Sesión No. 15 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta
La Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta llevó a cabo su Sesión No. 15 de este año 2026, “Las disfunciones de un sistema político sin partidos políticos”, con el Dr. Humberto Sierra Porto como invitado de esta ocasión.
La sesión, moderada por la Dra. Floralba Padrón Pardo, directora del Instituto, contó con la participación del Dr. Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Corte Constitucional colombiana. Al abrir la jornada, la moderadora destacó que la sesión se inscribía en el ciclo de reflexiones sobre las reglas de la democracia, el sistema electoral y el derecho parlamentario, y planteó los interrogantes centrales del debate: qué ocurre en la práctica institucional cuando la figura del partido se desdibuja y qué efectos produce ese vacío sobre la gobernabilidad y el equilibrio entre las ramas del poder.
El Dr. Sierra Porto planteó como tesis central que, a partir del Acto Legislativo 01 de 2003, el ordenamiento colombiano adoptó una visión “partido céntrica” que buscó forzar la articulación de la política e injertar instituciones propias de los sistemas parlamentarios en un régimen marcadamente presidencialista. A su juicio, ese propósito de racionalizar a los partidos no solo fracasó en cohesionar la representación ciudadana y frenar la fragmentación, sino que generó profundas distorsiones institucionales: acentuó la desconfianza democrática, favoreció la inestabilidad de los mandatarios locales mediante el abuso del derecho sancionatorio y profundizó la concentración del poder en cabeza del Ejecutivo.
El ponente explicó que el diseño originario de la Constitución de 1991 prolongó la lógica de la Carta de 1886, en la que los partidos se concebían como fenómenos espontáneos de la sociedad civil, escasamente regulados por el derecho. Ese esquema derivó en la dispersión electoral conocida como la «operación avispa», que impidió a la ciudadanía identificar interlocutores claros y dificultó la negociación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Frente a ese escenario, la reforma de 2003 buscó racionalizar el sistema en torno a los partidos, reduciendo el número de agrupaciones mediante umbrales, listas únicas y personerías jurídicas más exigentes; sin embargo, para el conferencista, al hiperregular la vida interna de los partidos y dotarlos de un poder casi monopólico sobre candidaturas y avales, la reforma terminó agravando la crisis de legitimidad y desconfianza que pretendía resolver.
El Dr. Sierra subrayó que las normas no operan en el vacío, sino sobre una realidad material concreta. Una de las principales fallas del diseño de 2003 consistió en incorporar artificialmente figuras propias de los sistemas parlamentarios europeos como el régimen de bancadas, la disciplina partidista estricta o la moción de censura a un régimen presidencialista habituado a la negociación pragmática y a la preponderancia del Ejecutivo. En esa línea, criticó la mutación del mandato parlamentario, que pasó de concebirse como un mandato representativo libre a uno imperativo, atando de forma sancionable a los congresistas y a los miembros de corporaciones públicas a las directrices de sus partidos y desnaturalizando la deliberación propia de los cuerpos colegiados.
El expositor sostuvo que la regulación se concentró de forma exclusiva en la función instrumental de los partidos como el acceso al poder, las personerías jurídicas, los umbrales, los avales y la financiación estatal y descuidó su dimensión sustantiva, es decir, su papel como comunidades políticas que canalizan demandas sociales, representan idearios claros y forman la cultura cívica. En Colombia, advirtió, la adscripción ideológica es precaria: los partidos desdibujaron sus principios fundacionales y se convirtieron en maquinarias electorales subordinadas a la lógica transaccional y clientelar con el Gobierno de turno. A ello se sumó la paradoja de permitir la coexistencia de listas cerradas y abiertas con voto preferente, pues estas últimas reprodujeron al interior de las colectividades la atomización y el «canibalismo electoral», mientras el umbral y las circunscripciones especiales terminaban excluyendo a amplios sectores de la representación.
Finalmente, el Dr. Sierra Porto cuestionó la tendencia colombiana a acudir al derecho sancionatorio como principal herramienta para moldear la conducta política. Advirtió que judicializar la desobediencia interna no genera por sí sola una cultura de disciplina democrática y que el traslado del control político a jueces y tribunales disciplinarios ha desnaturalizado la deliberación. En ese marco, expuso el crecimiento exponencial de la prohibición de la doble militancia como causal de nulidad electoral en la jurisprudencia del Consejo de Estado y alertó sobre la inseguridad jurídica derivada de su modalidad de apoyo, que ha obligado a los jueces a valorar de manera subjetiva las intenciones de los candidatos, dando lugar a precedentes contradictorios.
Entre las conclusiones del encuentro se destacó que el intento de racionalizar la política colombiana mediante el partido centrismo del Acto Legislativo 01 de 2003 fracasó, pues la hiperregulación convirtió a los partidos en organizaciones orientadas al acceso al poder, sin consistencia ideológica sustantiva y desconectadas de la ciudadanía. Asimismo, se advirtió que la importación de instituciones parlamentarias a un régimen marcadamente presidencialista debilitó la capacidad de control del Congreso sobre el Ejecutivo y favoreció la concentración del poder, y que el uso desmedido del derecho sancionatorio consolidó un escenario de inseguridad jurídica que judicializó la política y erosionó aún más la confianza ciudadana en la democracia representativa.
