¿La Corrupción es inherente a la cultura colombiana?

La corrupción es un asunto que constantemente se está discutiendo en prácticamente todas las esferas del país. Medios de comunicación, políticos, entidades de control, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, denuncian casi que diariamente un acto de corrupción, pero, ¿qué es realmente la corrupción? ¿cuáles son sus implicaciones para los colombianos? ¿por qué hay corrupción en Colombia? ¿cómo mitigarla?

Para esta edición de FIGRI en Contexto, consultamos a Carolina Isaza, docente FIGRI e investigadora del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales –CIPE, experta en temas de Transparencia y Corrupción y, editora del primer tomo de la más reciente publicación de la colección “Así habla el Externado” sobre Corrupción.

Aunque es un concepto al que constantemente estamos expuestos y que aparece en medios de comunicación, redes sociales y conversaciones informales con bastante frecuencia, es importante aclarar que, la corrupción se define como como el abuso de un poder otorgado (puede ser público o privado) para el beneficio privado. Adicionalmente, este abuso de poder implica deshonestidad, clandestinidad y la ganancia de unos pocos en detrimento de muchos. En Colombia, como en muchos otros países y sociedades, la corrupción se ha expresado de distintas maneras en diferentes instancias de la sociedad. En efecto, tras investigaciones realizadas, resulta claro que la corrupción impacta a distintas esferas de nuestra sociedad.

En este sentido, Isaza señala que uno de los hallazgos realizados por los tomos publicados identificó que, según el análisis de prensa, son la corrupción en la contratación, en la justicia, peculado, corrupción electoral, en el sector privado y clientelismo, las modalidades de corrupción que más afectan a los ciudadanos en Colombia, pero, según las sanciones, son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. No obstante, la investigadora recalca que la corrupción electoral tiene los efectos más profundos porque desvía la voluntad popular y afecta la democracia.

Así las cosas, la investigación presentada demuestra como la corrupción tiene costos económicos altos (sobre el desarrollo y la eficiencia económica, entre otros), costos sociales inadmisibles (sobre la entrega y calidad de bienes y servicios públicos, el acceso igualitario al Estado, la pobreza y la equidad, la confianza en los demás y el capital social) y costos políticos también muy graves (sobre la legitimidad del Estado y de la democracia, la toma de decisiones públicas en pro del interés general y la confianza en las instituciones). De hecho, entre 2009 y 2016 hubo en total 3.966 casos de corrupción registrados en el sistema penal acusatorio y 326 sanciones disciplinarias relacionadas con corrupción.

Ante este escenario, valdría la pena preguntarnos si Colombia es un país particularmente corrupto o si sus ciudadanos inciden en estas prácticas “por naturaleza”. Aunque, la investigadora afirma que hay ciertos factores de orden cultural e institucional que pueden incidir en la toma de decisiones éticas de las personas, no considera que sea acertado afirmar que existe una “naturaleza corrupta” en Colombia, entre otras cosas porque una parte importante de la población no incurre en este tipo de comportamientos.

Ahora bien, Isaza señala que el diseño institucional actual puede favorecer este tipo de prácticas pues hace pensar que los corruptos están por encima de la ley. Esta situación puede conducir a una especie de trampa social, en la que las personas sienten que el sistema “les obliga a ser corruptas”. Adicional a esto, la investigadora comenta que el diseño institucional actual permite una excesiva injerencia de los partidos políticos en la administración pública, más allá de la “mermelada” o los cupos indicativos, sino más bien en nombramientos de cargos públicos que deberían ser de carrera y por mérito.

En consecuencia, mitigar la corrupción es un asunto que compete tanto a la administración pública como a los ciudadanos. Ciertamente, el Estado tiene la responsabilidad principal, en la medida en que debe modificar normas e instituciones, teniendo en cuenta que en países donde la corrupción es sistémica es poco probable que pequeños mecanismos institucionales puedan conducir a una mejor gobernanza. Por ejemplo, aunque Colombia ha adoptado medidas como aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, reducir los trámites, organizar los mecanismos de investigación y sanción, tipificar delitos y recuperar dineros apropiados de manera indebida, mapas de riesgos, planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías, no hay evidencia de que nada de esto haya ayudado efectivamente.

No obstante, también es cierto que, para mitigar esta problemática, la sociedad debe cambiar comportamientos y reducir la tolerancia a la corrupción, que es muy alta; sobre todo, a la pequeña, invisible, de todos los días, resalta la experta.