La intención es que las(os) deudoras(es) actuales se conviertan en motores de consumo, producción y progreso
Nuestra Casa de Estudios en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollaron el foro especializado ‘Retos y oportunidades del trámite de insolvencia de persona natural’.
Este importante encuentro académico congregó a las más altas dignidades del sector judicial y gubernamental, entre ellos el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo; el viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas; y la directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Martha Eugenia Ramos, con el firme propósito de evaluar las transformaciones normativas que rigen el sobreendeudamiento en el país.
Durante la apertura del evento, se enfatizó que la insolvencia de la persona natural ha dejado de ser vista como un mecanismo secundario o residual del derecho concursal tradicional enfocado en los grandes empresarios.
El rector Hernando Parra Nieto sostuvo que la insolvencia de la persona natural es, ante todo, una herramienta de justicia social.
“Cuando una persona pierde su empleo, enferma o enfrenta un gasto inesperado, y esa circunstancia la sumerge en un sobreendeudamiento del que no puede salir por sus propios medios, el derecho tiene la obligación de ofrecerle una salida digna”, precisó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, insistió en que esta herramienta es un mecanismo vital para dar solución a quienes pasan por una difícil situación.
“La insolvencia no es solo un proceso legal, es una herramienta de paz social, de justicia social, que permite que el deudor que ha sufrido un quebranto económico retorne a la actividad productiva. Al normalizar las relaciones crediticias bajo la presunción de buena fe, permitimos que deudoras(es) que hoy son sujetos pasivos se conviertan nuevamente en motores de consumo, de producción, de progreso, lo cual también es fundamental para la reactivación económica del país.”, señaló.
El núcleo del debate giró en torno a la implementación de la Ley 2445 de 2025, una reforma normativa que representa un avance de gran envergadura para la realidad económica de millones de familias colombianas.
Entre las modificaciones más destacadas de esta nueva legislación se encuentran:
- Reducción sustancial del umbral de cesación de pagos exigido para acceder formalmente al trámite.
- Extensión de sus beneficios y cobertura hacia los pequeños comerciantes.
- Habilitación legal de las audiencias virtuales, una medida que busca derribar barreras geográficas y acercar los mecanismos de justicia formal a los territorios más apartados y vulnerables de la geografía nacional.
- El nuevo marco normativo fortalece de manera decidida las garantías ciudadanas frente a las prácticas abusivas de cobro que con frecuencia asedian a los deudores.
A manera de conclusión, las(os) expertas(os) insistieron en que la efectividad de la ley no depende únicamente de una excelente técnica legislativa, sino de la articulación armónica de un sistema institucional robusto, operado por profesionales debidamente capacitados y ciudadanos bien informados.
El gran reto del sistema consiste en equilibrar con estricta justicia y equidad los derechos de los deudores de buena fe con las legítimas garantías de los acreedores, asegurando que el mecanismo no sea un foco de fraudes sino un motor de reactivación personal.
