Fraude electoral en Colombia: una mirada desde la academia
En la Universidad se llevó a cabo un panel para analizar si en Colombia existe fraude electoral y qué tan sólidas son esas afirmaciones dentro de los procesos democráticos del país.
El encuentro, organizado por el Departamento de Derecho Constitucional, reunió a expertas(os) para discutir la integridad del sistema electoral colombiano y revisar, desde una perspectiva histórica y jurídica, las denuncias que han puesto en duda la transparencia de las elecciones.
En el panel participaron Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional del Estado Civil; Carolina Rico, docente investigadora del departamento; Catalina Botero, directora de la Cátedra Unesco de Libertad de Expresión de la Universidad de los Andes; Antonio Lizarazo, exmagistrado de la Corte Constitucional; Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral; Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE); Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación; y como moderador, Carlos Medellín, exmagistrado de la Corte Constitucional.
A lo largo de la discusión, hubo un punto de coincidencia: no existe evidencia de un fraude electoral sistemático en Colombia. Sin embargo, los panelistas advirtieron que prácticas como la compra de votos y el clientelismo siguen afectando la confianza ciudadana en el sistema.
Durante su intervención, el procurador Gregorio Eljach explicó el papel de la Procuraduría en las elecciones y destacó la campaña Paz Electoral, una estrategia que busca reducir la abstención, prevenir delitos electorales y promover una participación informada.
¿Son fundadas las narrativas de fraude electoral?
Antonio Lizarazo hizo un análisis jurídico de las declaraciones del presidente de la República sobre una decisión del Consejo de Estado relacionada con el partido MIRA en los comicios de 2014-2018, en las que planteó dudas sobre el software de escrutinios. Señaló que el verdadero problema no está en la tecnología electoral, sino en factores como la presión de grupos armados sobre los votantes y el uso indebido de recursos públicos para influir en el voto.
Por su parte, Armando Novoa sostuvo que, en términos históricos, las narrativas sobre fraude sí tienen antecedentes. Explicó que este se entiende como un conjunto de acciones clandestinas para alterar resultados electorales y recordó que desde el siglo XIX ya se hablaba de estas prácticas. Citó al historiador David Bushnell, quien describió a Colombia como un país profundamente electoralista.
En la misma línea, Alejandra Barrios identificó tres factores que distorsionan la competencia electoral: la injerencia de grupos armados, el clientelismo y las debilidades técnicas del sistema.
Carolina Rico propuso diferenciar entre irregularidades y la idea de un fraude estructural que invalide elecciones. A su juicio, el sistema colombiano cuenta con múltiples controles que hacen muy difícil un fraude masivo. Recordó que en cada proceso intervienen miles de actores —jurados, testigos y comisiones escrutadoras—, lo que reduce la posibilidad de una manipulación generalizada.
Juan Carlos Galindo defendió la solidez de la organización electoral y pidió no confundir errores técnicos con fraudes. Aseguró que el sistema ha mejorado con el tiempo y calificó como irresponsables las afirmaciones de fraude sin pruebas.
Finalmente, Catalina Botero centró su intervención en la responsabilidad de los funcionarios públicos al hablar de fraude electoral. Cuestionó las bases de algunas afirmaciones recientes y explicó que la decisión del Consejo de Estado mencionada no obligaba a la compra de un software electoral, sino que se trataba de un exhorto. “La prueba del fraude alegado no existe”, concluyó.
El director del Departamento de Derecho Constitucional, Humberto Sierra Porto, cerró el evento agradeciendo a los asistentes y panelistas por contribuir a una discusión informada sobre uno de los temas más sensibles para la democracia del país.
