Lucha contra la corrupción: claves para pasar de la retórica a la realidad en el próximo cuatrienio

Por: Carolina Isaza Espinosa y David Ortiz Escobar
Como es usual en época electoral, la promesa de acabar con la corrupción ha sida una pieza central en las propuestas de los candidatos presidenciales. Es habitual que el discurso político ponga a la corrupción en el centro de todos los problemas del país, pues, según encuestas de opinión, para una mayoría de ciudadanos la corrupción es el problema más grave del momento.[1]

También es usual que los candidatos encadenen la corrupción con diferentes temas como la política social, los gastos e ingresos fiscales, la protección del medio ambiente, la política educativa y el funcionamiento de la justicia y del sistema político. Hablar de corrupción en tiempos de campaña es, además, una estrategia para llamar la atención de los votantes, ya que la corrupción, sobre todo en su dimensión escandalosa y mediatizada, resuena profundamente en las emociones de los ciudadanos, genera indignación y motiva la movilización social.

Durante las últimas décadas, la sociedad colombiana ha estado más dispuesta a manifestarse a través de mecanismos no convencionales, como la protesta. Si las demandas sociales, en particular la disminución de la corrupción, no se atienden de forma ordenada y efectiva, el gobierno y las instituciones sufren una pérdida de legitimidad. Si siguen destapándose escándalos de corrupción o no se perciben avances, la ciudadanía puede volcarse aún más hacia el uso de mecanismos no institucionalizados de participación. Aunque hemos encontrado que los colombianos usan estos mecanismos como un complemento, no como un sustituto, de los mecanismos convencionales de participación, como el voto, esto puede desembocar en espirales descendentes de pérdida de legitimidad y desinstitucionalización (Arévalo et al., 2021).

Por lo tanto, el próximo gobierno debería tomar medidas concretas, realistas y de resultados rápidos contra la corrupción. Sin embargo, es difícil encontrar en las propuestas de los candidatos presidenciales estrategias claras para abordar el tema. Normalmente se proponen medidas simplistas o populistas, medidas ya existentes en el ordenamiento jurídico o, en el peor de los casos, soluciones que van en contravía del Estado social de derecho. Por ejemplo, algunas propuestas, que apelan a la venganza social, han demostrado su inutilidad, como es el caso de elevar las penas y recortar los beneficios a los involucrados en actos de corrupción. Casos recientes han demostrado que esto tiene un impacto nulo en prevenir la corrupción.

En este contexto, ¿cuáles son aquellos aspectos que debería tener en cuenta el próximo gobierno para aumentar la integridad?

Primero, se deben implementar herramientas que ya existen en la ley, en especial lo consignado en la Ley 2195 de 2022. En este sentido es necesario implementar los mecanismos de protección a denunciantes, con medidas especiales para los ciudadanos, los servidores públicos y los trabajadores de empresas que pueden estar involucradas en casos de corrupción y que decidan denunciar.  Por otro lado, esta misma Ley establece la noción de reparación a las víctimas de casos de corrupción, pero es necesario concretar los mecanismos financieros y jurídicos mediante los cuales se realizará esta reparación, además de estudiar la viabilidad de esta medida, que podría ser impracticable en muchos casos de corrupción.

Segundo, en lo relativo a la rendición de cuentas y el balance de poderes, es importante replantear la estructura de los organismos de vigilancia y control, en particular la forma en que se escogen sus directivas. En el sistema actual, estos organismos están politizados y carecen de independencia, lo que les resta legitimidad y efectividad. El sistema de balance de poderes quedó desajustado con la reelección presidencial y actualmente no está funcionando en la manera en que fue diseñado. Lo anterior no solo es válido para los organismos de vigilancia y control del orden nacional, sino también del orden territorial.

Tercero, es necesario avanzar en la agenda de digitalización y gobierno abierto, que se han convertido en herramientas fundamentales para luchar contra la corrupción. Los ciudadanos deben disponer de cada vez más y mejores datos en temas como presupuesto, contratación y ejecución de recursos públicos, teniendo en cuenta que estos solo son de utilidad si están en formatos fácilmente procesables e integrables. Experiencias internacionales han demostrado, además, que los trámites en línea y la simplificación de procesos pueden crear una relación más fluida y transparente entre los ciudadanos y el Estado, eliminando así oportunidades para materializar actos de corrupción.

Por otro lado, se pueden integrar sistemas de blockchain para dar más transparencia a la contratación pública, el recaudo de impuestos y otras actividades de la administración pública, pero para ello se requiere incorporar la autenticación de los usuarios en una tecnología que es por defecto anónima. En cualquier caso, las soluciones basadas en tecnología no son panaceas y requieren unos servidores públicos que entiendan los alcances y las limitaciones de estas y un diseño de herramientas que sean aplicables al contexto colombiano, incluyendo la persistencia de la brecha digital y la desigualdad de oportunidades (Isaza y Zárate, 2021).

Cuarto, en la raíz de muchos de los problemas de corrupción está la política electoral, el financiamiento de campañas y el funcionamiento de los partidos políticos. En ese sentido, el hecho de tener dos candidatos que se han presentado como antiestablecimiento y distanciados de la clase política y sus prácticas podría ser útil, si lo aprovechan para abordar reformas necesarias en el funcionamiento de partidos, campañas y la relación entre el ejecutivo y el Congreso, en donde el clientelismo puede dar lugar a casos de gran corrupción.

En la misma línea, los delitos electorales siguen siendo un reto presente, por lo cual el país necesita un sistema electoral más robusto, que asegure la transparencia de los procesos de votación y que reduzca los riesgos de corrupción. Si bien se han incorporado en algunos casos herramientas de identificación biométrica, esta no está suficientemente integrada con el proceso de votación ni se usa en todos los puestos. Otras medidas no solo tecnológicas, sino de diseño y planeación electorales, deben ser consideradas, y la autonomía política de la Registraduría debe ser reforzada, pues esta debería ser un órgano técnico y neutro.

El presidente tendrá grandes retos en este tema, y necesitará voluntad, decisión y firmeza al momento de implementar las medidas, ojalá distanciándose del populismo punitivo que ha sido la norma en el pasado.

Referencias

Arévalo Bencardino, J.; García Albarracín, A. y Ortiz Escobar, D. (2022). Corrupción, transparencia y participación política en Colombia. Revista de Economía Institucional, 24(46).

Isaza, C., y Zárate, A. (2021). Las tecnologías disruptivas como herramienta y campo de acción de las administraciones públicas, en Disrupción tecnológica, transformación digital y sociedad, t. II, Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

[1]  Datos del Centro Investigación en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia en una encuesta urbana nacional realizada en 2018.