Petróleo y transición energética: entrevista concedida para el Portal Energía Latam
Por: Dra. Ana Paola Gutiérrez (PhD) y Dr. Luis Bustos (PhD)
Docentes – Investigadores del Departamento de Derecho Minero – Energético
Universidad Externado de Colombia
Muchos catalogan a Colombia como un «país petrolero». De hecho, según el Observatorio de Complejidad Económica, en el 2020 el país exportó 7.460 millones de dólares de crudo de petróleo, ¿Cómo afectará la continuidad de este nivel de exportación en el Gobierno de Petro? o ¿se concentrará en otras fuentes económicas?
En nuestro concepto, Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Es un país rico en recursos naturales, entre ellos, el petróleo. Otro punto es la dependencia económica frente al petróleo, principalmente, por su generación de renta externa, contraprestaciones económicas por su explotación y ser uno de los productos tradicionales de exportación[1].
El gobierno entrante propone un reemplazo de fuentes de energía y fuentes económicas. En ese sentido, se ha comprometido con la seguridad jurídica frente a los contratos vigentes para buscar nuevas reservas de crudo, pero cesar la contratación de exploración de petróleo en el país.
Al bajar los niveles de exportación de crudo, existe el riesgo inminente de dejar de percibir el valor correspondiente a la tercera parte de las exportaciones que, en 2021 fueron cerca de 13.500 millones de dólares, sin contar, como lo señala la ACP[2] los ingresos que se dejaría de percibir producto de la exploración que, son cerca de 4.500 millones de dólares de 2022 a 2026 en aportes fiscales[3].
Sumado a lo anterior, de cara a la sustitución de fuentes de energía no puede desconocerse el riesgo en que no se de una transición segura y se afecte la seguridad energética por falta de capacidad de autoabastecimiento. En consecuencia, se debe seguir avanzando en una transición energética segura, paulatina e irreversible, pero sin desconocer la importancia de la coexistencia de fuentes para garantizar el abastecimiento y evitar sobrecostos que afecten la calidad de vida de los habitantes.
En el Gobierno de Duque se aprobaron dos proyectos piloto de Fracking, ¿Qué pasará con estas iniciativas y qué consecuencia tendrá el que sean prohibidas por el Gobierno entrante?
Frente a los dos proyectos uno tiene licencia ambiental, el piloto Kalé y el otro, el piloto Platero está en trámite la licencia, pero ninguno tiene operaciones activas. Se espera que los contratos que fueron firmados para los proyectos piloto de investigación integral se cumplan. Por su parte, Ecopetrol ha señalado que, cumplirán las obligaciones legales que se deriven de los contratos y licencias.
Se debe tener en cuenta el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado en donde a pocos días del cambio de Gobierno, se levantó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos que regulaban la actividad y resolvió la nulidad promovida en contra de los Decretos 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución No.90341 del 27 de marzo de 2014, en donde se establecen los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
En términos prácticos, la regulación sobre la actividad está vigente y generando efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Como consecuencia, los contratos y obligaciones firmadas que tienen soporte en estas normas estarían vigentes y se deberían ejecutar, incluyendo, como ya se mencionó, todos los compromisos y acciones concernientes con los pilotos.
Refiriéndonos a las consecuencias que se perciben frente a la prohibición, no solo son la pérdida de una oportunidad para aumentar reservas de gas y petróleo, sino de los ingresos propios de la actividad que tiene un peso importante dentro de la economía Nacional.
A futuro nos podremos encontrar con dos escenarios: el primero que, se deroguen los Decretos mencionados por parte del Gobierno entrante y se decida (no) expedir ninguna nueva reglamentación, lo que nos llevaría a un escenario en el que el país cuenta con una actividad económica lícita sin ningún tipo de reglamentación clara. La verdad, este escenario no es nada deseable ya que generaría periodos de indeterminación y zonas grises que no son convenientes para Colombia. Un segundo escenario consiste en derogar los decretos, pero, a diferencia de la anterior opción, instaurando una prohibición expresa de la actividad acompañada de una explicación de los pasos a seguir frente a las obligaciones y contratos ya firmados que tuvieron sustento en la reglamentación previamente subrayada y que incluiría una disposición frente a los pilotos.
En todo caso, para nosotros renunciar a la información que nos pude proveer los pilotos sería una renuncia al aporte que los mismos nos proveerían como fuente de información científica para la toma de decisiones de política pública.
El Presidente electo propone una transición con energías renovables, ¿Qué beneficios, o en su defecto, qué consecuencias tendrá esta decisión en la economía?
Colombia viene trabajando en acelerar la transición energética hacia fuentes más limpias, por ello, se destaca el papel del gas natural y los avances en la incorporación de fuentes de energía renovables no convencionales. En ese sentido, se destaca la importancia en seguir avanzando en la transición, pero debe hacerse un llamado a que sea una transición segura y justa, por lo que no debe desconocerse la experiencia de países que han tenido que revertir medidas frente a la transición ante el riesgo de desabastecimiento.
Sería deseable que los debates y diferencias que se presenten sobre estos temas se resuelvan por medio del poder legislativo, ofreciendo claridad a los inversionistas e integrando en el centro de las discusiones los análisis de tipo ambiental y social previo a la creación de reglamentos que desarrollan las normas provenientes del Congreso, principalmente en lo relacionado con el otorgamiento de licencias y firmas de contratos. Podemos decidir como país ser más parecidos en nuestra regulación aplicada a los recursos naturales a Costa Rica y menos parecidos al Estado de Texas, no obstante, debe ser parte de un proceso responsable y de un análisis integral de las barreras, oportunidades e impactos.
El Exministro de minas y energía Amylkar Acosta en sus clases en la Universidad Externado indica que son varios los factores para tener en cuenta en estos ejercicios y es un error el solo enmarcarnos en el aspecto ambiental, deberíamos aprender de la experiencia europea en donde por la fuerza de las circunstancias se viene repensando las políticas de transición energética en búsqueda de la reivindicación de aspectos como la seguridad nacional y la soberanía energética.
¿Cuál es la percepción que tiene el gremio sobre los planes de Gustavo Petro?
Apoyar la transición energética hacia fuentes de generación de energía más limpias a las tradicionales, la reducción de emisiones, pero haciendo un llamado a no desconocer la importancia de los hidrocarburos en Colombia.
En los últimos años el empresariado ha venido invirtiendo y prestando más atención a los estándares y aproximaciones que pueden ser aplicadas a los temas sociales y ambientales del sector, consideramos que seguirán esta misma línea a la hora de presentarse como una opción de apalancamiento para la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos.
Finalmente, todos estos debates se trabajarán y tendrán presentes de manera más detallada en nuestro XXII Congreso Nacional de Derecho de la Energía que se desarrollará a finales del mes de agosto.
[1] Banco de la República. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-151/la-industria-petrolera-en-colombia
[2] Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP)
[3] Portafolio. https://www.portafolio.co/elecciones-2022/petro-y-su-larga-polemica-frente-el-petroleo-566003