Del gasto al impacto, el análisis de la Contraloría de Bogotá sobre la fiscalización ambiental urbana
Con ocasión de sus 97 años, la Contraloría de Bogotá se reunió en la Universidad Externado para desarrollar el foro “Bogotá Sostenible: Hacia un Modelo de Control Fiscal Ambiental Urbano”. Este puso sobre la mesa la necesidad de transformar las auditorías públicas, pasando de la simple revisión de facturas a la medición de los efectos reales que produce la inversión ambiental.
La instalación del evento estuvo a cargo del rector del Externado, Hernando Parra Nieto, quien ofreció un diagnóstico sobre la brecha que existe en las instituciones colombianas al abordar la fiscalización ecológica en entornos urbanos. Parra Nieto explicó que Bogotá, al albergar a cerca de 8 millones de habitantes, genera una huella ecológica que depende de territorios mucho más extensos que su propia demarcación geográfica.
En su revisión, el rector cuestionó si los modelos tradicionales de auditoría están en capacidad de evaluar el gasto ambiental de una metrópoli. Recordó que el control clásico suele indagar sobre el apego al presupuesto, la corrección de los trámites o la ejecución contractual; aspectos que calificó de indispensables, pero insuficientes. En medio de este análisis, señaló que el dinero invertido en naturaleza exige medir el impacto real y responder si la arborización, la gestión de residuos o las obras hídricas generan mejoras efectivas o si solo desplazan los problemas a otros lugares.
“Creemos firmemente que la academia tiene la responsabilidad de acompañar a las instituciones de control en ese proceso de renovación metodológica, aportando rigor conceptual, experiencia comparada y la independencia intelectual que permite decir lo que las cosas son, aunque no siempre sea cómodo escucharlo”, afirmó el rector Parra.
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, analizó el proceso de transformación que ha vivido la entidad en casi un siglo de historia. Zuluaga explicó que el crecimiento acelerado de la ciudad, sumado a los nuevos sistemas de transporte, la ampliación de infraestructura y fenómenos como el cambio climático, modificaron de fondo la manera de administrar e invertir los fondos públicos. En ese contexto, sostuvo que la entidad ha tenido que reinventarse de forma constante para no quedarse atrás frente a una capital en continua evolución.
El contralor argumentó que la fiscalización contemporánea ya no puede concentrarse únicamente en verificar si un contrato existía o si los rubros se pagaron conforme a la ley. Aunque reconoció que la revisión de legalidad sigue siendo necesaria, insistió en que el cambio más profundo que impulsa la Contraloría consiste en evaluar la sostenibilidad y la huella que deja la institución en el territorio.
“Responder a los desafíos de una ciudad del siglo XXI no puede solo limitarse a preguntar cuánto se contrató, cuánto se pagó o si un recurso público fue ejecutado conforme al presupuesto. Si bien esas preguntas siguen siendo indispensables, hoy nos hacemos otras preguntas que antes no estaban en el panorama, como qué recursos estamos dejando para quienes vienen después y cuál es nuestro impacto como institución en el territorio”, dijo Zuluaga.
El espacio continuó con la intervención del exconsejero de Estado, Óscar Darío Amaya Navas, quien repasó la evolución del marco normativo ambiental. Amaya recordó que esta discusión coincide con los 35 años de la Constitución Política y de la llamada «Constitución Ecológica», un concepto acuñado en la jurisprudencia de 1992 que convirtió a Colombia en un referente regional imitado por otros países de América Latina.
Durante su exposición, Amaya destacó el papel pionero que ha tenido la Universidad Externado desde 1998 en el desarrollo del derecho constitucional ambiental. Coincidiendo con la postura del rector y del contralor, enfatizó que incorporar la dimensión ecológica en las auditorías implica hacer un giro analítico, adoptando una visión diferente que distancie el ejercicio fiscal de los moldes burocráticos tradicionales.
“La incorporación de la variable ambiental supone un paso adicional, supone una visión, una lectura diferente, como ponerse otras gafas distintas a las que tradicionalmente orientan el control fiscal”, señaló Amaya.
El panel de cierre estuvo centrado en las herramientas técnicas necesarias para hacer viable este nuevo enfoque. En su intervención, la auditora general de la República, María Anayme Barón Durán, planteó que la vigilancia fiscal debe superar el conteo de hallazgos o advertencias para enfocarse en el valor público ambiental, evaluando el retorno social, económico y ecológico de cada proyecto de infraestructura, agua o energía.
Barón Durán hizo hincapié en la necesidad de incorporar matrices de riesgo ambiental, análisis de datos, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica interoperables entre entidades. Asimismo, instó a revisar las líneas de base de impacto ambiental desde el inicio de cada contrato y llamó a mejorar la coordinación institucional entre el Ministerio de Ambiente, la ANLA, las autoridades locales y los entes de control para evitar la duplicidad de funciones.
“Tenemos que ir más allá y ver qué sucedió después de esas acciones de control, si realmente se evitó la afectación de un ecosistema, si se corrigió el proyecto antes de generar el daño”, puntualizó Barón.
Por último, la directora técnica de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Juliana Hurtado Rassi, analizó el choque estructural que existe entre los tiempos de la administración pública y los ritmos de la naturaleza. Hurtado explicó que la restauración de un bosque o el saneamiento de una cuenca hídrica son procesos que demandan años, mientras que los ciclos presupuestales y los trámites contractuales se rigen por vigencias anuales o períodos de gobierno acotados.
La funcionaria concluyó que para medir con rigor iniciativas como la reducción de la deforestación o la recuperación de conectividad ecosistémica, se requieren mecanismos de seguimiento de larga trayectoria. En su opinión, solo mediante un control capaz de acompañar estos procesos a lo largo del tiempo, sumado al monitoreo de trazabilidad forestal, será posible determinar si las inversiones estatales logran restaurar las áreas afectadas.
Para cerrar la jornada, el contralor Juan Camilo Zuluaga concluyó el encuentro agradeciendo la participación de las y los asistentes, y exaltando que este importante espacio de debate tuvo lugar en medio de la celebración del cumpleaños 97 de la Contraloría de Bogotá.
