Opción tarifaria: expertos analizan la sostenibilidad del sistema y la protección al usuario
Nuestra Casa de Estudios fue escenario del conversatorio 'Opción tarifaria: ¿Quién y cómo se debe cubrir la deuda?', un espacio de reflexión académica organizado por el Departamento de Derecho Minero Energético y el Departamento de Derecho Económico.
Este evento reunió a destacados expertos del sector eléctrico, económico y jurídico con el objetivo de analizar los retos que enfrenta el esquema tarifario colombiano, en particular el mecanismo de opción tarifaria, en un contexto marcado por tensiones financieras, desigualdades sociales y obligaciones regulatorias.
El panel estuvo conformado por Jorge Valencia (ex director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG), Miguel Lotero (ex viceministro de Energía), el Luis Ferney Moreno (Docente Investigador del Externado), Juan Pablo Herrera (Decano de la Facultad de Economía del Externado), Melba Rocío Pérez (Docente del Externado) y Juan José Arango (Docente del Externado).
Opción tarifaria: un mecanismo técnico con repercusiones sociales.
El conversatorio partió de una premisa clave: la opción tarifaria, diseñada como un mecanismo regulatorio para evitar incrementos abruptos en la tarifa eléctrica, debe equilibrar dos principios fundamentales: sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras y protección al usuario final. Como lo explicó Jorge Valencia, corresponde al comercializador decidir hasta qué punto asumir el costo o trasladarlo al consumidor, lo que plantea dilemas éticos y económicos.
Por su parte, Miguel Lotero valoró positivamente la arquitectura del mecanismo, al señalar que “las empresas de servicios públicos deben ser financieramente sostenibles y los usuarios deben pagar por el servicio que reciben”. Sin embargo, alertó que el diseño técnico no es suficiente si el mecanismo resulta incomprensible para los usuarios o si termina siendo cubierto, de forma difusa, por el Presupuesto General de la Nación. En ese sentido, propuso repensar las soluciones desde la integración entre política pública y regulación.
Entre subsidios y regulación: tensiones constitucionales y económicas.
Uno de los puntos más debatidos fue la distinción entre la opción tarifaria y los subsidios directos. Luis Ferney Moreno recordó que durante la pandemia se impuso el diferir de manera obligatoria los pagos para usuarios de estratos bajos, una medida que fue posteriormente revisada por la Corte Constitucional. Aunque esta limitaba libertades económicas, fue considerada exequible por proteger el mínimo vital, siendo proporcional a la situación. Sin embargo, advirtió que extender esta obligación a otros estratos habría generado una carga fiscal insostenible, hecho que motivó su anulación por parte del Consejo de Estado.
Desde el plano normativo, Melba Rocío Pérez señaló que, bajo la Resolución CREG 015 y en concordancia con la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-187 de 2020), el Estado debe garantizar la continuidad y calidad del servicio público. No obstante, los comercializadores acumularon deudas con los generadores al no recibir los ingresos esperados, lo que evidencia un desajuste sistémico que exige la formulación de un plan de financiación equilibrado para todos los agentes del mercado.
Asignación eficiente y mecanismos de estabilización.
Juan Pablo Herrera subrayó que cualquier modelo de sostenibilidad debe partir de una asignación eficiente de subsidios. Para ello, insistió en la necesidad de diseñar criterios objetivos que eviten distorsiones y que permitan una focalización adecuada de los recursos, maximizando su impacto social sin comprometer la estabilidad del sistema.
En este sentido, Miguel Lotero advirtió que, si el Estado finalmente asumirá los costos mediante subsidios, debió haber estructurado el sistema de otra manera desde el inicio. Planteó dos caminos posibles: integrar mecanismos de política pública con regulación para amortiguar choques tarifarios o crear un fondo de estabilización tarifaria, cuyas fuentes de financiación aún deben ser claramente definidas. Rechazó, sin embargo, el uso de subsidios cruzados como solución sostenible.
Una mirada integral a la tarifa: quién paga, cómo y cuándo.
Respecto a este tema Melba Rocío Pérez propuso una reflexión más amplia sobre el concepto mismo de tarifa, aclarando que no debe reducirse al “precio de la energía”, sino que integra diversos componentes técnicos, financieros y sociales. Invitó a pensar en el diseño tarifario a partir de tres interrogantes esenciales: “¿Quién paga?, ¿Cómo paga?, ¿Cuándo paga?”. Además, enfatizó en que la función del subsidio debe estar claramente definida; debe beneficiar a quien lo necesita, en el momento oportuno y bajo una lógica que promueva eficiencia y equidad.
Conclusión: una deuda técnica, social y política.
El conversatorio dejó en evidencia que el debate sobre la opción tarifaria trasciende lo técnico y compromete dimensiones constitucionales, financieras y sociales. Aunque se reconocen los méritos del mecanismo, los expertos coincidieron en la necesidad de reformular su implementación para garantizar la viabilidad del sistema eléctrico, sin desproteger al usuario ni sobrecargar las finanzas públicas. En un contexto de incertidumbre económica, el evento reafirmó el compromiso del Externado con el análisis interdisciplinario, la responsabilidad institucional y la generación de soluciones estructurales desde el conocimiento.
