¡Regresa la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita 2026!
El Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita dio inicio formal a su Cátedra, consolidando este espacio como uno de los pilares más sólidos del pensamiento constitucional en nuestra Casa de Estudios.
El evento de instalación contó con la presencia del rector de nuestra Universidad, Hernando Parra Nieto; la doctora Floralba Padrón, directora del Instituto, el profesor emérito de nuestra Casa, Alfonso Gómez Méndez, además de profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho.
Para el Rector, la apertura de este ciclo académico es una clara demostración de la vocación institucional por el debate plural, riguroso y profundamente comprometido con los asuntos de interés público en el país y la región.
“Durante el año 2025, la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita contó con una participación presencial y virtual superior a 650 personas, habiéndose consolidado como un escenario vivo de formación, análisis crítico y construcción colectiva del conocimiento jurídico. Este semestre continuamos profundizando en temas centrales para la organización del poder público, la administración, el gobierno, la rama judicial y las distintas jurisdicciones, con la participación de invitados y profesores de la más alta calidad académica y experiencia institucional”, precisó Parra Nieto.
La primera sesión estuvo a cargo del Dr. Gómez Méndez, cuya trayectoria intelectual y de servicio público representa un paradigma para las nuevas generaciones de juristas. El docente investigador inauguró el semestre con una disertación sobre la función judicial del Congreso de la República.
Bajo el interrogante ‘¿Quién debe juzgar a los altos dignatarios del Estado?», el profesor emérito analizó la relevancia constitucional de este mecanismo y los retos que enfrenta la arquitectura institucional frente al control de quienes ostentan el poder.
El Dr. Gómez Méndez explicó que fue a partir de la Asamblea Nacional Constituyente de 1910, convocada tras la dictadura de Rafael Reyes, cuando se instauró un régimen de responsabilidad presidencial que, con modificaciones, sigue vigente. Este modelo prevé una doble responsabilidad —judicial y política—, siendo esta última ejercida por el Congreso de la República, lo que genera una tensión estructural al asignar funciones de juzgamiento a actores eminentemente políticos.
A partir del análisis histórico, se evidenció que los procesos de responsabilidad presidencial en Colombia han sido excepcionales y profundamente condicionados por disputas políticas. Se recordaron los casos de los expresidentes Tomás Cipriano de Mosquera y José María Obando en el siglo XIX, así como el de Gustavo Rojas Pinilla en el siglo XX, para concluir que los procesos adelantados por el Congreso no han operado como verdaderos mecanismos de control político y jurídico.
El espacio permitió un diálogo activo con el público, que planteó interrogantes sobre posibles reformas al sistema, los riesgos del tráfico de influencias, la viabilidad de mecanismos de decisión popular en materia de responsabilidad política, la compatibilidad del juicio político con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la conveniencia de que la Constitución establezca causales más precisas de responsabilidad presidencial.
Como conclusión, se subrayó que en un Estado constitucional democrático ningún servidor público puede estar exento de responsabilidad. No obstante, el diseño actual del sistema parece favorecer la irresponsabilidad de los altos funcionarios, al dejar su juzgamiento en manos de mayorías políticas. Asimismo, se insistió en la necesidad de reabrir el debate sobre la atenuación del presidencialismo extremo en Colombia, con miras a lograr un mayor equilibrio institucional y un control más efectivo sobre la conducta del Presidente.
Para el periodo 2026-I, se han programado un total de 12 sesiones que abordarán temas centrales para la organización del Estado social y democrático de derecho.
Entre las ponentes destacadas para este semestre se encuentra la doctora Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, quien analizará el papel de dicha institución en el diseño constitucional del poder. Asimismo, el doctor Wilfredo Robayo Galvis, Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, presentará un examen sobre los desafíos actuales de la Fiscalía General de la Nación.
La agenda también integra a investigadores como Andrés Mauricio Gutiérrez, Ana Ilba Torres, Jalil Alejandro Magaldi y Jairo Andrés Castaño. Estos expertos tratarán asuntos técnicos como la protección estructural de derechos, la jurisdicción especial indígena, la excepción de inconstitucionalidad y el impacto fiscal en el trámite legislativo.
De igual forma, la Cátedra contará con las reflexiones de los profesores Jaime Orlando Santofimio Gamboa y María Cecilia M’Causland Sánchez. Sus intervenciones se centrarán en los límites judiciales a la responsabilidad extracontractual del Estado y el control de convencionalidad, temas de gran vigencia para el derecho administrativo actual.
Finalmente, el doctor Humberto Sierra Porto y la doctora Alexandra Sandoval Mantilla, vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), discutirán sobre la complementariedad positiva de este sistema. Con esta oferta, el Externado reafirma su liderazgo en la formación de juristas capaces de transformar la realidad constitucional nacional.
Invitamos a la comunidad académica a sumarse activamente a estas sesiones, contribuir al debate y renovar el compromiso con una justicia democrática, accesible y confiable.