El Derecho debe ser un instrumento efectivo para brindar soluciones a nuestro país

Los Departamentos de Derecho Constitucional y Penal del Externado, junto con la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería de Bogotá, realizaron el seminario ‘Uso y abuso del derecho sancionador en el Estado constitucional colombiano’.

Este tema resulta de gran relevancia para la academia, los(as) servidores(as) públicos(as), y la sociedad, de cara a una coyuntura social, política y jurídica en la cual es objeto de diversos cuestionamientos en relación con su legitimidad, su conformidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su eficacia para enfrentar la corrupción, su idoneidad para subsanar la desconfianza de la ciudadanía frente a servidores(as) públicos(as), su utilidad para enfrentar la criminalidad, y su desproporcionalidad.

Para el rector del Externado Hernando Parra Nieto, este foro académico tiene el objeto de estudiar el derecho sancionador como un área de indudable relevancia en el panorama jurídico actual, dado su carácter de herramienta de uso de la fuerza legitima del Estado, destinada a la protección de intereses jurídicamente relevantes y como instrumento de reproche proporcional a conductas contrarias a derecho.

“Resulta de especial importancia no solo para la comunidad académica, sino también para los funcionarios encargados del ejercicio penal, sancionatorio y disciplinario, tener en cuenta la forma en que se aplican las garantías sustanciales y procesales en el ejercicio de esta función”, señaló.

Gracias a su naturaleza sancionatoria, es importante resaltar su carácter de protección constitucional de los derechos y libertades de todas las personas.

Así lo indicó el profesor Jaime Bernal Cuellar, director del departamento de derecho Penal, quien insistió en que “se debe concretar el Derecho Sancionatorio dentro de un punto de equilibro, que establezca una acción que evite la impunidad y salvaguarde la libertad como derecho fundamental de toda persona”.

A su vez, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello mencionó que, la facultad disciplinaria tiene una relación directa con el derecho sancionador que a su vez tiene afinidades con el derecho penal y penitenciario, por lo que es preciso afirmar que invade todas las áreas especiales y generales del Derecho que son esenciales para defender los derechos, libertades y la Democracia.

“El debate está vivo, bienvenidas las opiniones diversas; hay que analizar con claridad la eficiencia y eficacia de aplicar de forma literal o evolutiva el contenido normativo del artículo 23-2 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su marco o su implementación en nuestra institucionalidad. Ojalá que surja de aquí un buen debate, buenas opiniones y buenas reflexiones, para que sigamos avanzando y aceptar con tranquilidad y serenidad la decisión que está en buenas manos, como lo es la Corte Constitucional, compuesta por magistrados respetados y respetables, quienes tienen la dura labor de determinar cuál va a ser la orientación para sancionar a los funcionarios de elección popular en nuestro país”, concluyó.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue enfática en afirmar que “es la Corte Constitucional, quien tiene la última decisión de interpretación, de ser la instancia de cierre, que en última instancia interpreta de cómo se ajusta las normas a nuestro marco constitucional”. Por consiguiente, esto ayuda a mejorar la Inequidad social y económica, toda vez que este Tribunal es quien protege los derechos y libertades fundamentales.

José Fernando Reyes, magistrado Corte Constitucional, señaló que en otros tiempos la materia disciplinaria en las instituciones estatales era un asunto sin ninguna trascendencia e importancia, o por lo menos su interés y alance era reducido.

“Con el tiempo se vino a tomar nota que en una democracia, el derecho sancionatorio y sus diversas expresiones, tiene grandes posibilidades de ser un instrumento confiable para lograr el cumplimiento de las metas y las finalidades del Estado de cara a los ciudadanos, y más aún para luchar contra un mal que no es nuevo, pero que ahora se ha enquistado en la medula de la sociedad misma, que crece exponencialmente y que amenaza con la pervivencia de nuestras naciones como lo es la corrupción”, destacó.

Por último, el director del Departamento de derecho Constitucional, Humberto Sierra Porto, argumento que la no aplicación del régimen sancionatorio empeorá la sensación y hecho fáctico de impunidad y abuso sistemático que se presenta en nuestro país.

“Los criminólogos, los sociólogos, los filósofos y los juristas, tenemos que empezar a dialogar en un lenguaje común. El derecho sancionatorio debe ser tratado por múltiples disciplinas para lograr la mejor aplicación de la normatividad existente. El derecho debe ser un instrumento efectivo para brindar soluciones a nuestro país”.

Y agregó “independientemente de los debates jurídicos, lo fundamental es que nuestras autoridades, sean objetivas, imparciales y comprometidas con la legalidad y con los Derechos Humanos, lo demás poco a poco se puede ir corrigiendo”.