El fenómeno de la corrupción desde la mirada del derecho administrativo

Expertos(as) analizaron la incidencia real de la corrupción y su impacto en la administración pública desde una perspectiva global.

La gran discusión a nivel internacional sobre el tema de la corrupción y la ruptura del funcionamiento normal de la administración pública no solo impacta en el ámbito estatal y en el patrimonio público, sino en la cotidianidad y en la vida de todos(a) nosotros(as).

Según Jaime Orlando Santofimio, docente del Departamento de Derecho Administrativo del Externado, la discusión ha llegado a ser tema de interés en los organismos de Derechos Humanos, tanto así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos produjo la resolución 01 en 2018, documento que vincula el tema de la corrupción con violaciones a los derechos humanos.

“Esto abre un camino interesante para la judicialización en el sistema de los actos de corrupción y el impacto en los derechos humanos. Los informes de organismos internacionales nos hablan de que hay escenarios gravísimos de corrupción en la administración pública y que viene deteriorando el funcionamiento normal del Estado que ha impactado, incluso, en el ámbito de los derechos humanos y sobre todo en la dignidad humana”, aseguró Santofimio.

Para Adriana Gómez, abogada de nuestra Casa de Estudios y experta en ‘compliance’, hay que ver la corrupción desde el ámbito de la materialidad con un enfoque de gestión de riesgos, porque desde la administración pública se debe establecer estándares de buenas prácticas y códigos de conducta.

“Los dos principales riesgos globales son la corrupción y el lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay que establecer mecanismos preventivos y hablar de ‘compliance’ en la administración pública para alertar, prevenir y mitigar riesgos, garantizando el correcto funcionamiento del manejo y el destino de los recursos”, confirmó Gómez.

De acuerdo a la firma Risk Consulting Global Group, en Colombia el 73% de los casos reportados constituyen corrupción administrativa o en el sector público; además, las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa.

Las consecuencias de la corrupción son muy claras. En términos sociales hay aumento de las desigualdades sociales y de la inseguridad; en términos políticos, perdida de confianza en las institucionales, manipulación de la soberanía popular, entre otros; y en el ámbito económico, reduce la inversión y la competencia.

“Desde una perspectiva jurídica la represión no resuelve el problema de la corrupción como hemos visto en gran parte del continente. Debemos combatir las raíces legales de la corrupción y dotar al Estado de instrumentos de transparencia y control efectico”, comentó el invitado de Brasil Rafael Valin.