En el Externado se realizó la presentación del CONPES de Política De Gobernanza Normativa y se dialogó sobre política de mejora regulatoria
La Universidad Externado de Colombia fue sede de la segunda sesión de 2026 de la Comunidad de Buenas Prácticas Regulatorias, un espacio impulsado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información de esta universidad, bajo el título "Arquitectura de la gobernanza regulatoria: coordinación efectiva para un Estado coherente".
Por: Jaider Jael Morales Torres – Asistente de Investigación del Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información.
El encuentro, que hace parte de las acciones previstas en el objetivo cuatro del CONPES 4208 de 2026 de gobernanza normativa, reunió a representantes del Gobierno nacional, la academia, el sector privado y organismos internacionales para discutir los avances y los retos de la política de mejora regulatoria en Colombia entre 2026 y 2033.
La apertura estuvo a cargo de Viviana Morán Castañeda del DNP, y de Sandra Ortiz Laverde, directora del Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información del Externado, quienes destacaron que esta comunidad ya es una realidad institucional que acompañará al país durante los próximos años, en línea con el compromiso del Ejecutivo con la simplificación del Estado y la responsabilidad fiscal.
La primera conferencia estuvo a cargo de Estefanía Duque, asesora del equipo de normativa del DNP, quien presentó el CONPES 4208 de 2026, política de Estado con horizonte a 2033 que contempla cuatro objetivos estratégicos, 59 acciones a cargo de diez entidades del orden nacional y un presupuesto indicativo superior a los 10.600 millones de pesos. Duque explicó que el diagnóstico identificó cuatro causas de la baja calidad normativa del país: una participación ciudadana sin incidencia real —solo el 22% de los procesos consultivos genera retroalimentación trazable y el 47% de las entidades reconoce no responder los comentarios recibidos—, decisiones sin suficiente evidencia, una gobernanza fragmentada entre entidades y capacidades desiguales entre la Nación y el territorio. «La producción normativa es una plataforma para el desarrollo», afirmó, y precisó que este nuevo CONPES es complementario al decreto 385 de 2026, que hizo obligatorio el ciclo de gobernanza regulatoria para las entidades del orden nacional.
A continuación, Hernando Castro Palma, investigador asociado del Stockholm Environment Institute, ofreció una mirada técnica sobre la arquitectura de la gobernanza regulatoria en Colombia, desde el CONPES 3816 de 2014 hasta el decreto 385 de 2026, que reactivó la Comisión Intersectorial para la Mejora Normativa y consolidó un ciclo de siete etapas: agenda, memoria justificativa, análisis de impacto normativo, redacción, consulta pública, revisión y evaluación. Castro subrayó que, aunque el país ya cuenta con las herramientas, las instituciones y las competencias, persisten retos culturales: «hoy se ve como un obstáculo tener que publicar por 15 días algo que quieren que salga ya (…) y no como una oportunidad de beneficiar a la ciudadanía», señaló, y planteó interrogantes sobre cómo garantizar una participación efectiva frente a fenómenos como el uso de inteligencia artificial para replicar comentarios en las consultas públicas.
Desde Perú, y de manera virtual, Karina Montes Tapia, exfuncionaria de Indecopi y experta en mejora regulatoria, aportó una visión regional. Advirtió que el análisis de impacto normativo no puede convertirse en un simple requisito documental e invitó a robustecer otras herramientas menos visibles, como la fiscalización y la evaluación ex post. Recordó también que la OCDE mide hoy la calidad regulatoria a partir de cuatro dimensiones: las personas, el planeta, el futuro y la efectividad.
El panel central, moderado por la consultora Paola Bonilla, reunió a Zulma Rojas Suárez (Distrito capital), Julián López (Nalanda Analytica) y Mauricio López (Andesco) para conversar sobre los avances, las brechas y el futuro de la gobernanza regulatoria. Los panelistas coincidieron en que el país ha ganado capacidades desde 2014, pero persiste una brecha entre la implementación nacional y la territorial, explicada por asimetrías de capacidad, falta de incentivos y una cultura que aún concibe la norma como el único instrumento de política pública. Como recomendaciones de cierre, propusieron avanzar en esquemas de experimentación regulatoria, eliminar la excepción que exime a las comisiones de regulación de estos ejercicios y aplicar la política de forma gradual y diferenciada en los territorios.
Posteriormente Manuel Gerardo Flores, coordinador de la división de mejora regulatoria para América Latina de la OCDE, y María Jimena Padilla, líder de mejora normativa del DNP, recordaron que Colombia cumplió este año la totalidad de los diez compromisos adquiridos con la OCDE en materia de consulta regulatoria, análisis de impacto normativo y gobernanza de reguladores. Manuel Gerardo Flores insistió en la necesidad de un respaldo político de alto nivel y de aplicar criterios de proporcionalidad —citó el caso de México, donde solo 300 de miles de actos normativos requieren un análisis de impacto profundo— para que la política sea sostenible.
En palabra de Sandra Ortiz Laverde, la jornada dejó claro que la gobernanza regulatoria en Colombia ha dejado de ser un asunto exclusivamente jurídico para convertirse en una política de Estado de largo plazo, que exige coordinación entre niveles de gobierno, evidencia técnica y una participación ciudadana con incidencia real. La Comunidad de Buenas Prácticas Regulatorias tendrá su tercera sesión en noviembre de 2026.
