Caso Colsanitas: ‘Las Tensiones entre la regulación y el control estatal’
El Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia organizó un evento académico para analizar el reciente fallo de tutela que ordenó anular la toma de posesión de la EPS Colsanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Esta decisión de la Corte Constitucional ha abierto un importante debate sobre la discrecionalidad de las autoridades, la justificación de la acción y los mecanismos de control estatal y la situación actual del sistema de salud en el país.
Emilio Archilla Peñalosa, quien moderó el evento, inició el debate con preguntas sobre el impacto de esta sentencia en el diseño de políticas públicas en salud y sobre la influencia de los jueces en la transformación del sector.
A continuación, Diego González Medina se centró en las implicaciones constitucionales del fallo. Según González, la Corte estableció tres premisas fundamentales para determinar la vulneración del debido proceso:
- El debido proceso garantiza el correcto funcionamiento de la administración y previene acciones arbitrarias.
- Una actuación es arbitraria cuando las autoridades ignoran hechos o normas de relevancia constitucional.
- En este caso, la Superintendencia Nacional de Salud no valoró fallos estructurales de la regulación al aplicar las causales de toma de posesión.
González argumentó que esta sentencia obliga a las autoridades de vigilancia y control a motivar sus decisiones con una fundamentación técnica, proporcional y razonable, lo que restringe su discrecionalidad. También expresó su preocupación por la incertidumbre que genera la decisión respecto a los estándares probatorios y la valoración de los autos de seguimiento de la Corte Constitucional. Además, criticó el creciente protagonismo del poder judicial en la configuración del sistema de salud, mencionando que, en Colombia, un juez ampara el derecho a la salud cada tres minutos, lo que dificulta la planificación racional. Alertó sobre el fenómeno del «Robin Hood al revés», donde el acceso desigual a la justicia puede desviar recursos desde sectores vulnerables hacia aquellos con mayor capacidad de litigio.
Por su parte, Katherine Flórez Pinilla señaló que la sentencia expone una crisis estructural en la arquitectura institucional del sistema de salud, sugiriendo que el problema no es solo financiero. Para respaldar su tesis, presentó los siguientes puntos:
- El número de EPS ha caído drásticamente: de 157 en 1993 a solo 29 hoy, de las cuales 12 están intervenidas.
- La Unidad de Pago por Capitación (UPC) asimilada a una prima de aseguramiento no se rige por los gestores de aseguramiento sino por el regulador estatal con criterios limitados, lo que ha distorsionado el rol de las EPS, relegándolas a una función de financiamiento con poco. A pesar del crecimiento nominal de la UPC no ha aumentado significativamente en términos reales en 30 años, lo que obstaculiza la capitalización y el cumplimiento de indicadores financieros por parte de las aseguradoras.
- El actual Plan de Beneficios en Salud (PBS) es abierto (a diferencia del antiguo POS, que era cerrado) lo que presiona aún más la UPC. Las prestaciones que exceden los Presupuestos Máximos (PM) deben ser asumidas por las EPS, generando déficits que las obligan a usar recursos de otras bolsas para subsistir.
Flórez concluyó que las tomas de posesión de la Superintendencia no han mejorado los indicadores financieros de las EPS intervenidas ni han servido para retroalimentar la regulación que ha motivado fallas estructurales del sistema. A su juicio, la responsabilidad de la crisis es compartida entre los reguladores y las entidades vigiladas.
Conclusión:
El fallo sobre la tutela de Colsanitas marca un antes y un después en el análisis del debido proceso administrativo y las motivaciones del actuar administrativo, imponiendo requisitos más estrictos a las decisiones de vigilancia y control estatal. El debate resaltó las tensiones estructurales del sistema de salud colombiano que aún no se han resuelto, lo que demanda una revisión profunda del modelo regulatorio actual. El evento reafirmó el compromiso del Departamento de Derecho Económico con el estudio riguroso de los desafíos institucionales contemporáneos y el diseño regulatorio de la intervención del Estado.
