Atacar el bolsillo de los corruptos
Mientras las henchidas arcas de los corruptos no se vean afectadas de forma contundente y los recursos sustraídos de manera ilegal no se enfoquen a reparar a las víctimas de sus acciones, va a ser muy difícil obtener resultados contra la corrupción.
En ello coincidieron todos los participantes en el foro “Herramientas Jurídicas contra la Corrupción. Dilemas frente a Personas Jurídicas”, organizado por el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho del Externado (CIFD), la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Transparencia por Colombia, adelantado en forma virtual el pasado 2 de julio.
El evento convocó expertos y representantes de instituciones que han estudiado el fenómeno desde distintas perspectivas: el procurador general de la nación, Fernando Carrillo; el investigador Luis Jorge Garay, de la Fundación Vortex, quien hizo mención del documento “Reparación a las víctimas de la corrupción en Colombia. Enfoque, exploración de ruta jurídica y elementos para una metodología de tasación”; Carmen Eloísa Ruiz directora del CIFD del Externado; Claudia Medina, procuradora delegada para la Defensa del Patrimonio Público; José Gómez y Andrés Hernández de la Corporación Transparencia por Colombia (este último moderador) y el magistrado Luis Manuel Laso, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El cierre estuvo a cargo del rector del Externado de Colombia, Juan Carlos Henao.
En nuestro país, las penas de cárcel para los corruptos no resultan eficaces, puesto que el patrimonio de estos delincuentes permanece incólume para ser disfrutado en cuanto se cumpla la pena de prisión. Quienes realizan prácticas corruptas se avienen a cumplir cierto periodo de privación de la libertad (muchas veces en su casa), seguros de que pronto disfrutarán a sus anchas del dinero mal habido, expuso el Procurador Carrillo, al anunciar que su organismo presentará próximamente al Congreso una iniciativa legal –la Ley de probidad y Ética Pública– que incluye instrumentos eficaces para la lucha contra la corrupción.
En la medida en que se interpone en la realización de Derechos humanos –por ejemplo el de la salud– el jefe del Ministerio Público destacó que la corrupción mata y que esta realidad se puede apreciar en la actualidad cuando, con ocasión de la pandemia, se presentan toda clase de anomalías en la contratación, con detrimento de los recursos que deben llegar a la población. En este escenario, agregó Carrillo, las denuncias de la comunidad están adquiriendo un protagonismo inusitado.
Los ejes de la iniciativa legislativa que será presentada serán el establecimiento de indemnización del daño, medidas restaurativas y estrategias de prevención. Una ley que difunda una cultura ciudadana activa en la defensa del patrimonio público, y de respeto por lo público. Se busca, en definitiva, atacar el bolsillo de los corruptos. Y establecer metodologías para tasar los daños a las víctimas de la corrupción, a nivel social, colectivo e individual, remató el procurador Carrillo.
Durante el foro virtual se presentaron posturas divergentes en torno a la posibilidad de establecer la ‘responsabilidad penal de las personas jurídicas’ teniendo en cuenta la participación en la corrupción de grandes empresas y corporaciones nacionales e internacionales que configuran, según el investigador Luis Jorge Garay, una situación de corrupción sistémica, un entramado en diferentes niveles, que afecta la política social y que permea esferas como las del mercado y del sector financiero. Esta posibilidad fue defendida tanto por el procurador como por Garay y el investigador José Gómez de la Corporación Transparencia por Colombia. Entre tanto, la penalista Carmen Eloísa Ruiz, directora del Centro de Investigaciones en Filosofía del Derecho del Externado expresó su oposición a la iniciativa, al considerar que no ha sido efectiva de los países en los que se ha implementado, y que representaría un factor de congestión para la justicia penal.
Lo que no puede perderse de vista, de acuerdo con la profesora Ruiz, es el hecho de que la empresa privada es protagonista de la corrupción, porque con su poder económico capta las estructuras judiciales para asegurarse impunidad y rentabilidad. “No se trata solamente de tener un sistema penal simbólico, sino una justicia efectiva”, agregó.
Tras coincidir con la apreciación de la investigadora del Externado, el magistrado Luis Manuel Laso, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hizo alusión a los que considera instrumentos legales idóneos para proteger el patrimonio público, en especial las acciones populares y de grupo en virtud de las cuales los jueces pueden dar respuesta den respuestas a las demandas ciudadanas, con mayor eficacia que en otros ámbitos.
José Fernando Gómez, de Transparencia por Colombia, estuvo de acuerdo en ello con el magistrado y resaltó la importancia de hacer visibles a las víctimas y defender sus derechos, por ejemplo los de los trabajadores de las compañías contratistas involucradas en procesos de corrupción.
En complemento a la propuesta del procurador general, Claudia Medina, procuradora delegada para la Defensa del Patrimonio Público, sugirió la construcción de un “cuerpo jurídico” robusto destinado a enfrentar “un fenómeno que nos ha superado”, y llamó la atención sobre un conjunto de interrogantes que es preciso resolver para concretar con mayor precisión esta gran herramienta.
Todos los instrumentos son válidos
Para cerrar el encuentro, el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao recomendó, al tiempo con el abordaje de lo que Luis Jorge Garay denominó la ‘macrocorrupción’, de la ‘microcorrupción’ que se da en las esferas locales, en los pequeños municipios, como un fenómeno cultural acendrado.
Frente el problema generalizado de la corrupción, Henao destacó la pertinencia de la aproximación desde la responsabilidad civil, cuyo discurso, según su opinión, es lo suficientemente sólido.
Añadió, en concordancia con sus compañeros de panel, que se debe desplegar un sistema holístico de instrumentos, más allá de acción popular y comprometer a las ramas administrativa y constitucional del derecho.
Todas las formas de reparación valen y deben dirigirse a un esquema de resarcimiento integral del daño, que obtenga logros transformadores y que se enfoque en el terreno de la política pública más que en el meramente judicial, remató el rector.