Política de drogas en renovación
Por: Óscar A. Alfonso R.
La política de drogas, con sus fundamentos prohibicionistas, cumplió seis décadas de reputada ineficacia. La sustitución voluntaria ha entrado en declive debido al incumplimiento de los Acuerdos por parte del Gobierno, y la erradicación forzada alienta la violencia en los municipios cocaleros. Es el momento para recalcar en la urgente necesidad de una renovada política de drogas con fundamentos distantes del prohibicionismo para, desde allí, promover los usos lícitos de los alcaloides.
Las consecuencias fatales del incumplimiento de los Acuerdos
En el punto n.o 4.1 del Acuerdo Final se consignaron los lineamientos para la renovación de la política de drogas. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (pnis) es estratégico, y fruto de su ejecución a partir del 2017 se realizaron acuerdos individuales y colectivos con resultados prometedores como la vinculación de 99.097 familias vinculadas al programa y la no desdeñable cifra de 31.721 hectáreas erradicadas de manera voluntaria en el 2019.
A pesar de estos resultados tan prometedores, el Gobierno decidió incumplir lo acordado.
En marzo de 2017 adoptó el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato –PECAT– y, desde entonces, planeó una reforma que persigue el reinicio de la aspersión aérea con la mezcla del glifosato y sus coadyuvantes que, finalmente, tomó cuerpo en el Decreto 380 del 12 de abril de 2021. De manera simultánea, la erradicación forzada con la intervención de la fuerza pública ha sido incesante.
La violencia se recrudeció en los municipios con presencia de cultivos de coca, con particular sevicia en el Cauca, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. En estos departamentos el 100% de las masacres y de sus indefensas víctimas han tenido como escenario los municipios con cultivos de coca, salvo en el Cauca la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es superior si se les compara con los que no tienen presencia de tales cultivos y, además, en todos los casos son expulsores netos de población por desplazamiento forzado.
La Corte Constitucional ha admitido varias tutelas que, en el contexto del incumplimiento de lo acordado, reclaman acciones inaplazables en defensa del derecho a la vida, a la intimidad y otros derechos conexos.
No por casualidad o por mala voluntad de los campesinos, la erradicación voluntaria se contrajo en 2020 a 702 hectáreas. En los operativos de erradicación forzada la fuerza pública denuncia las asonadas y los campesinos los excesos en el uso de la fuerza, los que con más frecuencia se acompañan del asesinato y desaparición de líderes que alientan un cambio en la política de drogas.
Los consumidores aumentan a pesar de la guerra a las drogas
Los estadísticos de la mortalidad en los Estados Unidos se han colocado en estado de alarma al verificar el incesante incremento de las defunciones debidas a la sobredosis de fentanilo sintético, un opioide que cobró la vida de 71.200 en 2021 y que, de seguir esta escalada, como seguramente lo hará, alcanzará como mínimo las 88.000 defunciones.
Esta breve digresión es pertinente pues desde la firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de Naciones Unidas, se instauró el sistema de listas de drogas prohibidas en las que está, a la cabeza, el fentanilo en sus diferentes presentaciones. Luego de más de seis décadas de vigencia de la guerra a las drogas, el estruendoso fracaso del prohibicionismo que pregona revela, además del incremento de los incautos consumidores que perecen por sobredosis, que los mercados ilegales tienen la competencia de laboratorios que lo producen al amparo de licencias y de la vigilancia de entes reguladores y de control farmacéutico.
La cuestión problemática es que en esas listas también se encuentra la cocaína y la hoja de coca.
Así como el opio es indispensable para aliviar el dolor entre los pacientes con enfermedades terminales, la coca tiene una variedad de usos ancestrales, otros lícitos y otros que acelerarían la entrada de la alicaída agricultura del país a los circuitos de la Economía Verde, entendida desde Naciones Unidas como aquella con la que se consigue “un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”.
A pesar del potencial de usos lícitos de la hoja de coca, como componente esencial de una renovada política de drogas, actitudes insensatas como la de un miembro del cuerpo consular de los Estados Unidos en Colombia, quien con actitud irascible se retiró de un prestigioso restaurante bogotano que le sirvió una delicia gastronómica a base de hoja de coca, perviven entre los tomadores de decisión al incurrir, de manera reiterada, en el mito de que la hoja de coca es la misma cocaína.
Los usos lícitos de la hoja de coca en la política de drogas
Si la erradicación forzada con el método de la aspersión aérea con el glifosato y sus coadyuvantes ocasiona daños graves a la salud y al medio ambiente y si la que se realiza por la fuerza pública encarna inevitablemente violencia, queda la alternativa de la sustitución voluntaria, condicionada a que con ella se supere la pobreza de los campesinos y comunidades cocaleras y, en especial, a que el Gobierno honre los acuerdos individuales y colectivos que ha suscrito.
La erradicación voluntaria tiene un condicionante adicional, un prerrequisito, y es que el Gobierno garantice el derecho a la vida y a la intimidad de los campesinos cocaleros y, en especial, de las familias que suscriban los acuerdos. El fallo de la Corte Constitucional será decisivo en este propósito.
En el contexto que se ha descrito se ha puesto en evidencia la ineficacia estructural de una política basada en el prohibicionismo, la flaqueza de los acuerdos ante la irracionalidad de los ejecutores gubernamentales de esta y los mitos sobre la hoja de coca que han transmutado a ideología dominante. Este somero análisis, así como los más detallados que están por venir, quedaría inconcluso si no se planteara la alternativa de la difusión de los usos lícitos como parte de una política de drogas que exige, de manera urgente, una renovación.
La gastronomía del mundo se ha enriquecido con el uso de Hayu Guas, harina obtenida de la molienda de la hoja de coca luego de un procedimiento de tostado en el que se elimina el alcaloide. Coca Sek es una bebida alimenticia con 3 mg de egnonina en su presentación de 240 ml que el pueblo Nasa ofrece con respaldo en un registro sanitario del Estado colombiano. En el Cauca también se produce Cocají, así como insecticidas y abonos con base en la hoja de coca.
El sangrado de las encías puede aliviarse con cremas dentales con base en la egnonina debido a su poder vasoconstrictor. El Consejo Interamericano sobre Espiritualidad Indígena identifica este y otros usos lícitos como la atropina, la pectina, la papaína, la higrina, la globulina, la piridina, la quinolina, la conina, la cocamina, la inulina, la benzoína y la reserpina. La medicina Kampo se practica en Japón desde el siglo XVIII y promueve el uso de alcaloides, como el de la coca, para que con las combinaciones y proporciones adecuadas se traten dolencias y enfermedades. Y se podrían citar decenas de artículos científicos que profundizan en los usos benéficos del alcaloide de la coca.
El prohibicionismo y sus métodos carecen de soporte científico, algo con lo que sí cuentan los usos lícitos alimenticios, médicos y científicos de la coca. Este es el punto de partida para la renovación de la política de drogas.