“La aplicación Coronapp, enfrenta problemas constitucionales”
Sin desconocer la utilidad de la aplicación informática Coronapp, diseñada por el Gobierno nacional como herramienta para obtener información de los ciudadanos para la toma de decisiones relativas a la pandemia por Coronavirus, profesores del Departamento de Derecho Constitucional del Externado plantearon que ésta enfrenta problemas constitucionales.
Los planteamientos se presentaron en el webinar: “Pros y contras del control social mediante aplicaciones informáticas. Aspectos legales y constitucionales de las aplicaciones tecnológicas utilizadas por el Gobierno colombiano para rastrear el contagio por Covid – 19”, moderado por el profesor Humberto Sierra Porto, con la participación de la científica social Carolina Aguerre, experta en gobernanza en internet e inteligencia artificial (Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina).
A ellos se sumaron, por parte del Externado, los docentes Jorge Roa, Daniel Castaño y Juan Carlos Upegui. Todos coincidieron en reconocer las tensiones que existen entre la puesta en operación de Coronapp (y de otras similares alrededor del mundo) para obtener información de los individuos, por un lado, y un conjunto de derechos fundamentales como el de la privacidad, que corren un alto riego de ser vulnerados.
Para el docente Juan Carlos Upegui, el despliegue de la aplicación despierta muchas dudas sobre el respeto a la libertad y las otras garantías constitucionales que deben observarse en la recogida, tratamiento y circulación de los datos personales, según los precisos términos de la carta del 91.
Según Upegui, la jurisprudencia constitucional señala la necesidad de que la información recaudada con ocasión de una emergencia debe tener unos protocolos claros de caducidad, y debe ser eliminada cuando termine la causa por la cual se efectuó la recogida. Además, es preciso definir previamente la finalidad de las aplicaciones, cosa que no se ha hecho con la Coronapp.
De todas maneras, concluyó, debe tenerse mucho cuidado ante la posibilidad de extralimitación de los ‘poderes informáticos’.
Al introducir el tema, el profesor Humberto Sierra Porto puso de presente cómo el uso de estas aplicaciones por parte de empresas multinacionales y del Estado, pueden alterar el funcionamiento de la democracia en contextos de emergencia como el actual, en el que “surgen tentaciones totalitarias”. Apuntó que la tecnología no es buena ni mala, el problema es cómo se usa esa tecnología.
La profesora internacional invitada, Carolina Aguerre, hizo una presentación sobre el estado del arte de estas aplicaciones alrededor del mundo, y explicó que responden a la necesidad de rastrear a personas, identificar riesgos, dar alarmas. Sin embargo, los avances tecnológicos conducen más allá del nivel de información, al desarrollar funcionalidades con caracteres invasivos. Por esa razón deben imponerse estándares de privacidad y resguardo de la identidad.
En ese orden de ideas, el docente Jorge Roa mencionó las cautelas necesarias que deben tenerse en cuenta frente a las apps de esta naturaleza: establecer una utilidad limitada, no total; vigilar a los desarrolladores y desconfiar en sus intenciones; aprovechar los datos que ya existen, y establecer protocolos de eliminación cuando pase la pandemia; descentralizar la información; implantar la opción libre de activar la aplicación por parte de los ciudadanos, no la activación automática; incrementar la información al público y rechazar (la ciudadanía) la implementación de mecanismos como toma de temperatura y otros signos vitales, cuya obtención pude invadir terrenos de profunda intimidad de las personas y servir para la discriminación.
Finalmente Roa puso de presente que debemos tener en cuenta que las aplicaciones no van a detener una pandemia como la que vivimos y que esto solo lo lograrán los tratamientos y las vacunas.
Si bien el tema de la protección de los datos está reglamentada de manera robusta en la Ley colombiana que, entre sus excepciones permite el uso de datos relativos a la salud de las personas para la estadística, pero con supresión de las identidades, existen preocupaciones sobre qué va a pasar con los datos en esta coyuntura; la gente se pregunta qué puede pasar si, por ejemplo, se utiliza el coronapp como pasaporte apara la movilidad, dijo el profesor Daniel Castaño y recomendó ajustar la política con medidas como integrar los aspectos de privacidad en la arquitectura de encriptación de los datos y tener en cuenta los desarrollos que en la materia exhiben universidades como Stanford y MIT, porque “la privacidad no puede ser el costo que paguemos por las funcionalidades de las apps”.