El diálogo y la diferencia son centrales en el control constitucional
En el segundo día de nuestro Congreso Mundial de Derecho Constitucional, se llevó a cabo una profunda reflexión en la plenaria titulada: ‘Estado de Derecho: los tribunales como defensores o reformadores del constitucionalismo’.
Este espacio académico abordó la sostenibilidad de las cartas políticas y reactivó el debate sobre el verdadero papel que deben jugar las altas cortes y las(os) juezas(es) en las democracias contemporáneas, un asunto de vital importancia para el futuro institucional del planeta.
El panel contó con la participación de destacadas figuras del ámbito jurídico nacional e internacional, entre ellos Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional del Externado; Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional de Colombia; Angelika Nussberger y Andras Sajo, exjueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Nancy Hernández López, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Lucia da Luz Ribeiro, presidenta del Consejo Constitucional de Mozambique. Juntos analizaron cómo la cooperación entre tribunales supremos e internacionales ha fortalecido el Estado de derecho en las últimas tres décadas, a pesar de los crecientes desafíos a la independencia judicial.
Uno de los ejes centrales de la discusión giró en torno a la tensión contramayoritaria y la supuesta falta de legitimidad política que a veces se les atribuye a los jueces cuando resuelven problemas de alto impacto social. Durante las intervenciones se recordó la célebre frase del juez estadounidense Robert Jackson en 1953: “no tenemos la última palabra por ser infalibles, sino que somos infalibles solo por tener la última palabra”. Esta cita sirvió para poner el dedo en la llaga sobre un dilema incómodo para la justicia constitucional: que su autoridad no emana de poseer una verdad absoluta, sino de un diseño institucional creado para cerrar controversias.
Frente a este panorama, las(os) expertas(os) señalaron el peligro de que la legítima defensa de la Constitución termine confundiéndose con la infalibilidad, abriendo la puerta al denominado “gobierno de los jueces”.
La solución propuesta en la plenaria no radica en negar el poder vinculante de las cortes, sino en redefinir qué clase de ‘última palabra’ es verdaderamente compatible con una democracia. La conclusión de las(os) panelistas apuntó hacia una tesis renovadora: las sentencias no deben ser un muro infranqueable, sino un punto de llegada parcial y flexible que invite al diálogo social permanente.
Finalmente, los académicos coincidieron en que salvaguardar la democracia implica proteger una conversación abierta en la que ninguna mayoría jurídica o política pueda clausurar el debate de forma irreversible.
Actualmente la mayor contribución de los tribunales a la sociedad actual no es pretender una infalibilidad absoluta, sino asegurar el respeto a los límites institucionales para garantizar que siempre exista un mañana democrático en el cual corregir los errores.
