La responsabilidad fiscal debe asegurar la estabilidad económica y social del país
Los Departamentos de Derecho Administrativo, Civil y de Riesgos y Seguros de nuestra Casa de Estudios se unieron para desarrollar el 'I Congreso de Responsabilidad Fiscal', un espacio académico que generó diversas reflexiones sobre el papel fundamental de la estabilidad económica y social a largo plazo, en el sector público y privado.
Durante este congreso, expertas(os) y académicas(os) destacaron la importancia de implementar medidas que promuevan una gestión financiera responsable en ambos sectores. Se abordaron temas como la eficiencia en el uso de los recursos, la adecuada fiscalización de los procesos financieros y la importancia de políticas que fomenten la responsabilidad fiscal en todas las etapas de la toma de decisiones.
La decana de la Facultad de Derecho, Emilssen González de Cancino, explicó que la responsabilidad fiscal está determinada por un conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por entes de control, que determinan la responsabilidad de servidores públicos y particulares que, por acción u omisión, causen un daño patrimonial al Estado.
La jornada académica no solo resaltó la importancia fundamental de la estabilidad económica y social a largo plazo, sino que también se sumergió en la exploración de medidas concretas para fortalecer la responsabilidad fiscal en el país.
Temas como la eficiencia en el manejo de recursos, la fiscalización rigurosa de los procesos financieros y la implementación de políticas orientadas a la responsabilidad fiscal, fueron abordados con profundidad.
Diana Carolina Torres, contralora delegada de la Unidad Anticorrupción, afirmó que se debe fortalecer el control fiscal territorial en el país haciendo énfasis en temas como la ética y la moral, así como mejorar el funcionamiento de las contralorías territoriales.
“Las contralorías territoriales se ven ineficientes y el debate de corrupción es muy grande. Aquí es importante retomar que la corrupción es un tema de país que no solo se da en Colombia y que, principalmente, más que pensar en eliminar las contralorías territoriales, debería fortalecerse el acompañamiento en el control fiscal territorial, con temas enfocados en la ética, la moral, el honor del servidor público, es decir, la corrupción no debe ser el tema central de la Contraloría, sino una preocupación estatal que se debe trabajar”, concluyó.
El director del Departamento Derecho Constitucional y Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, Humberto Sierra Porto, presentó la conferencia ‘Control fiscal como derecho sancionatorio: el alcance del control de convencionalidad’, en la que mencionó que las sentencias de la CIDH operan como un catalizador positivo de transformaciones que no se darían en el Estado colombiano si no fuera por la presión internacional; y agregó que cuando el Estado colombiano es condenado por incumplir el catálogo de derechos humanos de la convención, se está dando a entender que no es capaz de proteger los derechos de su ciudadanía y por ende es necesario acudir a instancias internacionales.
Durante la conferencia ‘De las nulidades en el proceso de responsabilidad fiscal’, el profesor del departamento de Derecho Administrativo, Rafael Ostau de Lafont Pianeta, recordó que en un estado democrático, el uso y destino de los recursos públicos juega un papel trascendental en la misión que a la institucionalidad estatal le corresponde: el cumplimento y satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, y eso genera una premisa conclusiva indiscutible: “la necesidad de que el Estado ejerza un control permanente sobre aquellos sujetos e instituciones que tienen bajo su responsabilidad la decisión de disponer, en favor de la comunidad, de esos recursos y bienes públicos”.
Durante el segundo día de discusiones se analizaron los siguientes temas:
- Responsabilidad Fiscal y su relación con la Responsabilidad Civil.
- Los Seguros en la Responsabilidad Fiscal.
En este espacio las(os) expertas(os), estudiaron minuciosamente la responsabilidad fiscal y su alcance, desde el derecho administrativo, su relación con las categorías tradicionales de la responsabilidad civil, las particularidades procesales que en la práctica se evidencian y la relación de todas estas temáticas, con el sector asegurador y las distintas pólizas que se pueden ver involucradas en el debate.