Retos para el nuevo Gobierno
Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social - CIDS
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia
I. Democratizar a la sociedad colombiana
Darío Fajardo, desde el Área de Conflicto y Dinámica Social del CIDS, plantea los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno situando las principales crisis actuales, algunas de las cuales son de carácter global. Frente a ellas, propone la democratización de la sociedad colombiana, como principal reto del nuevo gobierno.
Estamos viviendo circunstancias excepcionales porque están coincidiendo varias crisis que habían ocurrido antes, pero de manera separada. Ellas incluyen las variaciones climáticas y la crisis ambiental, una nueva fase de mutaciones virales, la crisis de gobernabilidad en varias sociedades, la crisis alimentaria, ya no resultante de la escasez de producción sino de distorsiones en la distribución resultado de la acción humana debidas al control de las multinacionales. Sus efectos se hacen sentir de manera diferenciada en las distintas sociedades y, en nuestro caso, a pesar de contar con todos los recursos ambientales y económicos para asegurar el bienestar de toda la población, nos ha encontrado en condiciones de extrema vulnerabilidad por las decisiones que se han tomado en la dirección del Estado, prácticamente desde su configuración.
Para afrontar esa vulnerabilidad es necesaria una democratización de la sociedad y del Estado de manera que incorpore a todos los sectores sociales en el diseño, la aplicación, seguimiento, la valoración de las políticas y sus ajustes. Para avanzar en ese sentido necesitamos construir una cultura política acorde con la democratización de la sociedad, educar en esa cultura política al conjunto de la población.
La Universidad tiene un papel central y decisivo en esa tarea: o refuerza la educación que se ha construido e impartido hasta ahora o la transforma para participar activamente en la democratización de nuestra sociedad. Se trata de una propuesta de inclusión, no de exclusión. Esa es la educación que puede participar en la superación de nuestras vulnerabilidades como pacto social. La disyuntiva es: reforzamos lo que hemos venido haciendo y que nos ha conducido a la crisis en la que nos encontramos o lo corregimos, por el camino de la democratización de nuestra cultura política, de nuestras prácticas políticas, económicas, sociales, de nuestras normas y valores: qué estamos dispuestos a tolerar, qué no estamos dispuestos a aceptar.
II. Profundizar la paz y hacia un país intercultural
Carlos Alberto Benavides, investigador del Área de Economía, Trabajo y Sociedad del CIDS, identifica la construcción de paz y la diversidad cultural del país como dos de los grandes campos que se constituyen en retos para el nuevo gobierno. Un gobierno que deberá afrontar una serie de realidades que vienen de tiempo atrás. Enfatiza en que el fortalecimiento de la institucionalidad es tarea central e impostergable para las garantías de un país democrático, plural y en paz.
Por un lado, está la implementación de los Acuerdos de Paz y, al mismo tiempo, la creación de nuevos escenarios de paz con las insurgencias que todavía no lo han hecho. En la implementación de los Acuerdos el reto es ganar la confianza en dos puntos claves a nivel territorial. El nuevo gobierno deberá enfrentar el significado de la implementación en términos de una reforma integral del campo, y dentro de ese Acuerdo, asumir el problema postergado de la legalización de las tierras de campesinas y campesinos del país, bien sea de tierras que están en condición de baldíos o bien que deban ser restituidas después de haber sido despojadas por distintos actores, por terratenientes y acaparadores violentos. Tanto el proceso de legalización como de restitución deben ser complementados con una reforma agraria que reconozca la vida campesina integralmente, que reconozca el papel de la tierra y, dentro de este, que reconozca el papel del arraigo construido por las organizaciones y las vidas campesinas en el país.
Por otro lado, es fundamental el apoyo decidido a la productividad de la vida campesina con referencia a su territorialidad y a las distintas modalidades agropecuarias. Debe atender desde los lecheros y queseros del Caquetá, los cafeteros del nuevo eje de producción cafetera del Huila, Cauca y Nariño; como a la producción integral de granos en altiplanos y valles bajos de Nariño hasta la relación con formas de cuidado ambiental que están incluidas dentro de los Acuerdos de Paz. Aunado a él se aparece el reto del ordenamiento del territorio colombiano, el cual debería seguir los flujos de las cuencas, para generar una nueva valoración del agua de los páramos, del río y del mar. Esa centralidad del agua no solo implica responder a retos ambientales, sino asumir una mirada integral sobre este ordenamiento en Colombia.
Otro reto tiene que ver con la necesidad de transformar el multiculturalismo neoliberal, que condujo a varias situaciones. Por una parte, implicó un dominio de los formatos y lógicas administrativas que recrearon prácticas del check list (como listado de características validadas institucionalmente), que resultan un claro anacronismo decimonónico para catalogar la diversidad étnica en el país. Así, se ha producido la reducción de la noción de multiculturalismo de una noción de cultura a lo étnico, de lo étnico a cierta noción indígena andina y de esa versión a su vez reducida a aquel formato decimonónico. Cómo superar esta visión folclórica y anecdótica de la diversidad cultural colombiana en las políticas públicas, parece un reto impostergable.
Por otra parte, se enfrenta el reto de construir políticas interculturales y transculturales que permitan dejar de hablar de aislamientos o de separaciones para abordar más bien, configuraciones culturales en términos regionales, en términos de la producción social de la misma diferencia. No solo se trata, entonces, de producir reconocimientos genéricos y jurídicos, sino de pasar a la generación de sujetos de poder que permitan, desde distintas autonomías, aunadas a un proyecto nacional, de ofrecer las garantías para el despliegue de las distintas configuraciones culturales en el país, sin que ello implique solo ser tazadas en términos mercantiles como exotismos o de servir como refugio para formas de división y fragmentación social.
III. Reactivar la economía, tierras y democracia: retos para el nuevo gobierno
Consuelo Ahumada, investigadora del Área de Conflicto y Dinámica Social del CIDS, identifica retos para el próximo gobierno en términos de la reactivación económica, la implementación del Acuerdo de Paz y las garantías al disenso social y la democracia.
El próximo gobierno tiene que atender, en primera instancia, un plan de emergencia para la reactivación económica y detener la crisis humanitaria. Es urgente, y eso se hace solo con inversión social, activar la producción para reactivar realmente el empleo, sobre todo en el tema de la agricultura, es necesario apoyar la agricultura campesina con créditos, comercialización, con institucionalidad del Estado para llevar la comida a los hogares pobres. Lo anterior porque estamos en una crisis que se puede profundizar como lo ha advertido la FAO, una crisis de hambre global, que en Colombia ya estamos viviendo y que podría agravarse si no se toman medidas.
La segunda prioridad se relaciona con la necesidad de aplicar lo contemplado en el punto 1 de los Acuerdos de Paz con las Farc, en cuanto a la sustitución de cultivos y en cuanto a la tierra.
Por supuesto, también el próximo gobierno afronta un compromiso claro para la preservación del Estado de derecho y las garantías mínimas para la protesta, la movilización social y para la vida de los líderes, lideresas y población en general.
IV. Garantías diversidad cultural de pueblos y comunidades étnicas
Bernardo Pinilla, coordinador del Programa de Antropología e investigador del Área de Sentidos y Lógicas de los Pueblos del CIDS, propone algunos retos para el nuevo gobierno en términos de las garantías a la diversidad cultural de pueblos y comunidades étnicas en el país.
Sobre los retos del próximo gobierno. Uno de los retos tiene que ver, sin lugar a dudas, con armonizar la apuesta por la transición energética del país, esto es: el impulso de los proyectos de energía alternativa como energía eólica y energía solar con los derechos de los pueblos y comunidades étnicas de los territorios donde se desarrollan esos proyectos. Sin duda, el próximo gobierno deberá continuar con la apuesta por la transición energética, pero al mismo tiempo deberá evaluar el impacto que estos proyectos están teniendo en los derechos territoriales y en la autonomía de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.
Así mismo, y en esa misma dirección, otro de los retos grandes es el diálogo social con los pueblos y comunidades étnicas y el fortalecimiento del derecho fundamental a la consulta previa. Ese es un aspecto central que atraviesa la agenda de desarrollo del país y sobre lo cual el próximo gobierno deberá tener unas líneas claras que permitan apostarle al desarrollo, pero al mismo tiempo garantizar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos y rom.
Otro punto que va en la misma línea tiene que ver con la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las Farc, pues en estos 4 años presenta un estado de avances muy bajo como lo han registrado las evaluaciones realizadas por las organizaciones sociales, pero también por algunos actores que han hecho seguimiento al Acuerdo de Paz. Resulta fundamental el fortalecimiento de los sistemas de protección y autoprotección de los pueblos de comunidades étnicas como parte de las garantías de seguridad de los líderes y las autoridades de los pueblos indígenas y afros. La implementación efectiva de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y, específicamente, los pactos étnicos que quedaron incluidos allí a partir de los Planes de Acción para la Transformación Territorial deben ser desarrollados.
También se hace indispensable el fortalecimiento de las justicias de los pueblos étnicos, en el contexto de la justicia transicional, y la reparación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas como sujetos colectivos víctimas del conflicto armado.
Estos son temas fundamentales de la agenda del próximo gobierno, que implican unos retos importantes en materia de política pública e implementación de acciones concretas desde la institucionalidad.