Un balance a diez años del Acuerdo de Paz
El pasado jueves 16 de julio se llevó a cabo la tercera sesión del Congreso Internacional "10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad". El evento, liderado por la Contraloría General de la República, tuvo como escenario la Universidad Externado de Colombia y se consolidó como un espacio crucial para evaluar los logros, deudas y desafíos de la implementación del acuerdo desde una perspectiva estrictamente institucional y de control.
La apertura académica estuvo a cargo de Andréz González, director del Centro de Paz y Seguridad del Externado, quien recordó la importancia de la independencia judicial y el rigor democrático para garantizar el Estado de derecho en esta transición. Al dar la bienvenida, González enfatizó la naturaleza de largo aliento del acuerdo, señalando que «todo proceso de paz es un proceso, un proceso histórico que requiere aproximarse a él y trabajar con perseverancia».
El núcleo del debate fiscal lo introdujo Carlos Enrique Silgado, contralor general de la República (e), quien expuso una radiografía financiera precisa basada en el mandato de control de la entidad. Reveló que entre 2017 y el primer trimestre de 2025 se ejecutaron 107.4 billones de pesos (el 53 % de lo estimado a 15 años); sin embargo, advirtió sobre la enorme brecha entre el gasto y el impacto real: «Esta diferencia, señores, no es solamente contable, es la distancia entre los recursos registrados en los sistemas presupuestales y las transformaciones que todavía esperan las comunidades en los territorios».
Por su parte, Jenny Elizabeth Lindo, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas y moderadora del primer panel, aportó una mirada reflexiva al contrastar la rigidez de las cifras con las aspiraciones nacionales a través de la poesía. Al instalar la mesa de diálogo con las altas cortes, Lindo vinculó la coyuntura con la expectativa histórica del país, afirmando: «A mí me parece realmente súbitamente un sueño el hecho que hoy estemos hablando de un sueño postergado de la República de Colombia, la justicia y la paz».
Finalmente, la perspectiva del poder judicial la aportó Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado, quien subrayó que la implementación del acuerdo trasciende a los gobiernos de turno debido a su blindaje constitucional. Montaña hizo un llamado a la corresponsabilidad de todos los poderes públicos, aclarando que «a veces pareciera que se entendiera que la implementación del acuerdo depende de la voluntad del Ejecutivo y no del Estado en general», comprometiendo así a jueces y órganos de control en su estricto cumplimiento.
El encuentro dejó claro que, si bien el esfuerzo fiscal ha alcanzado máximos históricos —como los 19.2 billones de pesos ejecutados en 2024—, el verdadero reto actual no radica en la apropiación de fondos, sino en la capacidad del Estado para traducir esos recursos en resultados verificables y transformaciones tangibles para la población.
