Seguridad en Bogotá: el debate urgente sobre la eficacia del sistema penal
En nuestra casa de estudios se llevó a cabo el foro ‘La Seguridad Ciudadana: Bogotá enfrenta retos en la lucha contra el crimen. ¿Está el sistema procesal penal a la altura de las necesidades de seguridad ciudadana?’, un espacio académico de alto nivel organizado en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, que reunió a destacadas personalidades del sector gubernamental, judicial, administrativo y académico.
La criminalidad en Bogotá continúa siendo una preocupación estructural que impacta directamente a la ciudadanía. De acuerdo con registros oficiales consolidados a partir de información de la Policía Nacional, en 2025 la ciudad registró 1.173 homicidios, lo que mantiene una tasa cercana a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador clave para el análisis de la seguridad ciudadana y el seguimiento del delito. A nivel nacional, las cifras también reflejan un deterioro del panorama: Colombia cerró 2025 con más de 14.700 homicidios, el registro más alto de la última década, según datos oficiales de Medicina Legal y del sistema de información del Estado.
Esta realidad no nos es ajena. La violencia que atraviesa la ciudad también impactó profundamente a nuestra comunidad tras el asesinato del profesor Neill Felipe Cubides, un hecho que evidenció con crudeza la capacidad de las estructuras criminales y que hoy convoca, con mayor urgencia, a reflexionar sobre la eficacia del sistema penal frente a estas dinámicas.
Como consecuencia de este contexto, el foro académico organizado por nuestro Departamento de Derecho Penal se planteó como un ejercicio serio de diagnóstico y construcción colectiva. En él se abordaron asuntos críticos como la reincidencia delictiva, las debilidades en los procesos de judicialización, la coordinación institucional y la necesidad de repensar la política criminal frente a las dinámicas actuales de la delincuencia urbana.
El rector, Hernando Parra Nieto, abrió la discusión con una reflexión sobre la capacidad del sistema penal para responder a estos desafíos, enfatizando que no se trata de responsabilizar a los operadores del sistema:
“Resulta importante además expresar algo con claridad: este no es un problema que pueda atribuirse, de manera simplista, a jueces, fiscales o cuerpos de policía. Quienes integran el sistema penal cumplen su labor con compromiso y suma profesionalidad. El desafío parece estar, en buena medida, en la propia configuración normativa del sistema, que en ciertos aspectos puede no responder adecuadamente a las dinámicas actuales de la criminalidad urbana y a su evolución”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, centró su intervención en la necesidad de fortalecer la política criminal desde enfoques más eficaces. Por un lado, resaltó la justicia restaurativa como una herramienta clave para combatir la reincidencia y, por otro, expresó su preocupación frente a la falta de control por parte del Ejecutivo para garantizar la adopción de medidas efectivas ante los casos de violencia.
“Me preocupa mucho el actor clave en la política criminal que es el Ejecutivo y el Estado. El Gobierno Nacional está romantizando la delincuencia. Eso puede sonar secundario, pero no lo es. El ejercicio de la justicia no es venganza”, resaltó el alcalde.
Desde una perspectiva jurídica, Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la ciudad enfrenta un problema de seguridad complejo y que, por ello, es fundamental fortalecer la articulación entre las distintas entidades.
“Hay que hacer un ejercicio de reflexión. La Sala ha avanzado en la necesidad de revisar el enfoque correctivo, identificar dónde se están fijando pautas de interpretación y analizar cómo ha evolucionado la ley de utilidad pública para determinar en qué casos procede un proceso de readaptación social”, manifestó.
Posteriormente, docentes y expertas(os) de entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía de Bogotá participaron en tres paneles en los que compartieron experiencias, conocimientos, casos de éxito y casos fallidos, con el fin de analizar cómo mejorar la operatividad del sistema judicial en casos relacionados con la delincuencia organizada.
Sobre ello, el director del Departamento Penal, Yesid Reyes, explicó:
“No hay que tratar la delincuencia como una única manifestación criminal. El delito ha cambiado; los delincuentes tienen una gran capacidad de adaptación. Hace falta que las instituciones del Estado, tanto nacionales como locales, actúen de manera coordinada frente a las dinámicas criminales, con herramientas que permitan dar tratamientos diferenciados a las estructuras criminales”, señaló.
Al finalizar los diferentes paneles, en los que participaron las(os) docentes Luisa Fernanda Caldas, Alexander Andrade, Darío Bazzani y Juan David Bazzani, así como autoridades del poder judicial y policial, se presentaron conclusiones que apuntan a la necesidad de fortalecer la articulación institucional y de realizar ajustes normativos que permitan que el sistema penal responda de manera más eficaz a las dinámicas actuales de la criminalidad organizada en Bogotá y en Colombia.
