Humberto de la Calle habló de Derecho de Paz y Justicia Transicional en el Externado

En el país reina un preocupante grado de incertidumbre sobre la consolidación de la paz, sostuvo el ex negociador y explicó por qué la JEP no sígnica impunidad.

El jefe negociador del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, dicto una conferencia organizada por el Departamento de Derecho Constitucional, en la que reiteró y amplió su posición sobre los grandes desafíos de la paz.

Dentro de las reflexiones expuestas por De la Calle, se trataron el marco constitucional del Derecho a la paz, los fundamentos base del diálogo, estrategias, elementos de táctica de la negociación, análisis del contexto internacional, temas de la cuestión militar relativos al paso del escalamiento de la violencia y cese al fuego con las Farc.

Sobre el derecho a la paz insistió en que todavía hay un grado de incertidumbre en el país, ya que no se ve clara la voluntad de implementar varios de los puntos trascendentales del acuerdo firmado con las FARC.

“Convertir en realidad la reforma rural, la apertura política es muy tímida, algunos nombramientos parecieran satisfacer intereses radicales. Y ahora el nuevo director del Centro de Memoria Histórica revive la teoría de que en Colombia no ha habido conflicto armado interno. Grave e ilegal afirmación”, precisó el excandidato presidencial.

De igual forma y sobre la justicia transicional sostuvo que la Jurisdicción Especial no es una vía a la Impunidad. “Todos los responsables del conflicto armado colombiano deben rendir cuentas; todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad, las violaciones sexuales y al DIH serán juzgados por los jueces” afirmó.

Humberto de la Calle recordó que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), tiene bajo sus funciones imponer las sanciones que la ley estableció para  quienes cometieron crímenes en medio del conflicto.

“Algunas de las sanciones son: aquel que no reconozca la Jurisdicción Especial ni acuda a sus distintas instancias, se somete a privación de la libertad hasta por 20 años en cárcel. Pero quien actúe de manera distinta, tiene sanciones restrictivas de la libertad, con un alto grado de reparación para las víctimas del conflicto, quienes fueron nuestro centro de gravedad en La Habana”, puntualizó.