¿Por qué la urgencia de una Jurisdicción Agraria en Colombia?

La respuesta a la crisis social actual pasa necesariamente por la solución del problema de la tierra, ámbito en el que han campeado la injusticia y la inequidad a lo largo de nuestra historia. Y el abordaje de este gran problema demanda una Jurisdicción Agraria.

En ello coincidieron los académicos participantes en las V Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras, cuyo tema principal fue, precisamente, la “Jurisdicción Agraria en Colombia”, comenzando por el rector del Externado, Hernando Parra Nieto, quien señaló:

“El problema de las tierras en Colombia es centenario, siempre ha estado presente en las grandes discusiones del país… Necesitamos respuestas inmediatas a los cuestionamientos sociales que hoy vivimos”.

En este espacio de análisis y discusión, organizado por el Departamento de Derecho del Medio Ambiente, se insistió en la necesidad de adecuar y articular la estructura de la administración de justicia, para que resuelva las controversias y litigios agrarios y rurales en Colombia, precisó María del Pilar García, directora del departamento.

“La creación de una ‘Jurisdicción Agraria’ debe incluir una serie de principios, una composición clara y elementos esenciales para su funcionamiento y competencia. Estos elementos deben atender a todos los asuntos propios de las tierras de manera robusta y, además, propender por la construcción de una paz estable y duradera en la ruralidad colombiana”, agregó la experta.

Catherine LeGrand, docente de McGill University of Canadá, en su conferencia “Análisis histórico del problema de los baldíos en la ley y en el campo, y los problemas para implementar una jurisdicción agraria en Colombia”, explicó el impacto de las economías agrícolas de exportación en la tenencia de la tierra en Colombia y cómo esta problemática ha impedido desarrollar un mejor sistema de distribución de esta.

“Las problemáticas rurales de Colombia relacionadas con el acceso y formalización de los derechos de propiedad de la tierra, la posesión, el uso adecuado, la tenencia de bienes inmuebles ubicados en suelo rural, la planificación, el ordenamiento y aprovechamiento, las relaciones económicas de índole agraria, han sido una constante en la historia del país, por lo cual resulta imperativo establecer una adecuación y articulación de la estructura de la administración de justicia”, explicó.

Entretanto, Wilson Ruiz Orejuela, Ministro de Justicia y del Derecho, indicó que Colombia no había estado más cerca de implementar una política judicial agraria de carácter integral, eficiente y especializada.

“Después de la culminación de los diálogos de paz y con la coyuntura actual por la que atraviesa el país, estamos frente a una ocasión irrepetible para realizar las debidas incorporaciones institucionales del entorno y la justicia al sector rural”, declaró.

Alejandro Ramelli, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), explicó la relación entre el Acuerdo de Paz y la jurisdicción agraria, y sostuvo que, principalmente, se basa en 4 aspectos:

  • Informes sobre el conflicto.
  • 7 Macro-casos.
  • Llamamiento a versiones voluntarias/audiencias.
  • Medidas cautelares de protección.

Estos aspectos buscan concentrar, a partir de un análisis, una gran sistematización que permita determinar el desplazamiento, extorsión, masacres y todos los temas que derivan en el despojo ilegal de tierras a los colombianos.

Bernadette Atuahene, profesora del Chicago Kent College of Law, hizo referencia a 2 términos que son propicios para ser utilizados en el contexto colombiano actual: expropiación de la dignidad y restauración de la dignidad. De estos conceptos se puede determinar que situaciones como la violencia socio-política, el despojo y desplazamiento masivo, la acumulación de tierras y las economías ilícitas, son la base del problema y de la necesidad de la creación de una jurisdicción agraria en Colombia.

De igual forma, Andrés Castro Forero, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, destacó la necesidad de la creación de una justicia especial agraria y rural, que atienda la consecución de áreas rurales, introducir una justicia especializada y permanente, además de materializar todos los cambios y argumentos incluidos en el Decreto Ley 902 de 2017, que hacen referencia al Acuerdo Final de Paz.

Al término de las V Jornadas de Derecho de Tierras se logró estudiar el contexto histórico, social y político de la pertinencia de un proyecto de ley que cree una Jurisdicción Agraria en Colombia, de igual manera se analizaron las iniciativas legislativas para su creación, y se resolvieron los diferentes cuestionamientos procesales para el mismo.