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El MinTIC por una política pública de vigilancia preventiva

El viceministro general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Juan Sebastián Rozo Rengifo, dictó la charla organizada por el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones.

El conferencista expuso cómo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabaja para lograr una política pública cuyo eje central la prevención, con especial atención a la difusión de la política a las regiones, por medio de jornadas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales a cargo de los prestadores de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y postales del país.

Juan Sebastián Rozo Rengifo, viceministro general del Ministerio de las TICs y también egresado de la Facultad de Derecho del Externado, dio a conocer durante el encuentro cómo esta política pública se basa en la promoción de la autorregulación por parte de los prestadores de los servicios de comunicaciones (móvil y no móvil).

Según mencionó el viceministro, se debe realizar una serie de capacitaciones para lograr la apropiación de las herramientas que tiene el MinTic para los prestadores; es por ello que se hace tan importante la presencia de este Ministerio en las regiones:

“Estamos en el proceso de diseñar herramientas pedagógicas que ayuden al cumplimiento de las obligaciones de los operadores, reconociendo las limitaciones que tienen en las diferentes zonas del país. Así entramos a incentivar la cultura de suscripción de planes de mejoría y evitamos el inicio de sanciones”, agregó el viceministro Juan Sebastián Rozo.

Juan Sebastián Rozo Rengifo, viceministro general del Ministerio de las TICs

Para garantizar el desarrollo de esta política pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones ideó una normatividad la cual se divide en tres partes: el primero es el análisis previo del registro de obligaciones; el segundo se encarga de la verificación de los aspectos específicos y el tercero de la auditoría integral.

Lo anterior se hace con el fin de brindar una herramienta fundamental de vigilancia preventiva, que, según el viceministro, tiene como propósito que los prestadores propongan mejoras en sus procesos internos.

Además, que a partir de esta política pública se logre incentivar a los prestadores para que adquieran un mayor compromiso en la solución de fondo y que se puedan corregir las situaciones evidenciadas o problemáticas encontradas por el equipo de vigilancia preventiva.

“Si este procedimiento en ultimas no da resultados, el incumplimiento de al menos una de las acciones correctivas contenidas en el plan de mejora, activará el procedimiento de investigación administrativa”, enfatizó Rozo Rengifo.