La justicia colombiana frente a las formas «industriales» de violencia contra la mujer
Por:
Jonathan Castro
El Departamento de Derecho Civil de nuestra Casa de Estudios, por medio de su Grupo de Investigación en Derecho Privado, llevó a cabo un diálogo académico de alto nivel sobre diversos temas que hacen referencia a los tipos, mecanismos y modos de violencia contra la mujer y en qué está la jurisprudencia para superarlos.
En esta ocasión, la agenda se centró en una conversación con Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, cuyas investigaciones han sido determinantes para visibilizar las estructuras sistemáticas de opresión.
El encuentro fue liderado por la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, María Helena Luna Hernández, junto a la profesora externadista Natalia Rueda. Ambas expertas dirigieron la conversación hacia la utilidad práctica de los informes de la ONU en la resolución de casos de casación penal y civil, enfocándose en el abordaje judicial de la explotación sexual y reproductiva.
La jornada permitió analizar cómo los hallazgos documentados por la Relatoría, basados en voces de sobrevivientes y expertas, ofrecen una hoja de ruta crítica para comprender lo que se ha denominado formas «industriales» de violencia contra las mujeres.
La Relatora enfatizó que estas agresiones no son hechos aislados, señalando que «la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia persistente y sistemática que requiere una respuesta global coordinada y contundente».
De esta manera advirtió que «el funcionamiento de los sistemas de explotación se nutre de las brechas de justicia, donde la falta de una reparación integral perpetúa el ciclo de vulnerabilidad de las sobrevivientes».
El objetivo primordial de la reunión fue tender un puente entre estos desarrollos internacionales y la administración de justicia en la jurisdicción ordinaria colombiana, permitiendo que magistradas(os) y académicas(os) reflexionen sobre su aplicación local.
Durante el debate, se profundizó en los desafíos contemporáneos sobre el consentimiento, elementos que resultan determinantes para la toma de decisiones judiciales en el país y para evitar la impunidad en casos complejos. Al respecto, Alsalem ha sido clara al manifestar que «el consentimiento no puede ser analizado en el vacío; debe ser evaluado dentro de los contextos de coacción y desigualdad estructural que enfrentan las mujeres en todo el mundo».
La discusión concluyó que conceptos como la autonomía y la responsabilidad civil deben ser leídos bajo la lupa de los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando una justicia más humana y efectiva para la sociedad.
