¿Hacia dónde vamos en materia de seguridad ciudadana en Bogotá?
Análisis de las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad.
Andrés Macías Tolosa[1]
Santiago García[2]
La seguridad de los ciudadanos debe ser una de las prioridades de cualquier gobernante, especialmente en una ciudad como Bogotá. Más aún, cuando de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría de agosto, la encuesta INVAMER de septiembre y la encuesta de Fenalco de agosto, la inseguridad es la principal preocupación de los bogotanos. Bogotá enfrenta graves problemas de delincuencia que mantienen en zozobra a sus habitantes. Urge implementar medidas efectivas que devuelvan la tranquilidad a las calles. En ese sentido, a continuación se analizan las principales propuestas de los candidatos a la Alcaldía de la ciudad, consignadas en sus programas de gobierno[1].
De manera general, los candidatos han presentado propuestas interesantes, muchas de las cuales tienen rasgos similares; sin embargo, hay otras donde se marca una clara diferencia entre la prioridad que los candidatos le dan a la prevención o al castigo, y otras que generan grandes controversias, bien sea por su viabilidad política o financiera o por su sesgo ideológico. Lo cierto es que al final de cuentas, se requiere una visión integral que equilibre la prevención, el control territorial, la aplicación de la ley y la posibilidad de que los bogotanos puedan convivir en paz.
Para entender mejor los planteamientos de los candidatos, resaltando sus similitudes y sus diferencias, a continuación se presentan las principales iniciativas de cada uno, en tres categorías: en primer lugar, los puntos en común; en segundo lugar, las principales controversias; y en tercer lugar, los puntos divergentes y diferenciadores.
Puntos en común
Frente a la primera categoría, son cinco los temas más recurrentes de la mayoría de los candidatos: el aumento del pie de fuerza; el acompañamiento y acercamiento con la comunidad en aras de recuperar la confianza ciudadana; el fortalecimiento de las labores e inteligencia e investigación criminal; el uso de tecnología para mejorar la seguridad, especialmente en el componente de prevención; y la elaboración de iniciativas contra la violencia basada en género.
Los nueve candidatos, cada uno con sus propios matices, plantearon propuestas en torno al aumento del pie de fuerza y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana. Frente al primer punto, todos abogan por la necesidad de más policías, pero proponen caminos diferentes para llegar al mismo objetivo. Unos mencionan la necesidad de más pie de fuerza, pero sin detallar cómo esperan conseguirlo; ese es el caso de Diego Molano y Rafael Quintero. Otros aspirantes como Gustavo Bolívar y Jorge Enrique Robledo, proponen solicitar al gobierno nacional que eleve la cifra de policías en la ciudad al estándar internacional de 300 uniformados por cada 100.000 habitantes. Rodrigo Lara tiene una propuesta similar, pero la vincula con una convocatoria a miembros retirados de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para fortalecer los cuadrantes colaborando con los uniformados activos. Los otros candidatos plantean caminos alternativos para suplir ese déficit de pie de fuerza: Carlos Fernando Galán indica que se pueden descargar tareas actuales de la Policía Metropolitana hacia otros actores -como inspectores de policía-, para tener así tener más uniformados disponibles en las calles para enfrentar el delito; Daniel Oviedo propone fortalecer la Escuela de policía metropolitana con recursos distritales para que la ciudad pueda tener más uniformados a disposición exclusiva; Nicolás Ramos sugiere premiar a los mejores policías para motivar un mayor rendimiento en el cumplimiento de sus tareas a través de lo que denomina «seguridad colaborativa»; mientras que Jorge Luis Vargas lanza la idea de crear un marco normativo para la cofinanciación, entre el distrito y la nación, del proceso de incorporación de uniformados al servicio de la ciudad. Es evidente que el apoyo del gobierno nacional es fundamental, pero la experiencia reciente ha demostrado que eso no es suficiente; es necesario encontrar estrategias alternativas, muchas de las cuales pasan por una mayor destinación presupuestal por parte del distrito o por una redistribución de los uniformados disponibles en la ciudad.
Frente al segundo punto, el diagnóstico de todos los candidatos es muy similar: para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana, es fundamental reconstruir y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, especialmente en la Policía Nacional. Sin embargo, no son muchas ni muy innovadoras las iniciativas propuestas para lograr ese objetivo. Lara, Galán, Molano, Vargas, Bolívar y Robledo proponen fortalecer la participación ciudadana y el diálogo con las comunidades, a través de frentes de seguridad, consejos de seguridad o espacios de rendición de cuentas; Oviedo sugiere promover espacios de reconciliación entre la policía y los ciudadanos, especialmente los jóvenes; mientras que Ramos y Molano (nuevamente), sostienen que una policía más motivada e íntegra es el camino para mejorar esa confianza ciudadana.
Fortalecer la inteligencia y la investigación criminal ha sido otro de los pilares de la mayoría de las candidaturas -salvo la de Quintero, que no lo aborda de manera específica-. Bolívar, Robledo, Oviedo y Vargas, de manera general, y Galán, que incluye ese punto como un subtítulo específico en su programa, proponen incrementar las capacidades institucionales para esclarecer delitos, enfrentar organizaciones criminales y afectar estructuras financieras del crimen, pero ninguno lo hace acompañado de una estrategia contundente y concreta. Por otro lado, Lara, Ramos y Molano sí sugieren iniciativas un poco más detalladas: Lara plantea implementar la identificación facial y reconocimiento de placas para enfrentar el hurto de automotores; Ramos propone la creación de una unidad especial de investigación, que además del crimen organizado, luche también contra la impunidad y la corrupción; y Molano plantea la conformación de grupos especiales de investigación, que con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logren, en primer lugar, desarticular bandas delincuenciales; en segundo lugar, judicializar o deportar a los migrantes que delincan; y en tercer lugar, afectar las economías criminales del crimen. No obstante, nuevas unidades requieren de más personal y más financiación, y ambos son recursos limitados y escasos, y hasta cierto punto, desconocen la capacidad instalada que existe hoy.
Otro asunto de gran similitud entre todos los candidatos -nuevamente, exceptuando a Quintero-, es el uso de tecnología como instrumento de prevención y para combatir el crimen. Mientras que Robledo sólo lo menciona de manera general, Bolívar, Galán, Oviedo, Molano, Ramos, Lara y Vargas resaltan de forma semejante, la necesidad de incorporar más tecnología -e incluso inteligencia artificial- para adelantar tareas de vigilancia y análisis de información, incluyendo, por ejemplo, el uso de drones y el reporte de situaciones sospechosas en el caso de Lara, y el desarrollo de capacidades cibernéticas en el caso de Vargas.
Iniciativas contra la violencia de género también se evidencian en la mayoría de los programas de los candidatos. Las propuestas de Galán, Bolívar, Robledo, Lara, Oviedo, Molano y Ramos mencionan diferentes iniciativas encaminadas, directa o indirectamente, a prevenir y disminuir la violencia de género, bien sea desde enfoques educativos, de salud o de protección a la niñez. Los programas de Vargas y Quintero lo hacen igualmente, por lo tocan sólo tangencialmente.
En cuanto a la seguridad en Transmilenio y el transporte público en general, solo unos pocos candidatos como Molano, Oviedo y Lara la abordan, sugiriendo medidas como policías encubiertos e integración de los diferentes sistemas de públicos y privados de seguridad existentes, medidas que de alguna manera ya se están discutiendo. Por otro lado, Galán propone algo más específico: transformar la actual Policía de Transmilenio para crear un cuerpo élite que reúna a la Policía Metropolitana y a inspectores de policía, y que opere en todo el sistema integrado de transporte. La grave situación de inseguridad en el transporte público afecta a miles de ciudadanos diariamente, por lo que sorprende que no sea un tema prioritario, con iniciativas claras y contundentes, para todos los candidatos.
Llama la atención que sólo Robledo, Galán, Molano y Oviedo mencionan el fortalecimiento del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes -MNVCC-., estrategia fundamental y vigente relacionada con la efectividad policial en el país. Robledo sugiere un ajuste en la distribución de uniformados entre los cuadrantes; Galán y Molano sugieren un modelo “flexible” -en el caso del primero- o “dinámico” -en el caso del segundo-, para hacer un uso más eficiente de los uniformados; mientras que Oviedo propone asignar generales que acompañen al comandante de la Policía Metropolitana para fortalecer la presencia de la institución en la ciudad -una idea que es difícil de lograr, más aún con el bajo número de generales activos en el país en este momento-.
Más allá de los cuadrantes, unos pocos candidatos plantean la necesidad de expandir los frentes de seguridad. Ellos son Molano, Galán y Lara, quienes enfatizan en su fortalecimiento, pero sin definir detalles operativos para volverlos realmente efectivos -salvo Molano, que menciona la dotación de un kit especial y una capacitación para cada uno-.
Un instrumento poco referenciado por los candidatos, pero de gran impacto en la ciudadanía, es el relacionamiento con la seguridad privada. Al respecto, sólo Molano, Oviedo y Vargas plantean un esfuerzo por lograr una mayor integración con este sector, pero sus propuestas no son muy profundas y detalladas, y no definen un esquema claro de coordinación para potenciar esta alianza.
El bajo nivel de denuncias es un elemento que afecta directamente la capacidad que tienen las autoridades para la adecuada provisión de seguridad. En ese sentido, inquieta que no es un tema que todos los candidatos aborden. Solamente Bolívar, Galán, Lara, Oviedo y Ramos plantean la necesidad de facilitar la denuncia ciudadana. El bajo nivel de denuncias que enfrenta Bogotá es un problema grave que dificulta judicializar a los criminales, pero desafortunadamente la mayoría de los candidatos no lo enfatizan lo suficiente como un instrumento con enorme potencial para mejorar el entorno de seguridad.
Propuestas controversiales
Además de las coincidencias en ciertos enfoques que se evidencian en los planes de gobierno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, también se observan diferencias significativas y controversiales.
En cuanto a las convergencias entre los candidatos, Molano, Galán y Oviedo proponen la capacitación y profesionalización de los policías en Bogotá. No obstante, es importante destacar que la alta rotación de uniformados en la ciudad podría limitar el impacto real de estas capacitaciones, convirtiéndolas en una inversión a corto plazo con sostenibilidad cuestionable. Oviedo, por su parte, plantea la formación de una fuerza policial exclusiva para la ciudad, pero esta estrategia ha demostrado ser inviable en el pasado al depender del gobierno nacional y estar fuera de la autonomía del orden territorial.
Molano ha mencionado la construcción de una mega cárcel como medida para combatir la impunidad. En su programa menciona que ésta sería construida y operada por empresas de seguridad privada, una propuesta nueva en Colombia, pero muy controversial en otras partes del mundo donde ya se ha implementado. Sin embargo, su propuesta no tiene en cuenta el tiempo que tomaría ponerla en funcionamiento, ni aborda el debate que generaría el interés económico detrás de los cupos carcelarios que se deben alcanzar para que el proyecto resulte rentable para el sector privado.
Oviedo, Vargas, Galán, Lara y Ramos también plantean la necesidad de abordar el hacinamiento carcelario y mejorar la resocialización de los reclusos, pero la creación de nuevos espacios carcelarios ha demostrado ser un desafío gigante debido a las limitaciones presupuestales y políticas actuales que han llevado al hacinamiento en las cárceles. Oviedo sugiere desarrollar una alianza público-privada, de iniciativa privada, para aumentar la infraestructura carcelaria -una propuesta que va por la misma vía de la mega cárcel de Molano-, mientras que los otros cuatro sugieren continuar con los planes en desarrollo -que es lo que quien resulte elegido debería mantener-, así como construir una nueva cárcel distrital, pero no plantean cómo gestionarán en la práctica esos nuevos cupos.
La propuesta de Galán de establecer un nuevo modelo de aplicación del código nacional de seguridad y convivencia resulta interesante, pero no ahonda en cómo este se puede articular con la aplicación del Código de Policía y Convivencia vigente a nivel nacional; esa ausencia no deja claro qué tiene de novedoso su modelo, ni cómo su propuesta podría evitar entrar en conflicto la aplicación del código vigente
Robledo retoma la teoría que sugiere que la creación de empleos y oportunidades puede contribuir a la prevención del delito al reducir la pobreza y facilitar la educación. No obstante, la posibilidad de lograr impactos significativos en tan solo cuatro años de mandato parece poco viable en materia de indicadores de seguridad.
Bolívar plantea el uso de tecnología, como cámaras LPR a nivel nacional, para localizar vehículos robados. También sugiere una nueva división de distritos en Bogotá, cada uno liderado por un coronel o un oficial de mayor rango, para mejorar la operatividad policial. Sin embargo, estas dos propuestas no parecen ser muy viables. La primera no resultaría factible sin una estrategia coordinada tanto a nivel distrital como nacional, con cruce de información en tiempo real: que Bogotá tenga esa tecnología, pero que el resto del país no la tenga, hace imposible ese seguimiento esperado a vehículos robados en todo el territorio nacional. La segunda es sin duda interesante, pero es muy difícil que se pueda exigir a la Policía Nacional esa reorganización, más aun solicitando la presencia permanente de más oficiales de alto rango. Es una propuesta que no se debe descartar del todo, pero no depende únicamente de una decisión unilateral de la Alcaldía de Bogotá.
Propuestas diferenciadoras y divergentes
En esta carrera por la alcaldía de Bogotá, varios candidatos también han presentado propuestas particulares o innovadoras para mejorar la seguridad en la ciudad. A continuación, destacamos las ideas que consideramos más sobresalientes de cada uno:
Gustavo Bolívar: Se ha centrado en la mejora de la infraestructura de seguridad en la ciudad. Su propuesta emblemática es la construcción de 60 nuevos Centros de Atención Inmediata (CAI) en un período de 4 años, con 15 CAI por año. Esta iniciativa tiene como objetivo descentralizar la presencia policial en diferentes puntos del territorio urbano. Además, Bolívar propone retomar el programa «Fútbol en Paz», una iniciativa que ninguno de los otros candidatos resalta y que busca fomentar la convivencia pacífica a través del deporte -sólo Oviedo hace una pequeña referencia a la relación entre fútbol y convivencia en la ciudad-.
Nicolás Ramos: Apuesta por la tecnología como una herramienta clave para innovar en seguridad. Propone la implementación de un «Mapa Inteligente Autoprotector» que utilizará nanosatélites y GPS para georreferenciar los delitos en tiempo real. Además, plantea el uso de «Robots de Patrullaje» equipados con tecnología de punta para apoyar la vigilancia preventiva. También propone la instalación de chips en los teléfonos móviles para desactivarlos de forma remota en caso de robo, lo que desincentivaría el hurto de estos dispositivos, así como la configuración de «Nodos Barriales» de seguridad basados en inteligencia artificial comunitaria, con el fin de analizar información en tiempo real y anticipar posibles problemas en la comunidad. Sus propuestas tienen un enfoque futurista, pero ¿podría ser viable en una ciudad como Bogotá? ¿Se cuenta con los recursos suficientes para hacerlo?
Carlos Galán: Promete la creación de un grupo élite de trabajo entre la Fiscalía y la policía judicial, dedicado específicamente a desmantelar las redes de tierreros que promueven invasiones ilegales de predios. Esta es una propuesta concreta y directa para abordar un problema que no ha sido atendido de manera similar por otros candidatos.
Diego Molano: Plantea la formación de nuevos escuadrones policiales, como los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR), para mejorar la seguridad en las zonas periféricas y rurales, así como el Escuadrón Especializado contra el Crimen Organizado (EMCO) para combatir las bandas criminales. Estas propuestas tienen como objetivo reforzar el contingente policial.
Rodrigo Lara: Dentro del componente de más tecnología para fortalecer la oferta de seguridad, sugiere la incorporación de globos aerostáticos que monitoreen puntos críticos de inseguridad. Esta iniciativa busca complementar el uso de drones que ya se está usando en el territorio colombiano.
Jorge Luis Vargas: Su enfoque se centra en recuperar el control territorial urbano mediante estrategias integrales, que incluyen el patrullaje rural y un plan de ciberseguridad. La reinstauración del orden en las calles y en el espacio público es el núcleo central de su propuesta en seguridad.
Conclusión
En materia de seguridad ciudadana, las propuestas de los nueve candidatos no presentan puntos radicalmente opuestos; por el contrario, hay muchas similitudes en los diagnósticos y en las ideas generales para disminuir la inseguridad. No obstante, una crítica general a los programas gira en torno a que los candidatos se enfocan en el «qué» de sus propuestas, pero con frecuencia pasan por alto el «cómo» implementarlas de forma eficiente y cómo financiarlas, ofreciendo soluciones sin profundizar lo suficiente sobre las causas profundas de los problemas, lo que puede resultar en políticas poco efectivas en la práctica.
Estamos atrapados en unas iniciativas políticas que se centran en el refuerzo policial y en el enfrentamiento del crimen organizado, pero no se profundiza en la comprensión holística de los fenómenos delincuenciales y las estructuras subyacentes que incrementan la inseguridad. Ahora bien, vale la pena destacar que la mayoría de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, plantean propuestas que priorizan la prevención, el uso de tecnología, un fuerte énfasis en la relación entre programas sociales y seguridad, y la fuerte conexión que hay entre la convivencia y la cultura ciudadana con las expresiones de violencia en la ciudad. Los ciudadanos necesitan soluciones reales y un liderazgo propio de la primera autoridad de policía en el territorio, que pueda restaurar la institucionalidad democrática en todos los rincones de la ciudad. La seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos están en juego en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre del 2023.
[1] Ph.D. Docente-investigador; Coordinador del Observatorio OPERA del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). hector.macias@uexternado.edu.co
[2] Auxiliar de Investigación del CIPE. Estudiante de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI). german.garcia2@est.uexternado.edu.co
[3] Para este ejercicio sólo se tuvieron en cuenta las propuestas incluidas en los programas de gobierno; no se incluyeron explicaciones adicionales o propuestas nuevas derivadas del periodo de campaña, debates públicos o intervenciones en medios de comunicación.