El Externado y la Contraloría General de la República conmemoraron el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción
Se llevó a cabo en Casa de Estudios el evento conmemorativo del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, organizado por la Contraloría General de la República. La jornada reunió a las cabezas de los órganos de control, a la judicatura, a la academia y al sector privado en torno al panel “Justicia, transformación moral y ética pública: retos actuales del Estado colombiano”, en el que participó como panelista el Dr. Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional y exmagistrado de la Corte Constitucional.
La instalación estuvo a cargo del Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, quien presentó un balance de su gestión y destacó que el número de investigaciones y de fallos con responsabilidad fiscal evidencia la importancia de contar con capacidades institucionales robustas. Insistió en que la trazabilidad debe llevarse desde la etapa de planeación hasta la ejecución misma y recorrió las fases del control fiscal: prevención, detección, seguimiento, auditoría y proceso de responsabilidad fiscal. Cerró su intervención advirtiendo que la correcta ejecución presupuestal no se mide únicamente por el porcentaje de recursos comprometidos, sino por la efectiva utilización de la obra, pues no basta con comprobar que el recurso salió del presupuesto, es preciso verificar que se materializó en el fin legítimo pretendido.
A continuación, el Dr. Jorge Eliécer Laverde, Contralor General de la República electo, expuso su visión de futuro. Señaló que el control fiscal no es una disciplina de cifras y expedientes, sino de cuidado de las personas y de los recursos, y que la corrupción es, en el fondo, un problema de agencia, pues el administrador es mandatario del pueblo, verdadero dueño de los recursos. Advirtió que prevenir es advertir a tiempo, no gobernar por sustitución, y anunció cuatro ejes de su próxima gestión: la recuperación efectiva de los recursos en lugar de informes inertes; la cooperación con la Fiscalía, la Procuraduría y la Auditoría; un código único de responsabilidad fiscal que sistematice una materia hoy dispersa; y una vigilancia especializada de los recursos destinados a la reconstrucción del suroccidente del país tras el terremoto.
Por su parte, el Dr. Gregorio Eljach Pacheco, Procurador General de la Nación, recordó que fue a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán que se expidió la Ley 668 de 2001, mediante la cual se institucionalizó esta conmemoración. Abogó por un enfoque centrado en la prevención y no exclusivamente en la sanción, con formación en ética desde los colegios, y subrayó que la función disciplinaria no puede utilizarse como un mecanismo propagandístico ni revanchista. En esa línea anunció la puesta en funcionamiento de la Universidad del Ministerio Público, que ofrece a los servidores públicos gratuidad en el estudio y la posibilidad de adelantarlo en horas de trabajo.
El panel: más allá de la respuesta punitiva
El panel fue moderado por el Dr. Carlos Enrique Silgado Betancourt, Vicecontralor General de la República, quien advirtió que hablar de corrupción no implica necesariamente hablar de normas y formuló la pregunta que orientó la discusión: ¿qué medidas concretas deberían aplicarse para que la lucha contra la corrupción trascienda el ámbito sancionatorio?
La Dra. Paula Robledo Silva, Rectora de la Universidad del Ministerio Público, abrió el panel con una reflexión a propósito del terremoto, mencionó que la corrupción aparece siempre como una sombra que va cubriéndolo todo, incluso en los momentos más dolorosos. Señaló que en escenarios de crisis se exige simultáneamente velocidad y transparencia, dos requisitos difíciles de garantizar a la vez, y sostuvo que la educación es un motor de transformación social que, cuando es pública y está dirigida a servidores públicos, eleva el estándar de responsabilidad.
El Dr. Alfonso Palacios Torres, Vicepresidente Jurídico de la ANDI, añadió que la trazabilidad se ve torpedeada por la informalidad empresarial, y propuso estrechar las relaciones entre lo público y lo privado como vía para generar confianza a partir del conocimiento recíproco.
El Dr. Carlos Camargo Assis, Magistrado de la Corte Constitucional, recordó que la jurisprudencia ha reconocido la especial preponderancia del derecho de acceso a la información pública, en tanto instrumento para el ejercicio de otros derechos y garantía inexorable del control ciudadano. Más adelante situó el problema en tres frentes, el diseño normativo y el régimen de sanciones, la capacidad institucional y la efectividad de las decisiones, para advertir que el verdadero desafío consiste en comprenderlos como variables interdependientes. Un marco normativo robusto sin capacidad institucional que lo materialice queda en el papel, y una institucionalidad fuerte que carezca de cultura cívica no dispone de cauces efectivos para cumplir sus fines.
El Dr. Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, expuso la experiencia de la jurisdicción disciplinaria desde la Sentencia C-948 de 2002 y el Acto Legislativo 02 de 2015. Destacó que la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia incorporó por primera vez funciones de policía judicial disciplinaria, con las cuales se creó la Unidad Nacional de Policía Judicial Disciplinaria, un cuerpo técnico integrado por profesionales de distintas disciplinas y conformado por servidores de carrera.
Advirtió, además, sobre un desafío probatorio inédito: la Comisión ya se ha enfrentado a pruebas manipuladas y a deepfakes, al punto de que existen fallos de primera instancia revocados en segunda por haberse fundado en simulaciones. Propuso desarrollar la figura del delator, establecer procedimientos diferenciados para los asuntos de corrupción y hacer efectiva la defensa técnica disciplinaria prevista en la Ley 2094 de 2021.
Los límites del derecho sancionador:
La intervención del Dr. Humberto Sierra Porto introdujo una mirada crítica y estructural sobre el modelo colombiano de lucha contra la corrupción. Su punto de partida fue el principio de legalidad, al que identificó como la primera de las barreras, mencionó que el alcance que se le reconoce varía según el criterio del funcionario encargado de disciplinar y esa aplicación disímil se traduce en imprevisibilidad, en inseguridad jurídica y, finalmente, en inacción por parte de la Administración Pública.
Para ilustrar el fenómeno acudió a una analogía con la justicia constitucional. Señaló que la Corte Constitucional, mediante sentencias interpretativas y aditivas, ha terminado convirtiéndose en la última instancia del proceso legislativo, y que la expansión de la justicia constitucional ha ido vaciando de contenido al Congreso de la República. Algo equivalente, afirmó, ocurre hoy con el derecho disciplinario: cada vez se le atribuyen más competencias y más estructuras, en una suerte de populismo político que multiplica delegadas y dependencias sin resolver el problema de fondo. Lo que se está legitimando, advirtió, es un ejercicio exacerbado del derecho sancionador, mientras que “la Administración Pública es la que tiene que desarrollarse en este país”.
El director de nuestro Departamento planteó también una redefinición de la noción de resultado. Se preguntó si el éxito consiste en llevar a todos a prisión y lo ilustró con el manejo de los recursos de regalías: los municipios y las entidades territoriales deben contratar conforme a la Ley 80, pero muchos carecen de la capacidad para hacerlo y, ante el incumplimiento, la respuesta del Estado es la sanción disciplinaria o penal en lugar de la obra efectivamente ejecutada. En ese sentido, concluyó que los órganos de control no son simples sancionadores, sino instituciones que deben partir de una idea compartida de Estado, y a los funcionarios hay que dotarlos de un método que les permita saber con claridad qué deben y qué no deben hacer.
Cultura empresarial y coordinación institucional
En la ronda final, el Dr. Alfonso Palacios Torres sostuvo que la corrupción no es un problema de legalidad sino de cultura, y propuso tres políticas públicas que anteceden y hacen posible una política anticorrupción: la formalización empresarial en sus dimensiones tributaria y laboral, la transparencia corporativa conforme a los estándares de la OCDE y una política del mérito. Recordando a Michael Sandel y sus “límites morales del mercado”, advirtió que el mérito solo funciona en una sociedad que lo valore, de allí donde la influencia o el soborno producen resultados, el mérito deja de ser apreciado y termina convirtiéndose en un lastre dentro de la competencia.
La Dra. Paula Robledo Silva cerró la discusión retomando expresamente lo señalado por el Dr. Humberto Sierra Porto en el sentido que el país no necesita más normas ni más institucionalidad, sino coordinación entre lo que ya existe. Recordó la obra colectiva publicada en 2018 por esta Casa de Estudios, que ya diagnosticaba la sobreproducción normativa y el exceso de institucionalidad, y formuló tres propuestas concretas: discutir la extensión a otros órganos de control del acceso a información previsto en el artículo 16 de la Ley 2195 de 2022, hoy reservado a la Procuraduría, adoptar protocolos de coordinación e intercambio de información entre las jurisdicciones penal, disciplinaria y fiscal, y fortalecer la rendición de cuentas. Sobre este último punto advirtió que el ciudadano tiene hoy mayor acceso a la información que nunca antes, pero también mayor incertidumbre sobre su veracidad, de modo que un control claro, ágil y oportuno resulta indispensable para no romper la confianza ciudadana.
Como conclusión de la jornada, los panelistas coincidieron en que la lucha contra la corrupción no puede agotarse en la perspectiva normativa ni en la sancionatoria, y en que el país no requiere más normas ni más institucionalidad, sino coordinación efectiva entre las instancias existentes. El marco normativo, la capacidad institucional y la efectividad de las decisiones son variables interdependientes; y el fortalecimiento del sistema de mérito, la educación en ética y una rendición de cuentas oportuna resultan tan determinantes como el propio aparato sancionador.
