En el Externado se habló sobre la reforma al Código de Procedimiento Penal
Este fue un espacio de reflexión en el que representantes de diferentes instituciones examinaron las modificaciones propuestas a la Ley 906 de 2004 y sus efectos en la administración de justicia.
Con el propósito de promover un diálogo académico sobre el futuro de la justicia penal en Colombia, el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia realizó el foro ‘Reforma al Código de Procedimiento Penal’, en el que expertas(os) de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Pública, el Gobierno Nacional y la academia analizaron los alcances, los desafíos y las posibles implicaciones de la reforma al sistema procesal penal colombiano.
La jornada inició con la intervención de Carlos Roberto Solórzano, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien destacó la importancia de analizar las iniciativas legislativas desde una perspectiva que permita identificar los problemas del sistema judicial y evaluar cuidadosamente las consecuencias de las soluciones propuestas. Asimismo, el magistrado invitó a desarrollar una discusión académica que contribuya a fortalecer el procedimiento penal colombiano, sin perder de vista las garantías constitucionales y los derechos de quienes intervienen en los procesos.
Luego, Juliana Martínez Molina, viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó los principales aspectos de la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional. Expuso cinco transformaciones estructurales: la audiencia facultativa de formulación de imputación y terminación anticipada, el control material de la imputación y la acusación, la reorganización de competencias judiciales, la diferenciación entre el allanamiento a cargos y los preacuerdos, y la armonización de garantías y términos procesales. Estas modificaciones buscan que los jueces de conocimiento concentren sus esfuerzos en los asuntos que requieren juicio oral, mientras se fortalecen los mecanismos que permiten resolver anticipadamente determinados procesos.
El primer panel de la jornada estuvo dedicado a la audiencia facultativa de formulación de imputación y a la audiencia de terminación anticipada, dos de los aspectos que plantean cambios significativos en el desarrollo de los procesos penales. En este espacio participaron Gustavo Barbosa Neira, juez penal municipal con función de control de garantías; Libia Amparo Gil Gil, fiscal 81 especializada de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación; José Manuel Díaz Soto, asesor de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y docente de la Universidad; y Ángela María Buitrago, docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología. La conversación fue moderada por Luisa Fernanda Cárdenas, docente de la misma unidad académica.
Entre los principales asuntos abordados estuvieron la distribución de competencias entre jueces, la capacidad institucional para asumir nuevas responsabilidades, la protección del debido proceso, la suficiencia de los elementos probatorios y la efectividad de los mecanismos de terminación anticipada.
En la jornada de la tarde se examinaron la aceptación de cargos, los acuerdos y preacuerdos, así como los roles de los jueces de control de garantías y de conocimiento. Este encuentro permitió contrastar los objetivos de la iniciativa gubernamental con las experiencias de quienes participan directamente en la investigación, la defensa y el juzgamiento de los procesos penales.
Con este tipo de escenarios, el Departamento y la Universidad promueven el debate jurídico, el análisis crítico de las transformaciones legislativas y la construcción de espacios de diálogo entre la academia y las instituciones, para contribuir a la reflexión sobre los desafíos de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.
