Entrevista: Alejandro Ramelli
Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz
1. Según su experiencia, ¿Que considera usted que hace falta para lograr los objetivos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición?
A poco más de siete años de la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) considero que ya se han venido cumpliendo sus objetivos.
Así, por ejemplo, el 28 de junio de 2022, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) presentó su informe final titulado Hay futuro si hay verdad. Se trató de una investigación rigurosa, extensa, profunda, resultado de cuatro años de escucha comprometida con las víctimas, los actores sociales políticos y económicos, así como algunos de los responsables de un conflicto armado de más de cincuenta años. Su legado vino acompañado por un conjunto de conclusiones y recomendaciones encaminadas a servir como garantía de no repetición.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en tanto que organismo humanitario y extrajudicial, avanza asimismo en el cumplimiento de su mandato, previsto por un lapso de 20 años. Su tarea apunta a la búsqueda, identificación y entrega digna de un universo provisional de víctimas cercano a las 127.000 personas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, viene cumpliendo estrictamente con su misionalidad, en el sentido de investigar, acusar y sancionar (accountability) a los máximos responsables, por la comisión de los crímenes más graves y representativos, perpetrados en el contexto del conflicto armado colombiano, con antelación al 1 de diciembre de 2016. A la fecha, 233 máximos responsables, entre miembros de las antiguas FARC e integrantes de la fuerza pública, han aceptado cargos en la vía judicial restaurativa, en tanto que el primer juicio adversarial está terminando.
Al mismo tiempo, la JEP avanza en brindarle seguridad jurídica a quienes no tuvieron una participación determinante en la guerra (no máximos responsables), habiendo conferido más de 800 amnistías a exintegrantes de las FARC, al igual que 148 renuncias condicionadas a la persecución penal a favor de miembros de la fuerza pública.
En cuanto a los faltantes, en el curso del segundo semestre del presente año se espera que sean proferidas las primeras sentencias por el Tribunal para la Paz, en los macrocasos 01 (toma de rehenes y otros crímenes concurrentes), y en el subcaso Costa Caribe (asesinatos seguidos de desapariciones forzadas por agentes estatales); que en los siguientes dos años se cierren todos los macrocasos; y que se le termine de resolver la situación jurídica a los no máximos responsables.
2. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado a través de su trayectoria como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Son varios los retos que he debido enfrentar en mi calidad de presidente de la JEP. Citaré dos:
En primer lugar, afinar el alistamiento institucional necesario para la expedición de las primeras sentencias transicionales ha demandado la creación y puesta en marcha de un verdadero sistema restaurativo, rompiendo así la lógica tradicional de actuación de un juez ordinario. En efecto, desde una perspectiva clásica, los jueces se limitan a expedir sus fallos, sin adelantar análisis alguno sobre la viabilidad del cumplimiento del mismo, en términos de presupuestos, proyectos, aceptación de las víctimas y capacidades de los responsables.
A comienzos de la presente anualidad el Órgano de Gobierno de la JEP, a instancia de la Presidencia, aprobó el Acuerdo 06 de 2025, “Por medio del cual se adoptan lineamientos para el desarrollo de la ruta de articulación interna de iniciativas, planes, programas y proyectos restaurativos”, destinado a identificar aquellas iniciativas de las víctimas y los comparecientes, que tuvieran verdadera vocación restaurativa (v.gr. programa de desminado humanitario en una localidad específica, búsqueda de desaparecidos en un determinado cementerio, etcétera).
En paralelo y como complemento de lo anterior, el pasado 30 de abril, la Instancia de Articulación, integrada por la JEP y diversas instancias gubernamentales, aprobó el Acuerdo 02 de 2025 destinado a identificar la oferta institucional disponible para ser incorporada en las respectivas sentencias de la JEP. De esta forma quedó completamente conformada la ruta que se debe seguir desde las propuestas de las víctimas hasta la estructuración y puesta en marcha del respectivo proyecto restaurativo.
En segundo lugar, un reto mayúsculo consiste en avanzar y cerrar, en el mediano plazo, los once (11) macrocasos aperturados por la JEP. Para tales efectos, mediante el Acuerdo 02 de 2025 del Acuerdo de Gobierno se crearon unos grupos especiales de trabajo entre la Magistratura y la JEP, destinados a impartirle la mayor celeridad posible a las investigaciones,
3. ¿Cuál considera usted que es el mayor logro alcanzado por la JEP hasta el momento?
A lo largo de estos siete (7) años, la JEP ha develado unas verdades muy importantes que el país desconocía por completo. Citaré algunas: (i) La comisión de, al menos, 6402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate; (ii) El empleo de cementerios municipales para encubrir desaparición de víctimas de ejecuciones extrajudiciales (v.gr. Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, así como los cementerios de Ituango, Carepa, El Copey, San Juan del Cesar, entre otros); (iii) El reclutamiento forzado de, por lo menos, 18.000 menores de edad por parte de las extintas FARC-EP; (iv) La existencia de múltiples prácticas de violencias basadas en género en las filas de las extintas FARC; (v) La existencia de patrones macrocriminales que evidencian los ataques cometidos por las antiguas FARC contra comunidades afrocolombianas y étnicas; y (vi) La presencia de cuerpos de personas desaparecidas en La Escombrera (Medellín).
De igual manera, la JEP ha logrado reconstruir los diversos bloques que integraron las antiguas FARC-EP, lo cual ha permitido imputar a mandos medios jamás investigados por la justicia ordinaria. Al mismo tiempo, en el macrocaso 03, la JEP ha imputado a 17 generales de la República, dos de los cuales ya aceptaron cargos.
De tal suerte que la JEP ha logrado superar, con creces, el “umbral de verdad” de la justicia ordinaria, tanto en materia de reconstrucción de patrones macrocriminales como en el esclarecimiento de casos concretos.
Por último, en materia de medidas cautelares restaurativas, la JEP ha logrado la identificación y entrega de más de 100 víctimas de desaparición forzada, así como la aprobación de los siguientes documentos: (i) Protocolo de entregas dignas; (ii) Protocolo Arqueológico Forense para el Apoyo de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con Enfoque Diferencial, Étnico y de Género; (iii) Lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte; (iv) Plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique; (v) Guía de abordaje forense de osarios; (vi) Lineamientos para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega culturalmente pertinente; (vii) Estándares para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas; y (viii) Plan Estratégico Integral del INMLCF.
4. ¿Cómo se articula la JEP con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas?
La articulación con la CEV se dio mediante la remisión a esta de todas las versiones voluntarias practicadas por la JEP. Al mismo tiempo, varios comparecientes, ante el caso 03, decidieron aportar sus verdades ante aquella. De igual manera, una vez rendido el informe final, la justicia transicional ha tomado en consideración los hallazgos y las conclusiones de la CEV en sus investigaciones.
Por otra parte, la articulación entre la JEP y la UBPD se ha venido dando en el contexto de la implementación de las medidas cautelares restaurativas.
5. ¿Qué mensaje le daría a las víctimas y a los sectores que aún desconfían del sistema?
Mi mensaje es de mantener la esperanza en la institucionalidad transicional. A la fecha, ante la JEP se han acreditado 11421 víctimas individuales y 365 sujetos colectivos (los cuales agrupan a más de 400.000 personas), lo cual constituye un voto de confianza en la justicia transicional. La entrega de cerca de 900 informes de la sociedad civil refuerza esta afirmación.
Seguimos avanzando en nuestras investigaciones, desenterrando las verdades en los cementerios y dándole resultados concretos al país.
6. ¿Considera que es importante abordar temas sobre justicia transicional en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional?
Los vínculos entre la justicia transicional y el derecho constitucional son cada vez más estrechos. En el caso colombiano, el proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC-EP llevó a la expedición de tres (3) reformas constitucionales: (i) el Acto Legislativo 01 de 2012 (Marco Jurídico para la Paz); (ii) el Acto Legislativo 01 de 2016 (medidas de celeridad a la implementación y estabilidad jurídica del Acuerdo Final); y (iii) el Acto Legislativo 01 de 2017 (creación del SIVJRNR).
Al mismo tiempo, la puesta en marcha de un sistema restaurativo para la investigación y sanción de crímenes internacionales plantea diversos dilemas constitucionales, relacionados con temas tales como: (i) derechos fundamentales de las víctimas; (ii) garantías procesales de los comparecientes; (iii) diseño de garantías de no repetición; entre muchos otros.
7. ¿A través de qué temas considera usted que se relacionan la JEP con el Congreso Mundial de Derecho Constitucional?
El trabajo de la JEP guarda una estrecha relación con la realización del Congreso Mundial de Derecho Constitucional. En efecto, la puesta en marcha de un modelo de justicia transicional restaurativo no está exento de análisis, balances y críticas por parte de los especialistas en derecho constitucional. Sin duda, durante años, el tema de la guerra concentró la atención de los iuspublicistas en Colombia, mediante el examen de los poderes del Presidente de la República bajo un estado de excepción. Ahora, es hora de hacer lo propio con los desafíos que plantea un escenario de posacuerdo de paz, en un país que continúa afectado por los efectos del conflicto armado interno.
