El campo de la salud mental: Bienestar, problemas y trastornos como retos para el próximo cuatrienio

Por: Carlos Iván Molina-Bulla
La pandemia, o mejor la sindemia, develó en el mundo, y en nuestro país, un campo poco reconocido y estigmatizado, un panorama evadido de manera sistemática, el campo de la salud mental, así como las condiciones de la salud mental individual y colectiva de diferentes grupos vulnerables e históricamente vulnerados en nuestro país.

A pesar de los esfuerzos asociados a los movimientos sociales que dieron origen a la Ley 1616 de salud mental de 2013 en Colombia, y fruto de ella, el Consejo Nacional de Salud Mental y la Política Nacional de Salud Mental de 2018, pocos habían sido los avances en su implementación. Fruto de la necesidad se precipitaron decisiones, se plantearon evidencias, se abordó la salud mental en contextos laborales y universitarios, se precipitó el uso de nuevas tecnologías, pero también se hizo evidente la precariedad del Sistema de Seguridad Social en Salud, para contener el problema y para garantizar una cobertura real[i].

Lo anterior confirmó que la salud mental no es un objeto inexistente, como planteaban propios y extraños. Es más, es un campo (en términos bourdianos) que supera al sector salud y sus responsabilidades -sin que este pueda dimitir de las mismas-, un campo que depende de elementos contextuales sociopolíticos, institucionales, normativos, de agentes y actores involucrados y no solo de las teorías y prácticas de unas cuantas disciplinas directamente involucradas en instituciones de salud: psicología, psiquiatría, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional.

Así, la salud mental se consolida como un reto universal para el país y para el gobierno del próximo cuatrienio, teniendo la responsabilidad de hacer realidad la salud mental colectiva en un contexto de paz y convivencia, garantizando los derechos humanos y el acceso equitativo a los capitales social, económico, simbólico y cultural[ii].

Todo ello implica, basándonos en la Política Nacional de Salud Mental de 2018[iii] y su necesaria implementación, una suerte de compromisos en cuanto a:

• El reconocimiento y promoción de los recursos comunitarios en salud mental, muchos de ellos ancestrales, locales, fruto de la cohesión social de base, así como una verdadera participación social en salud.
• Una responsabilidad en intervenir y mitigar los determinantes sociales que continúan definiendo una mayor vulnerabilidad en salud mental, como el racismo y la aporofobia[iv].
• La garantía en la atención a las víctimas del conflicto armado, las violencias cotidianas, la violencia de género y otros problemas mentales, sufrimientos o aflicciones que no llegan a configurar trastornos, pero con los que lidian nuestras comunidades en un contexto de despojo de diferentes capitales.
• En la atención integral en salud mental a las personas con trastornos mentales, en donde la garantía de la cobertura está dada por una oferta limitada de servicios econométricamente establecidos. No es posible que los trastornos depresivos que configuran la segunda patología (para muchos, la primera) en generar carga de enfermedad (entendida como muerte, morbilidad, discapacidad, malestar, sufrimiento, pobreza), no reciba el manejo continuo que requiere, en particular en población dispersa o sin acceso a internet.
• En la garantía de la atención y rehabilitación de base comunitaria para personas con discapacidad psicosocial, basadas en una verdadera Atención Primaria en Salud.
• Y, finalmente, una consolidación nacional y territorial de la gestión sectorial e intersectorial en salud mental, enunciada y no bien estructurada.

Todo lo anterior conlleva el compromiso del próximo presidente y el ejecutivo a la hora de involucrar la salud mental en su plan de desarrollo, con una perspectiva de base comunitaria, psicosocial, que a su vez garantice el acceso a los niveles de mayor complejidad y que cuentan con las mejores tecnologías. Conlleva el compromiso gubernamental para desarrollar y hacer seguimiento a los compromisos multisectoriales del Conpes de salud mental de 2020 y que el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, sea implementado en lo que a salud mental se refiere.

Finalmente, nada de lo anterior será posible sin la plena garantía de los derechos humanos y el reconocimiento del trauma histórico y centenario asociado a los diferentes conflictos armados y la violencia como forma cotidiana y corporizada para resolver nuestras diferencias.

[i] Molina-Bulla, C. y Raycovich, S. (2021). Saúde mental, covid 19 e a resposta na colômbia no âmbito da política de saúde mental, RAHIS, Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, vol. 18, n.3 ▪ Belo Horizonte, MG ▪ JUL/SET ▪e-ISSN: 2177-2754 e ISSN impresso: 1983-5205.

[ii] Ministerio de Protección Social y Salud. (2007). Política Nacional del Campo de la Salud Mental.

[iii] Ministerio de Salud y Protección Social. (2018).

[iv] Molina-Bulla et al. (2022). Atlas de salud mental en Colombia (en imprenta).