La infraestructura social debe procurar por un desarrollo más equitativo, sostenible y humano
Este espacio académico desarrollado por el Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte, logró que se pensara desde la academia en el desarrollo humano y en superar los retos estructurales de la infraestructura social en nuestro país.
Este encuentro académico, ya consolidado como un referente esencial en la materia, reunió en nuestra Casa de Estudios a una nutrida concurrencia de académicas(os), representantes del sector público y privado, estudiantes, investigadoras(es) y asistentes nacionales e internacionales, quienes se congregaron para reflexionar sobre los avances, retos y perspectivas de la infraestructura social en sectores que son pilares del bienestar colectivo y del desarrollo sostenible en Colombia.
En la jornada inaugural estuvieron presentes Emilssen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho; Manuel Guillermo Sarmiento García, director del Departamento de Derecho del Transporte e Infraestructura de Transporte; y Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, quienes reafirmaron la importancia estratégica de este seminario para la academia, la gestión pública y la proyección nacional.
Durante la instalación, la decana Emilssen González de Cancino enfatizó en varias problemáticas importantes que obstaculizan el desarrollo en el país: la inequidad regional, la obsolescencia y el retraso tecnológico.
La Decana hizo un llamado perentorio a priorizar el valor social de las obras, “la inequidad regional, la obsolescencia y retraso tecnológico son limitantes para el desarrollo de la infraestructura y por este motivo esta debe estar diseñada de acuerdo con mapas de prioridades, lejos de afanes de valorizar predios particulares o inversiones del mismo tipo y adecuados a la imponente geografía de las regiones colombianas”, precisó.
El Seminario centró su atención en áreas estratégicas como la salud, la educación, el transporte masivo, el agua potable, la recreación y el saneamiento básico. Estos campos, vitales para la calidad de vida de las comunidades, son el medio por el cual es posible conectar territorios, acercar oportunidades y, en última instancia, materializar los derechos ciudadanos.
En este contexto, el Director del Departamento de Derecho del Transporte, señaló que la infraestructura debe ser entendida como el conjunto de elementos físicos, técnicos y normativos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Asimismo, hizo hincapié en el desequilibrio existente.
“La infraestructura social es un sector que no ha tenido un desarrollo equitativo en el país, sin embargo, si tiene un gran impacto para la comunidad en la solución y satisfacción de sus necesidades básicas, como son la salud, la educación, la recreación y el acceso al agua potable”, explicó.
En esta visión la infraestructura trasciende la mera construcción de obras físicas para constituirse en una apuesta profunda por la equidad, la inclusión y la dignidad humana.
El director de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–, Óscar Torres Yarzagaray, reafirmó esta perspectiva desde la óptica de la gestión pública, al explicar que la infraestructura social está priorizada en el actual gobierno con el objetivo fundamental de cambiar vidas. “Nuestro objetivo es integrar el país partiendo de los territorios y mejorar la calidad de vida de las y los pobladores, a través de proyectos que beneficien a las comunidades y permitan construir un futuro mejor para todas(os)”, manifestó.
El diálogo académico se enfocó en componentes esenciales para una comprensión integral de la infraestructura: los modelos de financiación, las experiencias internacionales y el impacto social de las inversiones.
Este Seminario convocó a expertas(os) a analizar y discutir las últimas tendencias y desafíos en la estructuración, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura social en sectores clave como salud, educación, transporte y saneamiento básico.
Para el Director del Departamento de Derecho del Transporte, este espacio se trató en esencia de situar el debate en el terreno de lo humano: en cómo las inversiones transforman comunidades, cómo amplían derechos y cómo fortalecen la confianza entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado.
