“Los acuerdos son para cumplirlos”: Humberto de la Calle
Durante un foro sobre paz territorial, el jefe negociador del Gobierno en La Habana, advirtió que, si se modifica lo pactado con las FARC, pueden surgir nuevas formas de violencia.
La carrera por las próximas elecciones presidenciales ha polarizado al país, no sólo en torno a sus candidatos visibles, sino sobre la posibilidad de que quien resulte vencedor en las urnas, impulse una nueva refrendación de los acuerdos de paz.
En ese punto, el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, advirtió el riesgo que representa echar para atrás el acuerdo final para la terminación del conflicto. De seguro, dijo, surgirían nuevas violencias.
“Es preocupante la invitación que surge de distintas fuerzas políticas para apelar la refrendación de los acuerdos en el año 2018, con el argumento de que, si ganan los opositores, lo acordado entraría en un proceso de revisión o derogación. Los acuerdos son para cumplirlos”, manifestó de la Calle.
En el marco del foro «La paz en el territorio: poder local y posconflicto en Colombia», organizado por el departamento de Derecho Constitucional del Externado y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, expuso los factores que permitieron una salida negociada al conflicto, en momentos en que los diálogos con el ELN continúan empañados por la violencia.
“Que el centro del proceso con las FARC fueran los derechos de las víctimas, cambió la estructura del acuerdo. En acercamientos anteriores estaba dirigida a aspectos militares, donde primaba la petición de un cese de fuego inmediato”, recordó el negociador.
En este caso, las discusiones militares se aplazaron para cuando ya se había establecido una dinámica en la mesa, que permitiera abordar temas difíciles, habiendo superado, incluso, discusiones álgidas como la participación política de la insurgencia.
En ese sentido, según de la Calle, modificar los dos puntos que cuestiona la oposición, harían inviable una paz estable y duradera.
“Proponen tocar los puntos de participación política de las FARC y también las sanciones, pues en este caso prefieren los máximos punitivos con barrote, y no la reinserción. Hay que mantener las bases de lo acordado como una oportunidad futura para la transformación del país”, reiteró.
¿Resurgió el paramilitarismo?
En momentos en que el país conoce el asesinato de otro líder social en el sur del Cauca, Humberto de la Calle respondió a las preguntas de los asistentes al foro, quienes cuestionaron el papel del Estado en la protección a los defensores de Derechos Humanos y desmovilizados de las FARC.
“Sobre si hay o no hay paramilitarismo, hay una discusión jurídica larga. Algunos miembros del gobierno dicen que no se va a reabrir la caracterización del paramilitarismo como figura jurídica, pues esta se creó durante un tiempo determinado, en el marco de la ley de justicia y paz. El riesgo es que bandas criminales se aprovechen para revivir la aplicación de esa ley”, explicó.
No obstante, admitió que hay organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que representan un riesgo para la ejecución de los acuerdos, por lo cual hizo un llamado nacional, al rechazo del uso de la violencia cualquiera sea su procedencia.
Al país le costará $208 billones implementar los acuerdos de paz
Distintos actores privados, públicos y académicos, insistieron en la necesidad de descentralizar los recursos y las políticas públicas para la ejecución de los acuerdos y a construcción de la paz.
El desarrollo local y la justicia territorial como garantía de paz, fueron los temas centrales del foro “La paz en el territorio: poder local y posconflicto en Colombia”, donde se analizó el enfoque regional de la paz a través del fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del contralor general de la República, Edgardo Maya, quien cuestionó la financiación del posconflicto, al advertir que los dividendos de la paz no pueden verse amenazados por grupos criminales que copen territorios donde ya no hay presencia de las FARC.
“El gasto en seguridad y defensa nacional le cuesta al país 34 billones de pesos, por lo que la sociedad espera que, con 500.000 hombres, las fuerzas militares y de policía ocupen los territorios y ofrezcan las garantías para el disfrute de los derechos”, dijo Maya.
De acuerdo con el jurista, el panorama económico nacional ante la caída de los precios del petróleo, genera interrogantes sobre cómo se implementará lo acordado, y aunque destacó la importancia de la cooperación internacional, señaló que deben vigilarse estos recursos.
«Un estudio de Fedesarrollo dice que los costos de la implementación del acuerdo de paz en los próximos 20 años, o sea, para las próximos cinco presidentes de Colombia, costará $208 billones. Eso implica una vigilancia rigurosa, porque esos son recursos que serán invertidos en las regiones, en los territorios”, indicó.
La paz se hace en las regiones, no en el escritorio
Sin embargo, más allá de vigilar e invertir los recursos de los fondos de paz, el posconflicto requerirá generar economías dinámicas en los territorios, que replanteen los enfoques de desarrollo que sustentan la intervención del Estado.
Precisamente el profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, Jorge Iván Cuervo, centró su ponencia en la urgencia de visibilizar el rol de los departamentos y municipios, actualmente condicionado a las directrices de política definidas en el nivel central.
Según el docente, deben afrontarse problemas como la destrucción parcial o total de las infraestructuras locales, la reducción de la dinámica económica y la expansión de la economía informal, como los cultivos ilícitos o la minería ilegal.
Para lograrlo, mencionó el enfoque de la Recuperación Económica Local, REL, desarrollado en el sistema de Naciones Unidas, con el propósito de dinamizar la economía y generar oportunidades de empleo en zonas de conflicto como antesala de restablecer la normalidad en el funcionamiento del tejido productivo y de los circuitos comerciales.
De esta manera, asegura, se busca impulsa la economía local y la gestión de recursos locales generando alternativas económicas para la generación de empleo, y se contribuye a la consolidación de la participación de hombres y mujeres en el restablecimiento del tejido social, reduciendo los factores de riesgo para la reactivación del conflicto.
Al encuentro asistieron panelistas nacionales e internacionales, quienes abordaron ejes temáticos como territorio, paz y memoria: los lugares del conflicto en Colombia; el desarrollo local y justicia territorial como garantía de paz; la inversión pública para la paz y finanzas locales; el papel de lo local en el posconflicto y los impactos de los acuerdos de paz sobre el ordenamiento territorial colombiano.