Procesal
Durante este evento, organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, se denunció la excesiva carga laboral de los juzgados de ejecuciones, al tiempo que, en paneles y conferencias, se dieron a conocer los últimos desarrollos normativos en este campo.
El primer panel de discusión que se desarrolló fue “Decreto legislativo 806 de 2020: balance y perspectivas en su aplicación”. El decreto cumplió 10 meses y superó con éxito el examen de constitucionalidad, en la sentencia C 420 de 2020 de la Corte Constitucional, según informó Henry Sanabria, moderador y profesor del Externado.
Ulises Canosa, profesor de las universidades Libre, Externado y de los Andes, mencionó que el decreto permitió reactivar la justicia, que se vio estancada durante 3 meses por la aparición del Covid-19, flexibilizó las actuaciones y permitió que volviera a funcionar el aparato jurisdiccional, eso sí, con “algunas dificultades que se irán superando con innovación y razonabilidad”.
Entretanto, para Ramiro Bejarano, profesor emérito y director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, aún hay un punto muy importante que todavía no se puede reemplazar de manera efectiva por la virtualidad: el recaudo de la prueba testimonial y la de los interrogatorios de parte, porque en la virtualidad se pierden las ventajas de estar viendo a la persona y sus reacciones.
En las Jornadas también se presentó un video, producto de un trabajo de investigación desarrollado por el Departamento de Derecho Procesal del Externado, que evidencia uno de los problemas que tienen los juzgados de ejecuciones: la carga laboral. Frente a este tema se desarrolló el debate: “La tragedia de los jueces de ejecución”, en el que Camilo Valenzuela, especialista en Derecho Procesal Civil, concluyó que, además de la cultura litigiosa, en Colombia hay un problema estructural y de economía: “Colombia es un país pobre con un sistema financiero caro, con un nivel de riesgo en los créditos bastante alto y eso lleva a que la justicia, especialmente los procesos ejecutivos y los juzgados dedicados a la ejecución de esas obligaciones, hayan visto su trabajo sobrecargado por la ejecución de deudas del sector financiero”.
Otro de los espacios de discusión que se generó durante las Jornadas, fue el panel “Blockchain, smarts contracts e inteligencia artificial en la administración de justicia”, en el que se habló de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial a los abogados y a los procesos. Se concluyó que la justicia va avanzando de la mano de las tecnologías en computación y, por ende, es importante que haya mayor capacidad tecnológica y de procesamiento de datos en los equipos informáticos de la rama.
Durante el evento también se desarrolló el panel “La motivación de la sentencia”, en el que se plantearon algunos aspectos controversiales de la prueba testimonial, y en el que se mencionó la necesidad de que el Derecho Procesal, como ciencia, incorpore a sus estudios elementos que derivan de la medicina, la psicología y la neurociencia, entre otros.
“En los procesos judiciales, la prueba más recurrida suele ser la testimonial y en algunos casos esta puede llegar a ser la única fuente de evidencias; por eso es vital, para quienes administran la ley, conocer los avances científicos en el estudio de la memoria humana”, afirmó Fabio Enrique Bueno, abogado y profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia.
El evento contó con la participación de varios abogados y expertos en la materia, quienes expusieron diferentes temas tales como: “Los estándares probatorios y su aplicación en el proceso civil”, conferencia de Maximiliano Aramburo, especialista en Derecho Penal y Responsabilidad Civil; “La Ley 1996 de 2019 y su reglamentación”, de Aroldo Quiroz, Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; “Propuestas para mejorar la justicia en materia civil” de Pablo Felipe Robledo, ex viceministro de Justicia, entre otros.