«En este momento por el que atraviesa el mundo y el país, es indispensable cambiar o entender las finalidades del Derecho Penal»
Durante el desarrollo del conversatorio "¿Salud pública tras las rejas?", organizado por los Departamentos de Derecho Constitucional y Penal de la Universidad Externado de Colombia, con el liderazgo del Grupo de investigación Género, Derecho y Sociedad, se analizó el rol que juega el derecho penal precisamente en temas relacionados con la salud pública en Colombia.
Jaime Bernal Cuéllar, director del Departamento de Derecho Penal, insistió en que «este panel abre un verdadero espacio de discusión de temas trascendentales sobre el derecho, qué impacto ha tenido la globalización, la pandemia y los cambios comportamentales, frente al derecho. Por ejemplo fenómenos como la protesta social, la omisión en las vacunas, la migración, entre muchos otros, nos llevan a reflexionar en que resulta Indispensable cambiar o entender las finalidades del derecho penal, para que esté se convierta en una herramienta más efectiva y funcional para impartir justicia», señaló.
Por su parte Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional insistió en que «debemos tener una visión global de todos los temas coyunturales por los que está atravesando, no solo Colombia sino el mundo entero, en materia jurisprudencial. Este tipo de espacios académicos nos permiten profundizar en el en el análisis de aspectos relevantes del Derecho en nuestro país y compararnos a nivel internacional», puntualizó.
Desde la perspectiva de personas expertas en la salud pública, la economía, y varias ramas del derecho (constitucional, penal, internacional y Derechos Humanos), se analizaron las críticas y alternativas al uso del Derecho Penal en los ámbitos de la eutanasia, el aborto, el consumo de drogas y las enfermedades transmisibles, tales como el VIH/SIDA y el COVID-19.
En particular, analizaron decisiones judiciales recientes emblemáticas en estos temas, como la sentencia, C-248 de 2019 de la Corte Constitucional Colombiana que eliminó el delito “Propagación del virus de inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B” del Código Penal, la sentencia C-233 de 2021 de este mismo Tribunal que amplió el alcance del derecho a morir dignamente, y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, sobre la despenalización del aborto.
Los(as) expertos coincidieron en la ineficacia de las regulaciones penales excesivas en este abanico de temas, así como en los efectos inconstitucionales de las mismas en perjuicio de los derechos fundamentales de poblaciones históricamente discriminadas, y de las metas de salud pública.
Durante el conversatorio se comentaron experiencias comparadas exitosas de Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el Estado de Nueva York; en donde se ha reducido o eliminado el uso del Derecho Penal en materia de consumo de drogas y aborto, sin que se reporte un aumento de estas prácticas.
A manera de conclusión, los panelistas coincidieron en que es indispensable que la jurisprudencia colombiana continúe avanzando en este sentido, en pro del beneficio de los ciudadanos.