Retos y desafíos de la desaparición forzada en Colombia

Se calcula que en el país hay más de 100.000 desaparecidos, como resultado de situaciones forzadas, secuestro, reclutamiento o participación en hostilidades.

La desaparición forzada es uno de los delitos que más se ha perpetrado en Colombia; incluso, llegó a ser uno de los temas principales en los diálogos de paz que sostuvieron el Gobierno colombiano y las Farc a lo largo de 4 años.

Luego de la firma del acuerdo y por petición de las familias de las víctimas del conflicto y de las organizaciones civiles que participaron en los dialogo de La Habana, se convino la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas, la cual busca “dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y a la localización de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado que se encuentren con vida y, en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos”.

Teniendo en cuenta la importancia de este tema en el contexto de nuestro país y con motivo de analizar los retos y desafíos que se tienen, la Maestría en Justicia Transicional del Departamento de Derecho Constitucional desarrolló la cátedra abierta “Retos para la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia”.

Participaron la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón; María Clara Galvis, docente-investigadora de la Universidad Externado y exvicepresidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada; Andreas Forer, director para Colombia de la ICMP (International Comisssion for Missing Persons) y Héctor Vargas Vaca, coordinador de la Maestría en Justicia Transicional del Externado.

Para Luz Marina Monzón es importante precisar las diferencias y las responsabilidades que tienen tanto la Unidad de Búsqueda de Personas, una institución del Estado, como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una instancia que convoca a diferentes instituciones del Estado y que fue creada gracias a la Ley 589 de 2000 luego de que Colombia reconociera la desaparición forzada como un delito, además del secuestro.

“Es importante destacar que la Comisión fue creada en su momento para promover políticas públicas y mandatos que apoyen la investigación de la desaparición forzada. Por su parte, como Unidad de Búsqueda sí tiene la facultad y competencia para la búsqueda integral de los desparecidos y para darles respuesta a los familiares de la víctima”, añadió la doctora Monzón.

Por su parte, María Clara Galvis se refirió a algunos desafíos en cuanto a la función de la Unidad de Búsqueda de Personas, la cual, según su explicación, se está dedicando en mayor medida a la búsqueda de las personas desaparecidas (práctica), y la de la Comisión, que se encarga de comprobar quién fue el causante de dicha desaparición (jurídica) por lo que indica que se podría recaer en un vació institucional, teniendo en cuenta que cada uno asume una parte del proceso diferente.

En cuando a los aspectos prácticos de la tarea relacionada con la búsqueda e identificación de desparecidos, los conferencistas subrayaron la inexistencia de un lugar que permita la preservación y dignificación de los cuerpos encontrados, además de las dificultades de identificación, teniendo en cuenta que el estado de descomposición muchas veces impide arrojar resultados con respecto a los datos de la persona.

Por su parte, Andreas Forer, director para Colombia de la ICMP (International Comisssion for Missing Persons), aseguró que en Colombia el problema radica en que se ha anulado el verdadero significado de lo que es tener una persona cercana desaparecida.

El evento finalizó con una serie de preguntas por parte de los asistentes, las cuales fueron resueltas por los panelistas.