La consulta previa frente a los desafíos de la transición energética fue el tema central del Noveno Seminario de Profesores 2026 del Departamento de Derecho Constitucional
En el marco del Noveno Seminario de Profesores 2026 del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, se llevó a cabo la sesión “Consultar o certificar: la consulta previa en la transición energética”, a cargo de Eimys Ortiz Hernández, profesora agregada y vicedecana de Ordenación Académica de Estudios de Grado de la Universidad de Lleida, quien presentó una investigación sobre la relación entre la consulta previa en Colombia, la debida diligencia empresarial y las nuevas exigencias del derecho europeo para las cadenas globales de suministro.
La sesión fue moderada por Floralba Padrón Pardo, directora del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta (ICRP).
La profesora Ortiz presentó los avances de una investigación que busca analizar cómo las nuevas obligaciones europeas de debida diligencia empresarial pueden incidir en la protección de los derechos de las comunidades étnicas en países terceros, particularmente en Colombia. Su punto de partida fue una pregunta central: ¿qué ocurre con la consulta previa cuando su verificación deja de estar únicamente en manos de las autoridades públicas y comienza a incorporarse a las relaciones contractuales y a las cadenas globales de suministro?
Para abordar este interrogante, la profesora Ortiz tomó como punto de partida la evolución de la jurisprudencia constitucional colombiana sobre consulta previa. Explicó cómo la Corte Constitucional ha construido progresivamente el contenido de este derecho fundamental y ha establecido criterios relacionados con la afectación directa, la participación, la información y, en determinados casos, el consentimiento.
La ponente destacó que una certificación administrativa sobre la presencia de una comunidad no constituye, por sí misma, la fuente del derecho a la consulta previa ni puede convertirse en el único elemento para determinar la existencia de una afectación directa. En este sentido, la evolución jurisprudencial colombiana ha buscado evitar que un derecho fundamental quede reducido a la existencia de un documento.
Esta discusión fue trasladada al contexto europeo. Ortiz explicó que la Unión Europea ha desarrollado diferentes instrumentos relacionados con la debida diligencia empresarial, la sostenibilidad, las materias primas fundamentales, las baterías y las cadenas de suministro, en los cuales adquieren creciente importancia la trazabilidad de los productos y la identificación de posibles impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
La transición energética constituye un escenario especialmente relevante para este debate debido a la creciente demanda europea de minerales y materias primas necesarios para la descarbonización. En este contexto, Colombia adquiere interés por la presencia de recursos ubicados en territorios donde también existen comunidades étnicas y donde la jurisprudencia constitucional ha desarrollado importantes estándares de consulta previa.
La investigación plantea, sin embargo, una advertencia: la contractualización de la consulta previa puede ser una herramienta de protección, pero también puede generar el riesgo de convertir un derecho fundamental en una obligación meramente documental. Una empresa europea podría exigir a un proveedor colombiano una certificación de que se realizó la consulta y considerar cumplida su obligación sin verificar qué ocurrió realmente detrás de ese documento.
A partir de esta preocupación, la profesora Ortiz propuso cinco criterios para analizar la calidad de estos mecanismos: quién determina el alcance de la afectación, cómo se garantiza la trazabilidad del disenso, qué grado de reversibilidad tienen las decisiones, quién asume los costos de la verificación y si las comunidades cuentan con mecanismos para acceder directamente al comprador europeo.
Como conclusión, el seminario permitió identificar un desafío fundamental para la transición energética: garantizar que la creciente trazabilidad exigida por los mercados internacionales no transforme la consulta previa en una simple casilla de cumplimiento. El reto consiste en lograr que detrás de cada certificación exista efectivamente un proceso de información, deliberación y participación que respete los derechos de las comunidades.
La sesión cerró con una invitación a continuar el diálogo académico sobre la relación entre derecho constitucional, derechos de los pueblos indígenas, responsabilidad empresarial, comercio internacional y transición energética, así como a fortalecer la participación de la academia en la construcción de propuestas que permitan dotar de contenido efectivo a los mecanismos de consulta y participación.
