El proceso sancionatorio ambiental en Colombia. Asunto de estudio y actualización permanente
En la actualidad, las problemáticas alrededor del medio ambiente requieren de una especialización y profundización cada vez mayor, pues se trata de un sector interdisciplinario, variable y disperso.
Por: Luis Felipe Guzmán Jiménez. Docente – investigador, Universidad Externado de Colombia.
El proceso sancionatorio ambiental es una figura central para el Derecho Ambiental. Es la herramienta procesal de origen legal que permite ejercer un control sobre las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y, por consiguiente, para sancionar a los individuos que incurran en una conducta tipificada como infracción ambiental. La sanción administrativa conlleva, en cualquiera de sus modalidades, una consecuencia negativa para el administrado. Por ende, debería ser una actuación propia de una buena Administración donde las garantías procesales sean el eje articulador de todas las decisiones. Y, como toda potestad, la sancionadora también está sujeta a unos límites: el respeto y sometimiento al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 superior.
La Ley 1333 de 2009 es uno de los pilares del derecho ambiental colombiano, y es la concreción de la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar los daños al medio ambiente. Además, el derecho administrativo sancionador busca garantizar la preservación y restauración de los recursos naturales en la medida que no solo pretende sancionar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico, sino que también previene su realización. Debido a que son varias las autoridades ambientales que tienen potestad sancionatoria ambiental, hay que tener en cuenta que el procedimiento sancionatorio es una actividad reglada que debe ajustarse a los principios de la función pública, entre los cuales se encuentran la prevalencia del derecho sustancial y el debido proceso. En ese sentido, el procedimiento debe llevarse a cabo respetando las garantías constitucionales de los administrados, y el debido proceso.
Considerando las funciones de dichas autoridades ambientales como titulares de la potestad sancionatoria ambiental, resulta pertinente la capacitación y actualización de sus funcionarios, destinatarios y demás operadores jurídicos para el cumplimiento de la normatividad ambiental y el respeto de las garantías procesales. Para ello, es pertinente analizar las principales problemáticas del iter procesal definido en la Ley 1333 de 2009, así como las disposiciones específicas que regulan la actividad que debe desarrollar la entidad para el respeto del debido proceso y las garantías procesales constitucionales de los administrados. En ese contexto, y de acuerdo con las principales dificultades que afectan el desarrollo del proceso sancionatorio ambiental, la Universidad Externado de Colombia considera de vital importancia analizar la normatividad y las problemáticas jurídicas del régimen sancionatorio ambiental, así como las acciones que deben llevarse a cabo para garantizar los derechos de los sujetos que intervienen en el proceso y asegurar la efectividad de la norma.
Curso de actualización en derecho sancionatorio ambiental 2023:
Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de Derecho del Medio Ambiente del Externado ha estructurado un curso corto en el cual se pretende, bajo las bases conceptuales del proceso sancionatorio ambiental, descender a escenarios prácticos que a través del diálogo y el intercambio de saberes permitan explorar alternativas de solución bajo un ejercicio crítico y reflexivo. Dicho curso permitirá identificar, analizar y resolver los problemas asociados al procedimiento sancionatorio ambiental y, de esta manera, fortalecer el cumplimiento de los fines del curso. Este será un espacio propicio para reflexionar sobre las perspectivas y desafíos jurídicos en materia sancionatoria ambiental.
El curso tendrá una duración de 20 horas, en modalidad virtual, y dará inicio el próximo 16 de febrero del 2023. Dentro de los temas que se abordarán destacaríamos: la naturaleza de los actos administrativos en el procedimiento administrativo sancionatorio; las etapas, recursos y vicisitudes procesales de la Ley 1333 del 2009; la teoría del riesgo, la presunción de culpa y el dolo en los procesos sancionatorios ambientales; las medidas preventivas en materia ambiental; las garantías procedimentales en el ámbito sancionatorio ambiental; el ejercicio del derecho de defensa en los procesos sancionatorio; el cálculo de las multas en el procedimiento sancionatorio ambiental.
Finalmente, las mejoras legislativas del proceso sancionatorio ambiental no dan más espera. El balance de la Ley 1333 del 2009 no es el mejor, en términos de debido proceso administrativo y eficacia administrativa. Por lo tanto, es una tarea del SINA y todas las entidades que lo conforman –apoyadas en la academia, la sociedad civil y la empresa privada– enriquecer el debate para hacer una verdadera reforma. Que sea estructural en términos de organización como de actividad administrativa de carácter sancionatorio, donde el eje articulador sea el respeto por el debido proceso administrativo y cada una de sus garantías procedimentales.
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